SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1129/2015-S1

René Sandoval Soliz y Elen Denice Justiniano Pedriel, mediante su abogado, presentaron informe oral en audiencia, refiriendo que: a) La parte accionante no ha demostrado que hayan procedido al avasallamiento del lote de terreno; b) Realizaron un trato de compra venta con Simón Zabala Moreira, hermano de la accionante, porque él fue el que se declaró heredero del lote de terreno;    c) No existió una desocupación a la fuerza, no hubo ninguna eyección, sino ingresaron y tomaron posesión del terreno a partir de la suscripción del contrato de compra venta de 23 de diciembre de 2012; d) La accionante, se declaró heredera y tomo posesión del lote de terreno recién el 25 de agosto de 2014, cuando ya estaban demoliendo los ambientes que existían en el lugar; e) En el lote de terreno ya tienen construidos ambientes donde viven junto con sus hijos; y, f) Por todo lo relatado, no existe avasallamiento, existe una compra.

De lo señalado y a efectos de establecer sí el procedimiento establecido en la Ley 477, se constituye en una vía idónea de reparación inmediata de los derechos vulnerados, haciendo un análisis comparativo entre el procedimiento constitucional y procedimiento establecido en la referida ley, es posible señalar que:  a) Respecto al plazo: El art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que una vez presentada la acción de tutela, la jueza, juez o Tribunal, señalará día y hora de audiencia pública, que tendrá lugar dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta la acción; por su parte la Ley 477, señala en su art. 5 inc. 1, que la presentación podrá ser escrita o verbal, ante la autoridad agroambiental, siendo su admisión en el día y se señalará en el plazo de veinticuatro horas día y hora para desarrollar la audiencia de inspección ocular, en cuya audiencia se promocionará el desalojo voluntario, imponer medidas precautorias, así como presentación y valoración de las pruebas de ambas partes. En ese sentido se cumple el requisito de idoneidad como es el plazo que de lo señalado en la Ley 477, este plazo se viene a constituir en uno menor inclusive que el constitucional. De tal manera que el procedimiento establecido en la Ley 477, es un procedimiento idóneo de protección de derechos, puesto que la tutela que se brindará, se realizará de manera oportuna; y, b) En cuanto a la competencia: Sobre este punto habrá que realizar un análisis de las competencias de los juzgados agroambientales y de la competencia añadida a través de la Ley 477.

La citada línea jurisprudencial, estableció una subregla que establece la obligatoriedad de probar por parte del accionante los hechos denunciados y, señaló que cuando no exista divergencia sobre los aspectos denunciados; es decir, cuando exista aceptación de los hechos denunciados por parte de los demandados y no hayan sido desvirtuados por estos últimos en forma debida debe concederse la tutela y para ello debe concurrir dos aspectos: a) La imposibilidad de obtener y presentar la prueba correspondiente; y, b) La aceptación de los hechos acusados o la no desvirtuación de los mismos por parte de los demandados.