SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0659/2017-S2
Fecha: 03-Jul-2017
concedió
El Juez Público de Familia Cuarto del departamento de Santa Cruz, como Juzgado de garantías, mediante Resolución 03/2017 de 22 de mayo, cursante de fs. 206 vta. a 210 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la restitución inmediata de la accionante al bien inmueble, conforme a los siguientes fundamentos: i) Siendo que se presentó prueba documental consistente en denuncia policial, informe policial que ratifica estos hechos y las diligencias del Ministerio Público en fotocopias legalizadas, además de la confesión espontánea de los demandados en su intervención en la audiencia realizada, las que no quedan desvirtuadas con las fotocopias legalizadas otorgadas por el Ministerio Público sobre el Rechazo de la denuncia presentada por María Martha Hurtado Tomicha contra Yacira Gutiérrez Mejía; ii) La autoridad jurisdiccional consideró que las pruebas aportadas en especial la confesión espontánea de los demandados, son plenas, al estar probados los actos o medidas de hecho en que incurrió la parte demandada y el presidente de la junta vecinal, aclarándose que la acción tutelar no define el derecho propietario, sino solamente el derecho de la accionante a que se le respeten. El título propietario no justifica el despojo, ni la medida de hecho. Si los demandados consideran que tienen derecho de propiedad sobre el bien inmueble, deberán acudir a las vías jurisdiccionales que las leyes le otorgan y por ese medio tomar posesión de la totalidad del terreno en forma legal y amparada en la ley, pero de ninguna manera a través de medidas de hecho.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación de la acción
- I.2.2. Informe de la autoridad demandada
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III.
- De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE
- Asumiendo este entendimiento la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.1 precisó que: “ La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela
- Fragmento 11
- III.2. Sobre el derecho al debido proceso
- Fragmento 13
- III.3. La protección directa e inmediata otorgada en forma excepcional por la acción de amparo constitucional, ante la presencia de medidas de hecho estrechamente vinculado con el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia
- actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales. La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias
- Avasallamiento u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la pérdida o perturbación de la posesión o la mera tenencia del bien inmueble
- Acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria
- Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c), referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho
- III.4
- CONFIRMAR en todo