AUTO CONSTITUCIONAL 0110/2018-RCA
Fecha: 28-Feb-2018
I
Por memoriales presentados el 7 y 16 de noviembre de 2017, cursantes de fs. 4 a 8; y, 11 a 12 vta.; la accionante señala que dentro de la demanda laboral seguida en su contra por Patricia Rebeca Zabala Usnayo, se pronunció Sentencia por la que determinó el pago de Bs45 071,33.- (cuarenta y cinco mil setenta y uno 33/100 bolivianos), por concepto de pago de beneficios sociales y asignaciones familiares, encontrándose concluido y en ejecución de sentencia.
Refiere que, por Auto Interlocutorio de 13 de octubre de igual año, el Juez ahora demandado dispuso se libre mandamiento de apremio, si dentro del tercer día no se cancelaba la suma condenada, motivo por el cual, el 16 de ese mes y año presentó memorial solicitando la ampliación de plazo para el pago establecido, sin embargo el Juzgador hizo caso omiso; motivo por el que el 23 del mismo mes y año, pidió la corrección y desestimación del mandamiento de apremio, argumentando encontrarse en estado de gestación, e inclusive solicitó fotocopias legalizadas del expediente en su integridad, obteniendo como respuesta la modificación del Auto Interlocutorio mencionado en virtud a los arts. 4 y 56 del Código Procesal del Trabajo (CPT), sustituyendo la frase: “…hasta que ce cancele manteniéndose incólume en lo demás…”(sic), sin tomar en cuenta la ampliación solicitada, en pleno conocimiento de su estado de gravidez.
Posteriormente por escrito de 27 del citado mes y año, pidiendo fotocopias legalizadas de todo el expediente y además anunció la interposición de una acción de amparo constitucional, con la finalidad de que pueda evaluar de forma objetiva su situación de embarazo; empero, le fue negada, no sólo en cuanto a la extensión de fotocopias simples o legalizadas, sino a considerar se le otorgue un plazo para la cancelación de lo adeudado, vulnerando con ello sus derechos.
- acción de amparo constitucional
- I
- a)
- por no presentada
- I.6. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley
- es una acción de defensa de todas las garantías y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los pactos y tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado conforme se infiere de la previsión contenida en el art. 410 de la CPE, exceptuando los derechos a la libertad y a la vida, que están tutelados por la acción de libertad
- Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.
- la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física
- a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción
- el intérprete advierta que los contenidos de la demanda se acomodan más a la tramitación de otra acción de defensa (acción de libertad, de protección de privacidad, amparo constitucional, acción popular) y de esta manera pueda, al amparo de los principios de eficacia de los derechos fundamentales, economía procesal, prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo, pro actione y iura novit curia, reconducir la tramitación de la acción de cumplimiento a un proceso de acción de libertad, de protección de privacidad, amparo constitucional o acción popular, atendiendo ciertos requisitos a ser desarrollados por la jurisprudencia constitucional en el caso específico, donde se advierta la necesidad de reconducir su tramitación a otro proceso
- así se tiene que, no obstante las acciones de defensa tienen delimitados sus requisitos de admisibilidad así como un procedimiento específico y que en su tramitación, según la naturaleza de la acción de defensa invocada, deben exigirse la concurrencia de formalismos que ayudan a preservar su naturaleza excepcional, ello no significa que deba darse prioridad a estas formalidades, entendidas como una unidad, por encima de la esencia misma del sistema de control tutelar cuyo fin primordial es el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales, por lo cual deberá extenderse la comprensión del alcance de exigibilidad de estos requisitos, a fin de garantizar la tutela constitucional efectiva y la esencia de los procesos constitucionales
- Se preserve el derecho a la defensa de la parte demandada, es decir, que la misma haya tenido la oportunidad de contraponerse a la pretensión de la parte demandante; ejerciendo de modo sustancial su derecho de defensa, puesto que en ningún caso se puede habilitar la tutela de un derecho fundamental dejando desprotegido a otro de la misma clase.
- es decir, la reconducción sólo será posible si existe una necesidad apremiante de evitar la ocurrencia de un daño irreparable en los derechos fundamentales involucrados, aspecto que guarda relación con el principio de economía procesal y tutela judicial efectiva
- esto de ninguna manera se constituye en limitante alguna para que otras acciones de defensa también puedan ser reconducidas, pues, en todo caso, se debe atender a los fines esenciales de los procesos constitucionales que, en el caso de las acciones tutelares, como se tiene señalado, es el de respeto y vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; así como los principios de la función judicial y, en concreto, los principios procesales de la justicia constitucional que han sido precedentemente referidos
- toda vez que en base a los principios de eficacia de los derechos fundamentales, prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo, favorabilidad, pro actione, iura novit curia y justicia material consagrado en nuestra Ley Fundamental, los actos denunciados por el agraviado merecen un pronunciamiento en el fondo por la jurisdicción constitucional y no pasar de largo demandas de retardación de justicia y dilación vinculadas con la celeridad a la que se hallan constreñidas las autoridades judiciales en la tramitación de los procesos sometidos a su conocimiento en el marco de un debido proceso
- Teniéndose que, en los casos en que este Tribunal advierta la amenaza de vulneración de derechos fundamentales, denunciada en forma previa a