SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2018
Fecha: 14-Mar-2018
declarándose incompetente en razón a la materia
Tras recibir la demanda de nulidad de minuta y escritura pública, la Jueza Agroambiental del departamento de La Paz emitió el Auto 14/2017 de 22 de junio, declarándose incompetente en razón a la materia exponiendo los siguientes fundamentos: 1) Del informe de inspección y levantamiento geodésico de 30 de mayo de igual año, se tuvo que los lotes de terreno referidos por los demandantes del proceso de nulidad de minuta y escritura pública tienen características netamente urbanas y no existió actividad agraria o función social que se manifiesta por el trabajo de la tierra para la manutención de la familia; 2) Se evidenció que los predios referidos se encuentran en una área poblada que cuenta con servicios básicos como luz y agua, así como cordones de acera y otros, existiendo varias urbanizaciones en el lugar; y, 3) Conforme la jurisprudencia constitucional debió tomarse en cuenta a tiempo de determinar la competencia en razón a la materia, el destino de los lotes de terreno, por lo que si los mismos están destinados a vivienda el asunto debe ser de conocimiento de los jueces ordinarios y si estuvieran destinados a la producción agrícola el asunto corresponde ser resuelto por los juzgados agrarios.
- I.1. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción ordinaria
- se declaró sin competencia en razón a la materia
- I.2. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción agroambiental
- declarándose incompetente en razón a la materia
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. El conflicto de competencias entre las jurisdicciones ordinaria y agroambiental en razón de materia. Entendimiento reiterado
- por su parte, el art. 69.2 en concordancia con el art. 69.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), otorga competencia a los juzgados públicos en materia civil y comercial para conocer: '…demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores…'; en cambio, el art. 39.8 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), modificado por el art. 23 de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, otorga a los jueces agrarios -ahora agroambientales- la competencia de 'Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria'
- '…a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios
- debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas; razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional, sin embargo este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado cuando en el art. 397.I establece que: 'El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad'. En este sentido la función social está definida en el art. 397.II de la norma fundamental '
- concluir que para dirimir la controversia competencial entre la jurisdicción ordinaria y jurisdicción agroambiental en razón de materia sobre la delimitación de la competencia en acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles en el área urbana o rural
- por lo mismo, este entendimiento se mantiene firme, claro está, complementado y modulado con el asumido en la SC 0378/2006-R.
- 1)
- sostiene que la Ordenanza Municipal homologada por Resolución Suprema no puede ser un único criterio rector,
- discernimiento que como se tiene apuntado precedentemente no condice con los mandatos de los arts. 136, 165 y 166 de la CPE, puesto que la autoridad judicial frente a semejante disyuntiva, a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código civil y la competencia será de los jueces ordinarios;
- 2)
- III.2. Análisis del caso concreto
- COMPETENTE