SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0417/2016-S2

Sucre, 3 de mayo de 2016

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de libertad

Expediente: 13877-2016-28-AL

Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 05/2016 de 12 de enero, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Justina Sandoval Vega en representación sin mandato de Marín Eugenio Sandoval Vega contra Cynthia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza Primera Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de enero de 2016, cursante de fs. 7 a 10 vta., el accionante, a través de su representante, asevera lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 22 de diciembre de 2015, fue convocado por el Ministerio Público para prestar su declaración informativa, audiencia a la que concurrió voluntariamente; sin embargo, concluida su declaración, inmediatamente la autoridad Fiscal, bajo una supuesta resolución debidamente fundamentada, procedió a notificarle con una Resolución de aprehensión, lo que derivó en la imputación formal y solicitud de medida cautelar en su contra, acción por la cual, guarda detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz desde el 24 del igual mes y año. Interpuesta la apelación incidental contra la Resolución que ordenó su detención preventiva, la autoridad judicial -hoy demandada-, en lugar de obrar conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dejó que transcurriera más de once días, sin remitir antecedentes de su mencionado recurso ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante mediante su representante, alega lesión a su derecho y garantía a la libertad y a la vida, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 62, 110.I. II y III; 115.I, II y III; y, 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se otorgue la tutela demandada, ordenándose el cese de la persecución indebida en su contra y que la Jueza -hoy demandada- dentro del plazo de veinticuatro horas señale audiencia de cesación a la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Efectuada la audiencia pública el 12 de enero de 2016, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 20, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante mediante su abogado defensor ratificándose in extenso en los términos del memorial de la acción de libertad interpuesta, en audiencia la amplió señalando que: a) Inmediatamente a la aplicación de la detención preventiva ordenada en su contra, en la misma audiencia llevada a cabo el 24 de diciembre de 2015, conforme al art. 251 del CPP, dedujo recurso de apelación incidental; y, b) Sin embargo, la autoridad jurisdiccional -hoy demandada-, hasta el 8 de enero de 2016, no habría remitido antecedentes ante la tribunal superior, alegando que recién se estaba transcribiendo el Acta y Resolución de medida cautelar, omisión que no solo le generó retardación de justicia, sino vulneración a su derecho a la libertad e impugnación.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Chyntia Blanca Delgadillo Aramayo, Jueza Primera de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer del departamento de La Paz, mediante escrito de 12 de enero de 2016 (fs. 17 y vta.), informó que: 1) Por Resolución 0719/2015 de 24 de diciembre, le impuso a Marín Eugenio Sandoval Vega, la medida cautelar de detención preventiva, a ser cumplida en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; 2) Contra esa Resolución, la defensa del nombrado imputado, opuso apelación incidental; impugnación ante la cual, su autoridad advirtió al recurrente de proveer las fotocopias respectivas, para su remisión en el plazo de veinticuatro horas; 3) El 29 de diciembre de 2015, firmó la nota de remisión de la apelación planteada, actuados procesales que fueron remitidos en originales ante la auxiliatura de la Sala Penal de Turno para su correspondiente sorteo; y, 4) En el ejercicio del control jurisdiccional, no conoció ninguna petición de cesación a la detención preventiva impetrada por el imputado y menos que se halle mal de salud, por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 05/2016 de 12 de enero, cursante de fs. 21 a 22, por la cual, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza Primera de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer del mismo departamento, o quien ejerza su suplencia legal, remita el expediente de apelación ante la instancia superior dentro del plazo de veinticuatro horas; con los siguientes fundamentos: i) A consecuencia de un proceso penal seguido contra Marín Eugenio Sandoval Vega, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva del imputado; contra esa Resolución, éste presentó apelación incidental, recurso que debió ser tramitado conforme el art. 251 del CPP; y, ii) Tratándose de personas privadas de libertad, según la amplia jurisprudencia constitucional, los plazos y términos deben ser fatales en su cumplimiento; en el caso de autos, no se tiene constancia, ni siquiera por el informe presentado por la autoridad demandada, que los antecedentes del recurso planteado, se halle para su respectivo sorteo o por lo menos que se encuentre radicado en alguna de las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz , aspecto que vulnera el derecho de locomoción del imputado, por falta de pronto despacho.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1. El 18 de diciembre de 2015, Vivian Lixy Rasguido Paz interpuso denuncia verbal contra Marín Eugenio Sandoval Vega, por presunta agresión física, lo que dio inicio a la apertura de la respectiva investigación penal. Recibida la declaración informativa del imputado; en uso de sus facultades, la Fiscal de Materia, emitió la Resolución de 22 de diciembre de 2015, ordenando la aprehensión del -ahora accionante-, bajo el fundamento que concurren los requisitos establecidos en el art. 226 del CPP, y en aplicación de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 (fs. 1 y vta.).

