AUTO CONSTITUCIONAL 0349/2018-RCA

Por memorial presentado el 1 de agosto de 2018, cursante de fs. 162 a 169, el accionante manifiesta que, mediante nota al SEDES-Beni exigió explicación cuando trataron de notificarle con el Memorando SEDES RRHH-IN-N 466/2017 de 15 de diciembre, de despedido injustificado, sin considerar que se desempeñó por más de siete años como médico institucionalizado de la misma; cuyo Director, mediante Resolución de 28 de diciembre de 2017, en respuesta desconoció su referida condición, aduciendo que sería funcionario provisorio, esto lo indujo a presentar recurso de revocatoria, en mérito al cual emergió la Resolución de 23 de enero de 2018, confirmando su despido con similares argumentos negativos; por ello, también reclamó en grado jerárquico, recurso que se absolvió por Resolución GAD-BE 01/2018 de 3 de mayo, ratificando la anterior determinación y manteniendo en su contra aquellas invocaciones que  pretenden cambiar la realidad, negando su consabida designación lograda a través de concurso de méritos y examen de competencia.         

Agrega que, los actos denunciados violentan su derecho a la estabilidad laboral, inclusive al haberle conminado a acreditar con documentación, relativa a la culminación del indicado proceso de institucionalización, que según versión del SEDES-Beni, en contradicción con la Resolución Ministerial  (RM) 0661 de 28 de junio de 2010, fue declarado nulo de pleno derecho; cuando bien se sabe que la requerida nulidad, no debió proceder de oficio, sino acorde a la previsión contenida en el art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); sin embargo, intentan endilgarle irregularidades, sin reconocer que estas se suscitaron por la propia negligencia e incongruencia de sus autoridades, sin explicar la carencia de valoración de la prueba, afectando los parámetros de razonabilidad y equidad, al tratarse de un despido arbitrario, sobre todo llegando al extremo del extravío de la documentación extrañada, para luego en un afán digitado, violentar en cada una de sus actuaciones, sus principales derechos constitucionales como son al trabajo, a la justa remuneración y al debido proceso.