SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0579/2014

Uno de los mecanismos legales para garantizar el derecho a la libertad o locomoción, se encuentra  legislado en nuestro ordenamiento penal procesal a través de la audiencia de medidas sustitutas a la detención preventiva, por el que se concede la libertad o el derecho de libre locomoción  a quien fuere sindicado de la comisión de un delito de forma inmediata pronta y oportuna, conforme señala el art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha sido uniforme al sostener: “…que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por  el art 6.II de la CPE,  pues en ella el constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad  es inviolable y respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta concepción de protección es que creo un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos en que se pretenda  lesionarlo o esté siendo lesionado.” (SC 0224/2004-R de 16 de febrero). La misma  Sentencia, en  base a la premisa de que el derecho  a  la libertad es inviolable señalo que:”…. Toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tienen el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues  de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de la circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado  que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación  indebida de una solicitud de  tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.

Razonamiento que también es asumido por el Tribunal constitucional Plurinacional en virtud al nuevo orden constitucional, que consagra al principio de celeridad como un sustento de loa potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, el que debe primar en aquellos casos donde se encuentra vinculado el derecho a la libertad como concluyo la SCP 0017/2012 de 16 de marzo , cuando refiere: “En todo trámite judicial, específicamente en el procedimiento penal, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física personal, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable”.