SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0952/2013-L
Fecha: 26-Ago-2013
Fragmento 2
Ingrid Fátima Rodríguez Flores, Fiscal de Materia de La Paz, presentó informe oral en audiencia, cursante de fs. 29 a 31, en los siguientes términos: El 5 de mayo de 2011, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, representado por Edgar Patana Ticona -Alcalde Municipal- presentó querella contra el accionante y otros por lo que se dio conocimiento del inicio de investigaciones al Juez contralor de garantías, luego de haber sido conocido el caso por el Fiscal Dorian Jiménez Camacho se volvió asignar el caso a su autoridad, por lo que se apersonó al juzgado el 15 de julio de 2011, librando la primera citación para el 26 del mismo mes y año, para que el accionante preste su declaración informativa, presentando la primera recusación el 25 del citado mes y año, siendo desestimada -por su autoridad-; posteriormente, mediante Resolución 451/2011, la Fiscal de Distrito desestimó la recusación planteada, habiendo sido notificada con esta disposición el 3 de octubre de 2011, la tercera recusación que presentó el accionante fue el 30 de septiembre de 2011, por la causal del art. 72.6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público abrogada (LOMPabrg), por supuestamente existir enemistad con el accionante, desestimando de la misma forma la recusación mediante la Resolución 593/2011, notificando con esta Resolución el 1 de noviembre de 2011; sin embargo, presentó una cuarta recusación el 4 del mencionado mes y año, misma que también fue desestimada; posteriormente fue de su conocimiento mediante memorial presentado por el accionante que fue recusada, empero, no se adjuntó ninguna resolución que determine esa situación, a lo que dispuso que conocería esa situación por conducto regular, no habiendo sido notificada hasta la fecha de la audiencia tutelar.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 2
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica y ámbito de protección de la acción de libertad
- III.2.
- el Juez de Instrucción tiene la atribución de ejercer control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación respecto a la Fiscalía y a la Policía Nacional, por tal razón, la misma norma legal en sus arts. 289 y 298 in fine obliga al fiscal a dar aviso al juez cautelar sobre el inicio de la investigación dentro de las veinticuatro horas de iniciada la misma; pues es la autoridad judicial encargada de precautelar que la fase de la investigación se desarrolle en correspondencia con el sistema de garantías reconocido por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las normas del Código de Procedimiento Penal; por ello, toda persona involucrada en una investigación que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, entre las cuales el derecho a la libertad debe acudir ante esa autoridad'.
- '…todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos'.
- De donde se infiere que, las actuaciones policiales o fiscales que se consideren irregulares, deben ser denunciadas ante el juez cautelar, y sólo cuando la lesión al derecho a la libertad no hubiera sido reparada por dicha autoridad, recién será posible acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad”
- En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación”
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR