SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2223/2013

De la documentación que informa los antecedentes del expediente, se establece que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Julio Tarqui Tarqui a instancia de Ramón Guarachi Colque por el delito de “despojo”, el Juzgado Séptimo de Instrucción Liquidador del departamento de La Paz, dictó la Resolución “23/2004”, que dispuso sentencia condenatoria contra Julio Tarqui e Isabel Soto de Tarqui; ante esta circunstancia interpusieron el recurso de casación, misma que mediante Resolución 08/2011, fue declarada improcedente por la Sala Penal Segunda, conforme se tiene evidenciado en las Conclusiones II.1. de esta presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

En ese contexto, la accionante sustenta su pedido en el hecho principal de que el accionante estaría siendo indebidamente perseguido, debido a que el Mandamiento de condena emitido por la autoridad demandada, es contra Julio Tarqui Tarqui y accionante lleva sólo el nombre de “Julio Tarqui”, aspecto que considera fue una omisión de la autoridad jurisdiccional.

Ahora bien, se alega que hubo una omisión por la autoridad jurisdiccional al no individualizar y precisar al imputado conforme establece el art. 302 inc. 1) del CPP, y también este aspecto pretende ser utilizado para evitar que se ejecute dicho mandamiento; sin embargo, este Tribunal no puede ingresar a dilucidar o esclarecer la identidad del procesado o condenado, en este caso del representado Julio Tarqui, por el contrario corresponde ser examinado este tema dentro el proceso principal, dado que compete únicamente a la jurisdicción ordinaria determinar la identidad de una persona, para ello realizara una valoración de la prueba que pudiera aportarse; en ese sentido, dicha labor no compete a ésta jurisdicción, por su naturaleza jurídica y finalidad específica, por cuanto la acción de libertad es un mecanismo constitucional por el que la Norma Suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento y privación de libertad.

Consiguientemente, corresponde a la representante del accionante recurrir a la jurisdicción ordinara para el esclarecimiento de la identidad en el mandamiento de condena que emitió la autoridad demandada; por cuanto, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a  considerar o esclarecer la identidad de una persona, conforme establece la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico 3.III de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siendo inviable su consideración mediante la presente acción de defensa, se deniega la tutela impetrada.