SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1145/2014
Fecha: 10-Jun-2014
b) En cuanto a la carga probatoria a ser presentada por el accionante por vías de hecho
Es preciso señalar que, en el caso presente el accionante demostró su derecho propietario sobre el bien inmueble ubicado en la urbanización Las Palmas en Cobija, inscrito y registrado en DD.RR., bajo el folio real 9.01.1.01.0005867, asiento A-2, conforme se describió en la Conclusión II.5.del presente fallo constitucional; sin embargo, no es menos cierto, que tanto el informe emitido por los funcionarios policiales y las placas fotográficas, no refieren concretamente quienes dirigieron o avasallaron el citado inmueble, menos que hubieran sido los demandados los que encabezaron el ilegal ingreso a la propiedad de Jaime Olguín Taborga, pues no es suficiente que el accionante señale que el avasallamiento fue dirigida por Ruth Leydi Araúz cayani y otros, como señala conforme la fotografía de fs. 5 de obrados, por el contrario, es deber del accionante probar este extremo y lograr que la los funcionarios policiales durante su intervención, identifique a las personas que cometieron las medidas de hecho en el predios avasallado, o por lo menos, obtenga mediante medios lícitos los datos básicos para identificarlos.
Si bien el accionante, demostró su derecho propietario del bien inmueble cumpliendo con uno de los requisitos previstos en la jurisprudencia constitucional desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo; empero, no demostró quienes son los autores o personas que hubieran avasallado su propiedad, al no existir prueba que demuestre que los demandados sean autores del avasallamiento denunciado; en consecuencia, no se ha demostrado que Erilda Huacama Viscarra, Ruth Leydi Araúz Cayani y Remys Juan Flores Torricos tienen legitimación pasiva para ser demandados, entendiéndose la misma como la directa relación de causalidad entre las personas o autoridades demandadas y los actos u omisiones denunciadas como lesivas a derechos; motivo por el cual, no se vulneró el derecho a la propiedad conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.6 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aspecto que impide a este Tribunal conceder la tutela solicitada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- Fragmento 15
- III.2. Excepcionalidad del principio de subsidiariedad frente a vías de hecho
- III.3. Sobre las medidas o vías de hecho
- tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia…”
- i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros´.
- por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”
- 1) La existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica; y, 2) Para el caso de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien sobre el cual se ejerció dichas vías de hecho.
- referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial”
- es el accionante o agraviado el que al interponer su acción, debe acreditar y demostrar la existencia del acto u omisión denunciados de ilegales y además de ello, también debe demostrar que quien cometió esos actos u omisiones es el particular o la autoridad contra quien interpone el amparo constitucional
- Fragmento 24
- III.5 Flexibilización de las reglas sobre legitimación pasiva y de la actividad probatoria de las personas no expresamente demandadas en solicitud de tutela referente a vías de hecho
- de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva;
- las personas que no hayan sido expresamente demandadas en acciones tutelares vinculadas a medidas de hecho, en mérito a esta flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para estos casos, y en resguardo de un equilibrio procesal, en cualquier etapa del proceso de amparo, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal.
- hecho se flexibiliza las reglas de la legitimación pasiva disciplinadas para la acción de amparo constitucional, es imperante a su vez, flexibilizar también de manera excepcional para estos casos los alcances del principio de preclusión, facultando así a las personas que eventualmente pudieran ser afectadas con una decisión de tutela emergente de denuncias de vías de hecho, a asumir defensa en cualquier estado del proceso de amparo constitucional”
- III.6. Sobre el derecho de propiedad y su configuración
- III.7. Análisis del caso concreto
- a) Con relación a la flexibilización del principio de subsidiariedad en acciones de amparo por vías de hecho
- b) En cuanto a la carga probatoria a ser presentada por el accionante por vías de hecho
- c) En cuanto a los otros no identificados en la acción de amparo constitucional
- CONFIRMAR en todo