SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1110/2017-S2

El accionante a través de su representante arguye la vulneración a su derecho al debido proceso en su elemento de celeridad y pronto despacho, manifestando que la Jueza y el Secretario demandados no remitieron al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas su apelación incidental de cesación a la detención preventiva, como indica la Norma; empero, la Jueza demandada señalo que se encuentra con bastante carga procesal, incurriendo en dilación por más de setenta y dos horas.

Bajo ese contexto, de acuerdo con el informe de la autoridad ahora demandada, por tratarse de privado de libertad y pese a esa recarga laboral se tuvo en orden los actuados procesales hasta el 5 de septiembre del 2017, y conforme el cuadernillo de apelación se remitió dentro del plazo prudencial la apelación incidental planteada por el ahora accionante.

Bajo esos parámetros y de la revisión de antecedentes procesales y conforme consta en la Conclusión II.2. del presente fallo, se advierte que, la justiciera emitió el 31 de agosto de 2017, la resolución de la consideración de cesación a la detención preventiva; inmediatamente a que le fuera rechazada esa solicitud, el accionante planteó apelación incidental en la misma audiencia que no fue enviado en el plazo establecido al Tribunal de alzada; en consecuencia, de acuerdo a nota de remisión de apelación consignada en la Conclusión II.3, recién la Jueza demandada la envió el 7 de septiembre de 2017, lo que significa que la indicada Jueza conforme previene el art. 251 del CPP, tenía el plazo de veinticuatro horas para remitir dicho recurso ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y no tomar como pretexto la carga procesal el retraso del mismo; sin embargo, existe evidencia de que la autoridad judicial ahora demandada, desconoció el artículo de la norma citada líneas arriba, dejando que transcurrieran más de setenta y dos horas sin cumplir con su obligación de ordenar la remisión de dicha apelación; bajo esta lógica, se concluye que la Jueza demandada, incurrió en dilación injustificada, innecesaria e indebida, aspectos por los cuales, en el caso concreto corresponde conceder la tutela impetrada de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo en consecuencia la Jueza de Instrucción Penal Séptima del departamento de Cochabamba, actuar conforme lo establecido en el art. 251 del CPP, toda vez que, cualquier autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene la obligación de tramitarla con la mayor celeridad posible.

Finalmente con relación al Secretario, como funcionario subalterno, la jurisprudencia señaló que este personal no tiene facultades jurisdiccionales, sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del juez, además como funcionarios subalternos pueden ser demandados solo cuando van contra lo dispuesto por el juez o que cometan excesos en sus funciones que pudieran quebrantar derechos constitucionales, sin embargo, si la autoridad judicial que conoce la vulneración de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno; en consecuencia, tomando esos aspectos del Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo, no se encuentra en los alcances de la legitimación pasiva debido al sometimiento de órdenes determinadas por el juez, siempre y cuando no sobrepase las funciones asignadas, de lo contrario, haciendo mención al cambio de línea plasmado en la jurisprudencia, los funcionarios subalternos sí tendrían legitimación pasiva; empero, en el caso presente corresponde denegar la tutela aclarando además que no se demostró que él haya dilatado la remisión de apelación incidental conforme se tiene en la conclusión II.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.