demandando la nulidad de la Resolución Ministerial (RM) 662/15-A de 21 de septiembre de 2015 y la conminatoria de reincorporación JDTSC/CONM 119/2014 de 27 de noviembre.

En armonía con la citada normativa constitucional, el art. 151 del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, prevé que: “Todos los miembros de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio quedan comprometidos al respeto y cumplimiento de las normas del presente Estatuto y son responsables, individual y colectivamente, de los actos que pudieran cometer y atenten contra la Autonomía y los principios que rigen la vida de la Universidad Pública Boliviana, debiendo en su caso, ser sometidos a proceso universitario. A tal efecto, las Universidades del sistema conformarán tribunales con jurisdicción y competencia para conocer y resolver procesos administrativos y disciplinarios contra autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos que formen parte de la comunidad universitaria” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).