SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1183/2017-S1
Fecha: 24-Oct-2017
denegó
El Juez Público Séptimo en lo Civil y Comercial del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 9 de 18 de agosto de 2017, cursante de fs. 82 a 84 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: i) La demanda de acción de amparo constitucional, solo contiene una relación cronológica de los hechos y señala de manera mecánica los derechos lesionados; empero, no desarrolla de manera precisa la relación de causalidad entre los hechos y derechos que acusa de lesionados; razón por la que, a través de Auto de 8 de agosto de 2017, se observó este extremo, disponiéndose que sea subsanado dentro del plazo de ley; ii) Notificado con dicho Auto, el accionante presentó su memorial de subsanación reiterando los argumentos de su demanda, sin cumplir lo extrañado, para concluir señalando que a través de esta acción de defensa se deje sin efecto el AS 311/2017 de 2 de mayo y se declare extinguida la acción penal y alternativamente pide se señale que el impetrante de tutela no fue quien dilató el proceso, confundiendo esta jurisdicción constitucional como si fuese una instancia casacional, cuando existe amplia jurisprudencia constitucional que refiere que esta vía constitucional, únicamente se activa cuando exista vulneración a los derechos y garantías constitucionales; y, iii) El AS 311/2017, contiene una adecuada fundamentación respecto a los derechos y lo resuelto, observándose que existe una estructura de forma y fondo que permite alcanzar los motivos por los cuales se asumió dicha determinación, fundamentos que fueron desarrollados en forma clara y concisa.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- denegó
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- la jurisdicción constitucional se halla impedida de revisar la labor interpretativa efectuada por autoridades de la jurisdicción ordinaria; así como también se encuentra cohibida de valorar los elementos probatorios que fueron expuestos durante el litigio y que merecieron pronunciamiento previo durante el juzgamiento
- la justicia constitucional únicamente podrá revisar la interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales
- iii)
- en la medida en la que quien demanda tutela constitucional, cumpla con los requisitos o presupuestos establecidos por la jurisprudencia señalada en el acápite anterior, la jurisdicción constitucional podrá excepcionalmente verificar si el juzgador ordinario incurrió en lesión a derechos y garantías constitucionales al haberse apartado de los marcos de objetividad, razonabilidad y equidad al momento de interpretar la ley o valorar la prueba puesta a su conocimiento
- , no es posible exigir á esta jurisdicción un expreso pronunciamiento respecto a una supuesta falta de motivación, fundamentación y congruencia de un fallo judicial o administrativo, cuando la resolución que se cuestiona como lesiva de derechos y garantías constitucionales, deviene de una supuesta errónea interpretación de la legalidad ordinaria y/o una defectuosa valoración de la prueba, en la que no se ha cumplido con las reglas establecidas mediante la doctrina de las autorestricciones; un razonamiento contrario implica exigirle a la jurisdicción constitucional una actuación materialmente imposible, porque desde ya, la inobservancia de los presupuestos que habilitan a esta jurisdicción para realizar la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, así como la verificación de la valoración de la prueba, se traducen en esenciales a efectos de la revisión del contenido argumentativo del fallo en cuestión; por cuanto resulta ilógico que, ante el incumplimiento de los presupuestos exigidos para la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba, este tribunal no pueda emitir criterio alguno y que, sin embargo, aún así, debe pronunciarse respecto a la fundamentación del fallo cuyo contenido versa sobre la legalidad ordinaria y la valoración de la prueba, denunciados ante la instancia tutelar.
- se establece que en los casos en los cuales se impugnen resoluciones judiciales o administrativas denunciando falta de fundamentación, motivación y congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional se verá impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática
- se hace preciso complementar esta doctrina de las auto restricciones
- De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la jurisprudencia”
- III.2. Análisis del caso concreto
- Fragmento 19
- Fragmento 20
- CONFIRMAR