VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0337/2018-S2

           En síntesis, de la jurisprudencia glosada, se establece que como una manifestación del derecho a la defensa material, el procesado goza de la garantía jurisdiccional prevista en el art. 115.I de la CPE, que prescribe que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; lo que implica que el acceso a la justicia, comprende el derecho a conocer los cargos o antecedentes que motivan su procesamiento; a ser escuchado en proceso; a presentar las pruebas que estime pertinentes en su descargo; hacer uso de los recursos; impugnar las resoluciones que consideran lesivas a sus intereses. Por lo que, las autoridades judiciales tienen la obligación de asegurar la presencia del imputado en todos los actos del proceso penal que se le sigue; y, la prohibición de sustanciar algún asunto sin conocimiento del procesado.