SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0999/2013-L
Fecha: 28-Ago-2013
III.3. Análisis del caso concreto
Del análisis de los antecedentes de la presente acción se constató que, el informe médico emitido el 21 de noviembre de 2011, por el médico de Régimen Penitenciario refiere entre otras cosas que la accionante: "(…) se encuentra regular y en buen estado general, consciente y orientada, con signos vitales estables".
Como quedó establecido en la SCP 2468/2012 desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el derecho a la vida constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano y por ende su protección es prioritaria por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos, por lo cual su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que se puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional, motivo por el cual ingresaremos al análisis de fondo de la problemática planteada.
En el presente caso, la accionante por intermedio de su representante manifestó que a través del informe médico del Régimen Penitenciario acreditó que al margen de adolecer cardiopatías y requerir tratamiento urgente, tenía una hernia abdominal que debía ser extirpada, por lo que solicitó que se le otorgue orden de salida, a lo que las autoridades demandadas solicitaron que indique las fechas, lo cual dio cumplimiento pero luego le solicitaron que acompañe certificación médica, cuando ésta ya fue adjuntada en su solicitud inicial; por otro lado, los jueces técnicos mediante informe escrito informaron que la accionante en varias oportunidades solicitó orden de salida para ir al médico, las cuales fueron concedidas, en la última solicitud requirieron el señalamiento de los días y lugares donde iba asistir y que acompañe la documentación expedida por un médico o por el hospital.
De lo precedentemente expuesto, se advierte que las solicitudes de salidas solicitadas por la accionante en varias oportunidades fue concedida y que en la última, solicitaron se indique fechas y un informe médico del hospital, si bien es cierto que la accionante acompaño un informe del médico del Régimen Penitenciario, la solicitud iba dirigida a que presente una certificación del médico que la estaba atendiendo en el hospital al que asistía constantemente, situación que es coherente a objeto de que las autoridades demandadas tengan certeza de que la accionante realmente se encontraba en una situación de urgencia de asistir a ese nosocomio, por lo que, no se puede considerar como una vulneración de su derecho a la vida, la solicitud de que acompañe esa documentación, más aún cuando el informe médico que acompaño entre otras cosas refería que se encontraba en buen estado general, consciente y orientada, con signos vitales estables; por lo que, tomando en cuenta las precedentes consideraciones no se puede afirmar que esa situación haya puesto en riesgo su vida; por lo cual, se establece que no hubo vulneración de ese su derecho.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- Fragmento 5
- i)
- denegó
- Fragmento 8
- II.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- "El texto contenido en el art. 125 de la Norma Fundamental,: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad';
- su finalidad, conforme manda la Constitución Política del Estado, es resguardar el derecho a la vida cuando fuere puesta en peligro, el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y en su caso restituir el derecho a la libertad cuando fuere indebida o ilegalmente limitada.
- se advierte que las características de la acción de libertad, se mantienen: el informalismo, relativo a la ausencia de requisitos formales en su presentación, ampliando la posibilidad de su presentación oral de este medio de defensa; la inmediatez, por la urgencia de los derechos que resguarda; la sumariedad, dado que la (CPE) y la (LTCP), establecen que deberá ser resuelta en el plazo de veinticuatro horas de interpuesta la acción -art. 126 de la CPE y art. 68.1 de la LTCP-; la generalidad, porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, pudiendo interponerse contra la autoridad o persona denunciada que -art. 125 de la CPE y art. 68.2 de la LTCP-; e inmediación, porque requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad, en el entendido que el Juez o Tribunal de garantías que conozca la acción, debe disponer que el accionante sea conducido a su presencia o acudir al lugar de la detención -art. 126.I de la CPE concordante con el art. 68.5 de la LTCP-, con la finalidad de tener contacto con el accionante o verificar las condiciones en que se encuentra, en suma hacer efectivo el principio de inmediación que rige la actividad procesal.
- «La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona considere que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal».
- 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad'
- es menester reflexionar si evidentemente el espíritu del Constituyente al incluir el derecho a la vida y a la integridad física es que este se halle irremediablemente vinculado con el derecho a la libertad física; al respecto, es bien conocido que en la tradición jurisprudencial boliviana, la protección del derecho a la vida ha estado dada por la vía tutelar de la acción de amparo constitucional, la Constitución vigente desde 2009, ha incluido en la estructura protectiva de la acción de libertad el derecho a la vida, ello en sí significa una ampliación del rango procesal de la acción de libertad. Sin embargo, para que opere por la vía de la acción de libertad, la tesis jurisprudencial de la SC 0044/2010-R, señala que debe haber un vinculación entre el peligro de afectación del derecho a la vida y el derecho a la libertad, pues para que opere la protección que brinda la acción de libertad al derecho a la vida debe ser causa de la lesión del derecho a la libertad, no obstante, esa noción jurisprudencial debe ser modulada, en mérito al siguiente razonamiento: La naturaleza del derecho a la vida impone la casi eliminación de cualquier tipo de formalismo en su protección, pues resultaría un despropósito que quien solicite la tutela de su derecho a la vida cuya naturaleza siempre es urgente, reciba la respuesta de que debe acudir ante otro mecanismo procesal como la acción de amparo constitucional.
- Por ello corresponde establecer la noción protectiva de la acción de libertad en relación al derecho a la vida, precisando que cualquier situación de vulneración del derecho a la vida será conocida a instancias de las acciones de amparo constitucional o de libertad indistintamente, justamente por el inmenso valor que el Constituyente ha asignado a dos nociones conceptuales elementales para la convivencia en nuestra sociedad boliviana: 1) La protección de la vida humana es el valor fundamental sobre el cual se construye la noción de Estado Social de Derecho, por ello es el primer derecho fundamental enunciado en el texto constitucional; y, 2) La administración de justicia está al servicio de la población y de la sociedad sobre la base de criterios anti formalistas en búsqueda de un sistema de verdad material. De ahí, resulta inaceptable que cuando se solicita la protección del derecho a la vida ante la jurisdicción constitucional, ésta deniegue la tutela con el argumento procesal de la idoneidad recursiva; además de ello el art. 125 es claro al enumerar las condiciones de activación de la acción de libertad, pues en la primera frase señala: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro…', de una interpretación literal de la norma constitucional se desprende que el Constituyente lejos de condicionar la activación de la acción de libertad por vulneración del derecho a la vida a la vinculación causal de privación previa del derecho a la libertad, se limitó a enumerarlo como causal independiente de activación de la acción de libertad en concordancia normativa con los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
- En el mismo sentido ultraprotectivo de la acción de libertad antes glosada, es menester aclarar la inaplicabilidad bajo ninguna circunstancia de la regla de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad cuando se denuncia violación del derecho a la vida o integridad personal.
- Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intra procesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional».
- El contenido esencial mínimo del derecho a la vida a protegerse y promoverse por el Estado y las autoridades públicas
- III.3. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR