AUTO CONSTITUCIONAL 0054/2013-CA

De la revisión del recurso y la documentación adjunta, se advierte que previa denuncia de Esther Julieta Gamarra Zapata, la Jefatura Departamental del Trabajo emitió Memorándum              “J.D.T.L.P./FJLC/Nº 006/2011”, por el que instruyó a la CNS, la reposición del sueldo a su favor, advirtiendo que de continuar con la rebaja salarial se incurrirá en “retiro indirecto”, memorándum que fue impugnado mediante el recurso de revocatoria por la Administración Regional de la CNS de la ciudad de La Paz, siendo resuelto el Recurso por RA 006/12, determinando “dejar sin efecto la Instructiva J.D.T.L.P./FJLC/Nº 006/2011”. Resolución que es evidentemente favorable para la CNS.

Posteriormente, dentro del recurso jerárquico planteado por Esther Julieta Gamarra Zapata, se dictó RM 342/12 de 30 de mayo de 2012, a través de la cual el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, revocó la             RA 006/12, declarando que corresponde a favor de Esther Julieta Gamarra Zapata el pago de beneficios sociales, por lo que la CNA planteó el recurso directo de nulidad que se analiza, solicitando que la RM 342/2012 sea declarada nula. Sin embargo, se advierte que en actuaciones anteriores, el recurrente por la CNS, no observó la competencia del Ministerio del Trabajo.

De lo anteriormente desarrollado, se evidencia que el accionante busca la nulidad de la Resolución Ministerial antes mencionado, alegando que fue dictada usurpando funciones y ejercicio de competencia que no emana de la ley; más propiamente una supuesta incompetencia de la autoridad demandada, cuando el recurso directo de nulidad tiene características especiales y un ámbito de protección diferente al de la acción de amparo constitucional. El art. 122 de la Ley Fundamental, dispone que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”. En este marco legal, es evidente que el cuestionamiento a las actuaciones de autoridades jurisdiccionales o administrativas tiene la finalidad de proteger el derecho al debido proceso en su elemento al juez natural competente, de modo que corresponde ser dilucidado a través de la acción tutelar del amparo.