AUTO CONSTITUCIONAL 0158/2015-CA

En el presente caso concreto, la Jueza Décimatercera de Instrucción Civil y “Comercial” del departamento de Santa Cruz, dentro el proceso coactivo fiscal que interpuso Benjamín Justiniano Núñez contra Antonia Molina de Vaca, mediante Resolución 136/15 de 1 de abril de 2015, promovió de oficio acción de inconstitucionalidad concreta contra las Disposiciones Derogatoria Primera y Transitoria Segunda del nuevo Código Procesal Civil (CPC), por ser presuntamente contrarias al art. 115 de la CPE.

Conforme prevé el art. 73.2 del CPCo, se advierte que tal planteamiento de oficio, dada la naturaleza jurídica de la presente acción, fue activado dentro de proceso judicial, con objeto de impugnar las Disposiciones Derogatoria Primera y Transitoria Segunda del CPC, preceptivas que según la accionante son contrarias al art. 115 de la CPE; sin embargo, admite que de aplicarlas para resolver la causa, depende de la constitucionalidad de las mismas.

Respecto a la procedencia de la promovida acción, ceñidos a la exegesis del art. 79 del mismo Adjetivo Civil, se advierte que debe gravitar el carácter de dependencia, respecto a la constitucionalidad comprendida en cada una de las disposiciones contra las que se objeta, en el presente caso, la accionante, no cumple en explicar fundadamente, cómo, cuándo y por qué, las normas denunciadas de inconstitucionales, contrastan con la Norma Suprema; porque, no basta con referirse a que las mismas sean contrarias al precepto constitucional cuestionado, sin explicar cuál el motivo de tal acusación, cómo viene a afectar la supuesta inconstitucionalidad denunciada en el sustrato propio de cada ley, para qué ha de admitirse la presente acción; habida cuenta que la impetrante solicita que se ejercite control constitucional a tales preceptos legales y de aplicarse al caso concreto, se observa que en interpretación de la autoridad judicial de cuanto ha aseverado sobre éstas, no existe duda razonable sobre tal o cual inconstitucionalidad sea con precisión fundada e identificada, menos esclarecedora de los motivos de contrariedad descubierta ofensiva a la norma fundamental, aspecto que no ha sido explicitado para que se resuelva en el fondo de la causa.

Por lo que, corresponde señalar que la presente acción se adecúa a la causal de rechazo prevista en el art. 27.II inc.c) del CPCo, puesto que carece de suficiente fundamentación jurídica constitucional, al no explicar de qué manera genera duda razonable sobre la constitucionalidad de las normas cuestionadas; así como su relevancia en la aplicación del caso concreto.