SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0780/2016-S2
Fecha: 22-Ago-2016
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 18 de abril de 2016, en su calidad de Presidente del Directorio de la empresa “Audax Aquaculture & Fishing Company S.A.” acudió a una reunión de la comunidad de Corihuaya a efectos de tratar temas de interés de la empresa y de la citada comunidad; empero, a la misma una persona se presentó tarde y sin conocimiento de los acuerdos arribados, empezó a increparle a gritos y faltarle al respeto, por lo que cuando pretendió abandonar el recinto donde se llevó a cabo la reunión, ante la mirada pasiva de los dirigentes de la comunidad, esta persona cerró la puerta para impedir su salida y solo lo dejó retirarse cuando manifestó que llamaría a la policía y comunicaría que estaba siendo secuestrado.
Concluye señalando que al día siguiente, con el objeto de restringir su libertad personal y de locomoción, conforme le comunicaron los miembros de la comunidad, los dirigentes Modesto Poma Yapuchura y Juan Encinas Ilaluque, ahora demandados, determinaron bloquear la carretera de ingreso y salida a la propiedad de la empresa “Audax Aquaculture & Fishing Company S.A.” en la que él se encontraba, para cuyo efecto dispusieron el colocado de unas trancas improvisadas con troncos, cadenas y candados.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- denegó
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro
- carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida,
- En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular
- el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida
- Fragmento 10
- la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública, es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal
- a) De orden procesal.
- b) De orden sustantivo.
- III.3. Sobre la denegación de la acción de libertad por ausencia de pruebas
- para valorar los hechos demandados, requiere que el actor demuestre o acredite con la prueba pertinente la supuesta vulneración que acusa; toda vez que, el fallo o determinación que se asuma debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se ha violado o está amenazado el derecho de locomoción, ya que no es suficiente la manifestación del actor, ni el informe que preste la autoridad recurrida, dado que para acusar la vulneración del derecho a la libertad, se debe demostrar los hechos que afectan ese derecho con pruebas verificables y ciertas cuyo valor les será asignado a tiempo de dictarse la Resolución; no obstante, que éste recurso no requiere de mayores formalidades para su presentación;
- uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión
- Fragmento 17
- en toda acción de esta naturaleza donde se denuncia o acusa la vulneración del derecho a la libertad o de locomoción, el accionante tiene el deber procesal de adjuntar la prueba que respalde su denuncia, a fin de acreditar con pruebas verificables la veracidad de sus acusaciones formuladas, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional a fin de valorar los hechos demandados, requiere que el actor demuestre o acredite con la prueba pertinente la supuesta vulneración que acusa; toda vez que, el fallo o determinación que se asuma debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se ha violado o está amenazado el derecho de locomoción, ya que no es suficiente la manifestación del actor, ni el informe que preste la autoridad demandada, siendo imprescindible demostrar los hechos que afectan ese derecho con pruebas demostrables y ciertas, cuyo valor les será asignado a tiempo de dictarse la Resolución
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR