a)
a) Las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio en virtud al principio de eficacia jurídica de las resoluciones judiciales o administrativas, por cuanto persigue la materialización del derecho de acceso a la justicia y en razón a que el caso concreto encuentra su realización efectiva con el cumplimiento de la determinaciones asumidas en el fallo constitucional, en procura del restablecimiento de los derechos afectados, toda vez que la inejecución o una ejecución parcial o tardía acarrea la trasgresión de los derechos fundamentales de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva.