SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1145/2014
Fecha: 10-Jun-2014
i)
Ruth Leydi Araúz Cayami, Remys Juan Flores Torricos y Erilda Huacama Viscarra, a través de sus abogados en audiencia señalaron lo siguiente: i) No cometieron actos de violencia, son ajenos a los hechos y se puede evidenciar a través del informe policial que son otras las personas que detentan o poseen el inmueble, los demandados viven en el barrio a media cuadra del lote del accionante, por lo que se tiene que ordenar a quienes están ocupando el predio; y, ii) En el muestrario fotográfico, los demandados no se encuentran identificados expresamente, por lo que se debe demandar a las personas que se hallen en posesión del lote, y no a ellos, que como vecinos del barrio, tienen consolidado su derecho propietario y no ven la necesidad de ocupar terrenos ajenos, solicitando denegar la tutela impetrada.
Con el uso de la palabra, Ruth Leydi Araúz Cayami señaló que el presidente del barrio y en tres entrevistas de prensa manifestó a los propietarios que realicen la limpiezade sus terrenos baldíos, que asuman su derecho propietario debido a que estaban siendo víctimas de asaltos y otros; asimismo, refirió que vive hace más de diez años en el barrio Petrolero donde posee su propiedad y no tiene necesidad de invadir terreno de nadie.
A su turno, Remys Juan Flores Torricos señaló que es funcionario público y junto a su esposa Erilda Huacama Viscarra, son vecinos del barrio Petrolero donde tienen su casa debidamente registrada en DD.RR.; cuando ocurrió el avasallamiento al inmueble por parte de otras personas, ellos fueron a ver, no a ocupar porque tienen su vivienda como acredita a través de la certificación presentada, y tampoco tiene la necesidad de entrar a terrenos ajenos.
Por su parte, Erilda Huacama Viscarra, refirió que el accionante daña su imagen al demandarla, al haber dejado la notificación para su persona en otro domicilio que no es el suyo, ella que se encontraba viendo el avasallamiento que ocurrió y defendiendo el lote de sus hijas para que no sean ocupados.
De igual manera, el Código Civil (CC), en su art. 105, identifica a la propiedad como un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, debiendo ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico; vale decir, que se identifican tres elementos esenciales que hacen al derecho de propiedad: i) El derecho al uso; ii) El derecho de goce; y, iii) El derecho de disfrute; en observancia a las normas establecidas en la Constitución Política del Estado, generando por lo mismo obligaciones tanto para el Estado como para los particulares.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- Fragmento 15
- III.2. Excepcionalidad del principio de subsidiariedad frente a vías de hecho
- III.3. Sobre las medidas o vías de hecho
- tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia…”
- i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros´.
- por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”
- 1) La existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica; y, 2) Para el caso de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien sobre el cual se ejerció dichas vías de hecho.
- referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial”
- es el accionante o agraviado el que al interponer su acción, debe acreditar y demostrar la existencia del acto u omisión denunciados de ilegales y además de ello, también debe demostrar que quien cometió esos actos u omisiones es el particular o la autoridad contra quien interpone el amparo constitucional
- Fragmento 24
- III.5 Flexibilización de las reglas sobre legitimación pasiva y de la actividad probatoria de las personas no expresamente demandadas en solicitud de tutela referente a vías de hecho
- de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva;
- las personas que no hayan sido expresamente demandadas en acciones tutelares vinculadas a medidas de hecho, en mérito a esta flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para estos casos, y en resguardo de un equilibrio procesal, en cualquier etapa del proceso de amparo, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal.
- hecho se flexibiliza las reglas de la legitimación pasiva disciplinadas para la acción de amparo constitucional, es imperante a su vez, flexibilizar también de manera excepcional para estos casos los alcances del principio de preclusión, facultando así a las personas que eventualmente pudieran ser afectadas con una decisión de tutela emergente de denuncias de vías de hecho, a asumir defensa en cualquier estado del proceso de amparo constitucional”
- III.6. Sobre el derecho de propiedad y su configuración
- III.7. Análisis del caso concreto
- a) Con relación a la flexibilización del principio de subsidiariedad en acciones de amparo por vías de hecho
- b) En cuanto a la carga probatoria a ser presentada por el accionante por vías de hecho
- c) En cuanto a los otros no identificados en la acción de amparo constitucional
- CONFIRMAR en todo