Auto Constitucional Plurinacional 0027/2018-O de 28 de mayo

Sin embargo, en razón a la acción constitucional formulada -acción de inconstitucionalidad concreta-, que implica el ejercicio del control de constitucionalidad normativo por parte de este Tribunal, correspondía que se considere la jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal a partir del art. 16.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto de la queja por incumplimiento de Sentencia Constitucional Plurinacional, que sostiene: “…las reglas de un debido proceso aplicables a la etapa de ejecución de fallos por denuncias referentes a quejas por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares. En este contexto, en esta etapa procesal, el juez o tribunal de garantías que conoció la acción tutelar, una vez conocida la queja por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinte cuatro horas desde el conocimiento de este mecanismo, solicitará informe y demás medidas o documentación pertinente a la autoridad o particular obligado a cumplir una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, quien deberá remitir lo solicitado ante el juez o tribunal de garantías, en un plazo no mayor a tres días, para que en primera instancia, el juez o tribunal de garantías, establezca la demora o incumplimiento en la ejecución de una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, si fuera el caso” (AC 0015/2013-O de 20 de noviembre); es decir, que la queja por incumplimiento es el mecanismo que tiene alguna de las partes dentro de una acción de defensa para hacer cumplir lo dispuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional y que cuenta con calidad de cosa juzgada, de ahí que el citado Auto Constitucional y otros, han reiterado esa posición.