II.2. Consta que a través de la Imputación Formal y Requerimiento de 23 de diciembre de 2015, la representante del Ministerio Público, solicitó a la autoridad jurisdiccional la aplicación de detención preventiva contra Marín Eugenio Sandoval Vega, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o domestica (fs. 2 a 3 vta.)

II.4. Mediante Resolución 0719/2015 de 24 de diciembre, la Jueza -hoy demandada-, le impuso a Marín Eugenio Sandoval Vega, la medida cautelar de detención preventiva, a ser cumplida en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; contra ese Fallo, el imputado de conformidad al art. 251 del CPP, dedujo apelación incidental, recurso que hasta el 8 de enero de 2016, no habría sido remitido ante la respectiva Sala Penal. Hecho que se infiere del informe presentado de 12 de enero de 2016, por la autoridad judicial demandada (fs. 17 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante manifiesta que la Jueza Primera de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, dejó que transcurra más de once días, sin que remita ante el Tribunal de alzada su recurso de apelación incidental que interpuso contra la Resolución 0719/2015 de 24 de diciembre, por la cual se ordenó su detención preventiva, omisión que le genera no solo privación de su derecho de locomoción, sino vulneración a su derecho de impugnación.

En revisión, corresponde analizar si se debe conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación

La SCP 0124/2012 de 2 de mayo, señaló que la acción de libertad se encuentra: “…consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: «Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad». Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida…”.

En el mismo sentido, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en armonía con la precitada norma constitucional, establece que: “La acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”.

En cuanto a los presupuestos para su procedencia, el art. 47 del indicado Código, determina que: “La acción de libertad procede cuando cualquier persona crea que:

1. Su vida está en peligro;

2. Está ilegalmente perseguida;

3. Está indebidamente procesada;

4. Está indebidamente privada de libertad personal”.

III.2. El principio de celeridad en la administración de justicia

La SCP 0381/2013 de 25 de marzo, manifestó que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional mediante la SCP 0071/2012 de 12 de abril, ha señalado que: ‘El art. 178.I de CPE, establece que: La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…».

En concordancia con la mencionada norma constitucional, el art. 115.II de la citada Ley Fundamental que determina: «El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones», de lo que se establece que la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad.

La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: «…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente». Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras.

En el orden normativo, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad 'comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia…’” (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y el hábeas corpus de pronto despacho

La citada SCP 0381/2013, señaló que: “En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre la el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: ‘La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva’.

Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de habeas corpus introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la acción de libertad al hábeas corpus traslativo, el mismo que se encuentra reconocido implícitamente por el art. 125 de la CPE.

En efecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, justificó su inclusión en el ordenamiento constitucional boliviano determinando lo siguiente: ‘…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen '…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…', e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)….

En similar forma la SC 0571/2012 de 20 de julio, refirió que (…) el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: …se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad….

Por su parte, la SCP 1884/2012 de 12 de octubre, en una problemática similar a la planteada en el caso presente, al referirse al deber de las autoridad judiciales de efectivizar el trámite procesal de la apelación incidental refirió lo siguiente: ‘En cuanto a las acciones de libertad de pronto despacho y con relación a las apelaciones incidentales de medidas cautelares, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, así por ejemplo la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, precisó lo siguiente: «Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervienen en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación».

(…)

En ese contexto, se advierte que el recurso de apelación de medidas cautelares es de naturaleza sumaria, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas -previa notificación a las partes con el decreto de remisión de actuados- a efectos de que el tribunal ad quem, sin más trámite, resuelva la apelación en audiencia dentro del plazo de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones y por ese mismo diseño procesal la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, señaló la necesidad de su agotamiento previamente al planteamiento de la acción de libertad…’.

