SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0952/2013-L
Fecha: 26-Ago-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Al tener una denuncia presentada por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal El Alto, por la presunta comisión de “delitos de acción pública” (sic), la investigación se encontraba a cargo de la Fiscal de Materia Ingrid Fátima Rodríguez Flores -ahora demandada-; posteriormente, el accionante planteó recusación contra la mencionada Fiscal, el 6 de diciembre de 2011, ante el Fiscal de Distrito -ahora Departamental- de La Paz, consecuentemente hizo conocer a la autoridad demandada sobre dicho actuado -mediante memorial y copia de la recusación- el mismo día a horas 15:40, por lo que la nombrada tuvo conocimiento de la recusación presentada en su contra.
Sin esperar la resolución correspondiente, el 7 de diciembre de 2011, la Fiscal de Materia demandada, emitió citación en su contra para que se presente a prestar su declaración informativa el 9 del mismo mes y año, por lo cual el 7 del señalado mes y año, a horas 16:30 se realizó un operativo policial en su domicilio, donde se constituyeron patrullas y vehículos particulares, a efectos de dar cumplimiento a la orden emitida por la autoridad fiscal demandada, lo que se constituyó en un acto de persecución ilegal e indebida, por cuanto no podía ser perseguido con sus actuaciones hasta que no sea resuelta la recusación planteada.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 2
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica y ámbito de protección de la acción de libertad
- III.2.
- el Juez de Instrucción tiene la atribución de ejercer control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación respecto a la Fiscalía y a la Policía Nacional, por tal razón, la misma norma legal en sus arts. 289 y 298 in fine obliga al fiscal a dar aviso al juez cautelar sobre el inicio de la investigación dentro de las veinticuatro horas de iniciada la misma; pues es la autoridad judicial encargada de precautelar que la fase de la investigación se desarrolle en correspondencia con el sistema de garantías reconocido por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las normas del Código de Procedimiento Penal; por ello, toda persona involucrada en una investigación que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, entre las cuales el derecho a la libertad debe acudir ante esa autoridad'.
- '…todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos'.
- De donde se infiere que, las actuaciones policiales o fiscales que se consideren irregulares, deben ser denunciadas ante el juez cautelar, y sólo cuando la lesión al derecho a la libertad no hubiera sido reparada por dicha autoridad, recién será posible acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad”
- En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación”
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR