SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0551/2015-S1
Fecha: 01-Jun-2015
concedió
El Juez de "Partido" y Sentencia Penal de Concepción del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 5 de noviembre de 2014, cursante de fs. 785 a 787 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que se deje sin efecto la resolución dictada por el Fiscal de Materia Román Huayhua Figueroa del 30 de septiembre de 2013 y la Resolución 155/2013 de 27 de diciembre, emitida por la ex Fiscal Departamental de Santa Cruz, ordenando en consecuencia que la autoridad inferior dicte una nuevo fallo y esta sea debidamente fundamentada, motivada y congruente, sin la imposición de costas por ser excusable, con los siguientes fundamentos: a) El tercero interesado al no tener legitimación activa ni pasiva no tiene la facultad para poder solicitar la suspensión de la audiencia por los motivos invocados en su memorial; b) El Fiscal de la causa, vía fax solicitó el aplazamiento de la misma, porque le era imposible asistir debido a la carga procesal que tenía, petición que fue rechazada, por no adjuntar documentación alguna que acredite lo aseverado, además de ser improcedente; c) Habiéndose cumplido con los elementos de inmediatez y subsidiariedad en razón de que se habían agotado todos los medios impugnatorios habidos en contra de las Resoluciones mencionadas se dio curso a la acción tutelar; y, d) Tomando en cuenta la inasistencia de las autoridades demandadas y del tercero interesado, se presume la existencia de los hechos denunciados, asimismo se demostró la falta de fundamentación, motivación y congruencia de dichas Resoluciones; por lo que refiriendo lo dispuesto por el art. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y el art. 66 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico (LOMP), en relación a que las resoluciones dictadas por las autoridades públicas, sean administrativas o judiciales, tienen que estar enmarcadas dentro del principio de racionalidad y coherencia, además de tener al margen de ello, una justificación específica, lo que no ocurrió en el presente caso.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1
- I.2.3. Intervención del tercer interesado
- concedió
- II.1.
- II.2.
- III.3.
- II.4. "
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- estableció que el juez cautelar podía ejercer el control cautelar a la actividad desarrollada por los fiscales, cuando se denuncie la lesión de derechos y garantías constitucionales.
- Así también, en los supuestos en los que el propio requerimiento del fiscal de distrito sea lesivo a los derechos y garantías.
- de forma que para la impugnación a una indebida interpretación de legalidad, la errónea valoración probatoria o una omisión valorativa, no es necesario agotar previamente al planteamiento del amparo constitucional el control jurisdiccional, por lo que previo cumplimiento de requisitos establecidos en la jurisprudencia, corresponde de forma directa su activación
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes
- sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aún más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material.
- Este entendimiento consiste básicamente en el papel que debe desempeñar el juez o del tribunal colegiado que tiene por especial misión el administrar la jurisdicción constitucional, dentro de su tarea de velar por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, por lo que tendrá casos especiales en los que se tendrán que evaluar el cumplimiento del debido proceso formal y material, en los que posiblemente, los hechos denunciados se acomoden dentro de las leyes y estatutos que normen este tipo de situaciones, es decir, que las autoridades demandadas hayan cumplido con la normativa aplicable al caso, entonces nos encontramos con un debido proceso formal, sin embargo, si del análisis se establece que dicha normativa es de por si restrictiva de los derechos de defensa, o vulnere la seguridad jurídica de la administración de justicia y de los propios accionantes, entonces el juzgador deberá conceder la tutela precautelando sobre todo el orden justo y el debido proceso material
- Fragmento 21
- III.4. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones en el debido proceso
- Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado
- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR