SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0785/2013

El accionante a través de su representado alega que la autoridad jurisdiccional demandada lesionó sus derechos a la libertad y al debido proceso ya que la autoridad judicial no obró con celeridad en la tramitación de la solicitud de aplicación de criterio de oportunidad reglada; ni en la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo del proceso.

Al respecto, de la mencionada línea jurisprudencial queda en evidencia que la situación de privación de libertad del accionante, emerge de la Resolución de 5 de julio de 2009, que dispuso la aplicación de medida cautelar de detención preventiva contra el accionante. Por ende la causa de privación de libertad radica esencialmente en ese actuado procesal y no a la falta de pronunciamiento referido, tampoco a la solicitud de criterio de oportunidad ni a la falta de pronunciamiento de la solicitud de extinción de la acción penal, si bien son aspectos que podrían definir la situación procesal del imputado y en cierta medida determinar que éste sea puesto en libertad, no son per sé, las causales por las que éste se encuentra privado de libertad, pues como se dijo en el Fundamento Jurídico anterior la causa debe ser directa y no indirecta.

En el caso de autos el accionante mediante su representante razona que procede la tutela de acción de libertad por pronto despacho, ante la ausencia de pronunciamiento de la autoridad demandada; sin embargo, los pronunciamientos exigidos no se encuentran en situación de vinculación directa con la privación de libertad y por ende su consideración material y procesal corresponderá a las autoridades llamadas por el ordenamiento jurídico y en su defecto a la vía tutelar de la acción de amparo constitucional. De lo mencionado, se tiene que corresponde denegar la tutela impetrada por el accionante por no adecuarse a los presupuestos de activación de la acción de libertad.