SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2016-S1
Fecha: 05-Ago-2016
concedió
La Jueza de Partido, de Sentencia Penal, Mixta y Liquidadora de Llallagua del departamento de Potosí, emitió la Resolución 5/2015 de 24 de agosto, cursante de fs. 23 a 24 vta., en la que concedió la tutela de otorga esta acción de defensa, y en consecuencia dispuso que: a) Los demandados remitan en doble ejemplar copias legalizadas de la denuncia sentada, si existiera en contra del accionante, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; b) Se extienda certificación en la que se indique si el impetrante de tutela, tiene aperturado en su contra proceso sindical; y, c) El pago costas procesales a favor de Boris Roger Poquechoque Martínez; bajo los siguientes fundamentos: 1) Existe omisión indebida al restringir al impetrante de tutela obtener copias de las notas expedidas por los dirigentes demandados; 2) El art. 24 de la CPE, prevé que cualquier persona tiene derecho a la petición, sin más requisito, que la identificación del peticionario; y, 3) El art. 129 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), respalda de la misma manera la extensión de las fotocopias simples, a petición escrita o verbal de las partes, salvo en los casos en que la publicación esté restringida conforme a ley.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- i)
- I.2.2. Informe de las personas demandadas
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 12
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2.
- se moduló la SC 0571/2010-R de 12 de julio, señalando que: «…el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.
- Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien deber dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado,
- Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información
- Consecuentemente, para que dicha justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: 1. La existencia de una petición oral o escrita; 2. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y 3. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición’
- III.3. Análisis del caso concreto