Bajo los entendimientos jurisprudenciales señalados, conforme concluyó la SC 2115/2012 de 8 de noviembre, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad.

En virtud de ello la citada Sentencia refirió que: ‘…no es compatible con los principios rectores de la administración de justicia la tramitación de la causas sin la observancia del principio de celeridad por parte de los operadores de justicia, concluyendo que constituye dilación indebida el retardo injustificado en la remisión de los actuados pertinentes, a efectos de que el privado de libertad pueda utilizar los recursos necesarios para el restablecimiento de su libertad’; por ello, entendió que: ‘…el incumplimiento de los plazos procesales para remitir los actuados pertinentes o el retardo injustificado en su no remisión, que se encuentren vinculados con la libertad, constituye un supuesto para abrir la tutela que brinda la acción de libertad traslativa o de pronto despacho’”

III.4. Análisis en el caso concreto

El accionante a través de su representante, alega que a raíz de una denuncia verbal interpuesta en su contra, por la comisión de una probable agresión física, el 22 de diciembre de 2015, la representante del Ministerio Público, luego de haberle recibido su declaración informativa, bajo la supuesta Resolución fundamentada y aplicación del art. 226 del CPP, ordenó su aprehensión, lo que originó que dicha autoridad Fiscal, por requerimiento de 23 del igual mes y año, previa formulación de imputación formal, solicitó su detención preventiva. Medida cautelar que le fue impuesta, en la audiencia de 24 de diciembre del mismo año, ante es determinación, inmediatamente presentó apelación incidental, por lo que conforme al art. 251 del citado Código, correspondía que la Jueza hoy demandada en el plazo de veinticuatro horas, remita o eleve antecedentes de su recurso interpuesto ante el Tribunal de alzada, para su respectivo examen; sin embargo, la autoridad jurisdiccional, dejó que transcurra más de once días, sin remitir actuado alguno, omisión que a decir del accionante, vulnera su derecho a la locomoción y a la vida.

Conforme consta en la Conclusión II. 4 del presente Fallo, el imputado Marín Eugenio Sandoval Vega, inmediatamente a su orden de detención preventiva, interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución 719/2015 de 24 de diciembre, lo cual significa que a partir de ese día, mes y año, y hora 13:00 (decreto de señalamiento de audiencia), la Jueza hoy demandada, tenía el plazo de veinticuatro horas para emitir el respectivo proveído ordenando la remisión de actuados y posteriormente similar plazo de acuerdo previene el art. 251 del CPP, para elevar dicho recurso, ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Es decir, una vez interpuesto la apelación incidental contra una decisión que imponga una medida cautelar, las actuaciones y antecedentes pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el término de veinticuatro horas -previa notificación a las partes con el decreto de remisión de actuados- a efectos de que el tribunal ad quem, sin más trámite, resuelva la apelación en audiencia dentro del plazo de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones; labor que no fue efectuada y cumplida por la jueza demandada, por cuanto menos emitió decreto disponiendo la remisión del cuaderno de control jurisdiccional, aspecto que vulneró el debido proceso, en su componente de celeridad procesal en los trámites vinculados al derecho a la libertad.

En esa línea, es lógico concluir que la autoridad -ahora demandada-, no cumplió con su obligación ineludible e inexcusable de remitir los actuados pertinentes, en el término de veinticuatro horas, tal cual establece el art. 251 del CPP, omisión que generó en el accionante no sólo incertidumbre y zozobra, sino dilación indebida, injustificada y atentatoria a su derecho a la libertad, toda vez que el imputado, al recurrir en apelación, en sujeción a su derecho al debido proceso e impugnación, pretende modificar su situación jurídica, cuya decisión dependerá del examen y resolución que emita el Tribunal de alzada, hecho por el cual, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de tramitar con celeridad aquellos casos de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad, por lo que corresponde otorgar la tutela en los mismos términos expuestos por la autoridad judicial de garantías.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la acción tutelar, evaluó correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 05/2016 de 12 de enero, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada,.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

MAGISTRADO