SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1057/2017-S2
Fecha: 09-Oct-2017
concedió en parte
La Jueza de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 048/2017 de 2 de septiembre, cursante de fs. 77 a 80, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que en el primer día hábil bajo responsabilidad se señale día y hora de audiencia, observando las formalidades procesales legales, bajo los siguientes fundamentos: 1) Se establecieron puntos de reclamo como ser el hecho de que no se fundamentó y justificado la detención preventiva; la ampliación de la imputación sin darle tiempo de conseguir los elementos arraigadores y la remisión del cuaderno procesal al Juzgado por razón de materia; los mismos, son considerados como aspectos jurisdiccionales, por lo que no fueron considerados en respeto del principio de independencia judicial establecido por el art. 179 de la CPE, puesto que la facultad de la valoración de la prueba aportada corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios; y, 2) En cuanto a que el 28 de agosto de 2017, se llevó a cabo una audiencia de cesación a la detención preventiva sin la debida comunicación y notificación a la parte accionante, vulnerando su derecho a la libertad, no se tiene ninguna prueba de descargo, razón por la cual, -el Tribunal de garantías- conforme el principio de verdad material establecido por el art. 180 de la CPE, toda vez que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones y también a la justicia constitucional, debe entenderse que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal no fue instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma sobre el fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos corroborados por esta normativa y basándose en las pruebas, en el testimonio de las partes presentes y el principio de verdad material corresponde conceder la tutela solicitada para que en el primer día hábil se pueda señalar nueva audiencia de cesación a la detención preventiva, pero observando todas las formalidades legales procesales y atendiendo al derecho al debido proceso.
- acción de libertad
- a)
- concedió en parte
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- i)
- III.1.
- Que es indebidamente procesada
- Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional
- la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional
- en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad
- desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional
- III.3. Con relación al plazo para providenciar solicitudes de cesación a la detención preventiva y al de señalamiento de audiencias para la consideración de dicho beneficio
- En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones
- III.4. Sobre la presunción de veracidad de lo denunciado
- tratándose de acciones de libertad, la presencia, informe y presentación de prueba se constituye en un deber procesal, que tiene la finalidad de otorgar a los jueces y tribunales de garantías, así como al propio Tribunal Constitucional Plurinacional, bases ciertas para emitir una resolución justa, bajo el principio de verdad material
- la parte demandada se encuentra impelida por su propio interés en presentar prueba para la desestimación de la acción de libertad cuya negligencia puede incluso dar lugar a responsabilidad constitucional, más aún cuando la acción este dirigida contra un servidor público en cuyo caso ya no se trata de una carga procesal sino un deber procesal emergente del art. 235.2 de la CPE que establece que las y los servidores públicos deben
- en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismo
- a falta de pruebas, se tienen por ciertos los extremos denunciados en la acción de libertad cuando la autoridad o persona demandada no asiste a la audiencia ni presta su informe de ley, o cuando en audiencia, o en su informe, confirma los actos denunciados de ilegales
- 1° CONFIRMAR