SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1003/2019-S2
Fecha: 21-Nov-2019
denegó
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 03/2019 de 19 de julio, cursante de fs. 67 vta. a 69 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de obrados se tiene la existencia de dos proceso penales con los mismos sujetos procesales, pero con diferentes tipos penales; 2) A efectos de enervar la vigencia del 234.8 del CPP por actividad lícita reiterada y la consiguiente obtención de la cesación a la detención preventiva, se tiene interposición de un incidente de conexitud, por parte de Margarita García Caceres, mismo que fue declarado no ha lugar por el Juez de Instrucción Penal Primero, mediante Resolució de 12 de febrero de 2019, determinación contra la cual, el 13 de marzo de 2019 se presentó recurso de apelación incidental; sin embargo, de la revisión de obrados no se advierte que la referida impugnación hubiere sido remitida a la Sala Penal Segunda; 3) Al respecto, los hoy accionantes debieron haber hecho la representación correspondiente a la Sala Penal Segunda y de esa manera agotar los correspondientes antes de interponer la presente acción de defensa; y, 4) En ese sentido, tampoco se ha evidenciado el incumplimiento o vencimiento del plazo de diez días.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- denegó
- Fragmento 5
- II.1
- III.1. El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso
- El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuesto por la norma legal
- el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica
- la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia.
- una decisión judicial tardía, aún cuando los conflictos hayan sido resueltos, resulta una injusticia
- una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal, implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal, que puede dar lugar incluso, a la conclusión del proceso cuando los jueces y tribunales de justicia no dirigen e impulsan su tramitación hacia su conclusión dentro de un plazo razonable; toda vez que ellos tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, pues obrar en forma tardía o lenta en contra de las normas estatuidas no es administrar justicia
- las autoridades que imparten justicia deben acatar el principio de celeridad en el cumplimiento de sus funciones a fin de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, pues la inobservancia de este principio procesal, deriva ineludiblemente en la vulneración al debido proceso y, por ende, conforme al sustento expuesto anteriormente, al acceso a la justicia y la seguridad jurídica que deben considerarse como los principales elementos garantes del proceso penal
- la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos,
- definiéndolo como aquel a través del cual: ´…se busca (es) acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad
- el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad
- Fragmento 17
- III.3. Análisis del caso concreto
- REVOCAR