AUTO CONSTITUCIONAL 0182/2015-CA

Señaló que, la Ley General del Trabajo en sus arts. 107 al 109, establece el procedimiento aplicable para la conciliación de conflictos laborales entre la parte patronal y la laboral, las que acreditaran dos delegados para la conformación de una junta de conciliación que será presidida por el Inspector del Trabajo y que dicho procedimiento conciliatorio eventualmente concluye con un acuerdo conciliatorio o en su defecto en un fracaso parcial o total de la conciliación.

Refirió que, en caso de no llegarse a una conciliación, el Inspector del Trabajo remitirá obrados ante el Jefe Departamental del Trabajo y Seguridad Social para la conformación del Tribunal Arbitral Laboral, que por disposición de los preceptos impugnados, se compondrá de un árbitro por cada parte, nombrado por estas y designados en rebeldía si es que no los nombrarán; en tal sentido, se estaría ante un Tribunal al que los sectores en conflicto no se someten voluntariamente y cuyo laudo arbitral seria obligatorio para éstas e inapelable en la vía administrativa u ordinaria.

Indicó que, desconoce la constitucionalidad del referido Tribunal Arbitral; siendo que, en el caso concreto la conciliación laboral suscitada con el Sindicato Mixto de Trabajadores Fabriles de “EMPACAR S.A.”, fracasó en dos puntos relativos al salario dominical y cálculo de horas extras, de ocho reclamados en el respectivo pliego; por lo que, corresponde que la parte afectada acuda a la judicatura del trabajo y seguridad social, al ser dicha instancia la competente.

Arguyó que, el sometimiento obligatorio de las partes al Tribunal Arbitral, dispuesto en la normativa observada, resulta inconstitucional al obligar a éstas a renunciar al derecho constitucional de someterse al conocimiento y resolución de sus controversias laborales ante jueces y tribunales jurisdiccionales en la vía ordinaria.

Alegó que, la obligación legal dispuesta en los preceptos legales cuestionados como inconstitucionales, de concurrir obligatoriamente tanto al empleador como a los empleados ante un Tribunal Arbitral que dicta un laudo arbitral obligatorio e inapelable, es contraria a la garantía del acceso a la justicia ordinaria consagrada en el art. 179 de la CPE, que señala que la función jurisdiccional es única y es ejercida por el Órgano Judicial; así también, contraviene la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho al juez natural, la tutela judicial, la seguridad jurídica, la evitación de tribunales especiales y/o coactivo y el principio de imparcialidad entre otros, cuya doctrina y jurisprudencia está plasmada en la justicia nacional y supranacional.