AUTO CONSTITUCIONAL 0033/2013-RCA

         Por otra parte los accionantes alegan que, el Comité Electoral Institucional modificó los requisitos establecidos en el Reglamento de Elecciones de Autoridades Universitarias 27/2010, incorporando otros en las convocatorias; así también, la instancia superior del Consejo Universitario, no cumplió con el citado Reglamento y no haber aplicado medidas correctivas para anular dichas convocatorias y por ende el acto plebiscitario, lo que les imposibilitó a participar en las elecciones vulnerando su derechos al trabajo, al ejercicio profesional, a ostentar y utilizar sus diplomas académicos de licenciados y la garantía al “…debido proceso en su componente de la seguridad jurídica…”(sic).

         Conforme al análisis del caso, si bien los accionantes alegan como presuntamente vulneradas las garantías del debido proceso y la “seguridad jurídica”, igualmente señalan derechos constitucionales que fueron supuestamente transgredidos por las convocatorias realizadas por el Comité de Electoral Institucional y por el acto eleccionario llevado a cabo acorde a la última convocatoria, por lo que realizaron una explicaron comprensible de la relación existente entre los hechos y los derechos supuestamente transgredidos.

         Asimismo, de la revisión de obrados se evidencia que, los accionantes al tener conocimiento de la tercera convocatoria de 7 de noviembre de 2012, impugnaron la misma ante las autoridades accionadas el 14, 16, 19, 20, 22 y 23 del mismo mes y año, nota que fue contestada por el Rector de la Universidad el 29 del mismo mes y año y reenviada al Comité Electoral Institucional y al Secretario General de la UTO en la misma fecha;  igualmente, se advierte que se dictó la Resolución Rectoral 615/12, que resolvió designar como autoridades electas de la Facultad Técnica a los docentes elegidos, lo que demuestra la inexistencia de actos consentidos, causal de improcedencia contemplada en el art. 53.3 del CPCo.