SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0797/2018-S4

En el municipio de Villazón del departamento de Potosí, fue imputado por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 25 de mayo de 2012, fecha en la cual se celebró su audiencia de medidas cautelares ante el Juzgado de Instrucción Mixto y Cautelar Segundo del referido departamento, teniendo detención preventiva en la carceleta local, ese mismo año, fue imputado por la comisión del delito de lesiones graves, debido a una pelea entre internos; por lo que, se ordenó su traslado al Centro Penitenciario Cantumarca Santo Domingo de Potosí. Posteriormente, conforme al informe de la Dirección General de Régimen Penitenciario 99/2013, se ordenó un nuevo traslado al Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz; empero, omitieron remitir la documental pertinente de su caso.

En base a dichos antecedentes, el encargado y delegado del PC-7 de régimen cerrado o de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, informó al Gobernador de dicho centro su difícil situación, al encontrarse abandonado por la administración de justicia, por ser oriundo de otro departamento, encontrándose alejado de su familia y porque no existiría documentación en relación a su prolongada detención, ya que en ningún momento se remitió la documentación correspondiente; pese haberse presentado notas en reiteradas oportunidades; sin embargo, no fueron atendidas.

El certificado de permanencia y conducta de 25 de abril de 2018, realizado por la sección Archivo de la Dirección del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, señaló que ingresó a dicho centro el 16 de febrero de 2013, en cumplimiento a la Resolución Administrativa (RA) 57/2013, pronunciada por la Dirección General de Régimen Penitenciario, habiendo cumplido a la fecha de emisión del citado certificado, cinco años, dos meses y nueve días solo en el indicado departamento; sin considerar que, estuvo recluido aproximadamente un año en el Centro Penitenciario de Cantumarca Santo Domingo de Potosí; asimismo cursa mandamiento de detención preventiva emitido por la autoridad judicial demandada en el proceso de robo agravado, al igual que un acta de audiencia, en la cual consta que se dispuso su traslado dentro del proceso por la presunta comisión del delito de lesiones graves.

Asimismo, dos certificaciones emitidas por el Número de Registro Judicial (NUREJ) del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de 6 de junio de 2018, establecen que revisada la base de datos en el sistema informático no existe ningún proceso de demandas en su contra en todo el distrito de Santa Cruz.