SCP 1242/2019-S1

De estos antecedentes, se establece que ciertamente el peticionante de tutela prestó servicios en la institución demandada, relación laboral que habría finalizado el 31 de diciembre de 2017, a cuya conclusión el accionante efectuó el cobro de sus beneficios sociales conforme consta del Finiquito de 15 de enero de 2018, cursante a fs. 9 y vta., dado que recibió a su entera conformidad el pago de sus beneficios sociales; en consecuencia, el impetrante de tutela optó por el cobro de sus beneficios sociales, entendiéndose que está de acuerdo con su desvinculación laboral y por tal motivo, resulta excluyente la solicitud paralela de su reincorporación, haciendo improcedente la acción de amparo constitucional. Así lo estableció la SCP 0507/2016-S3 de 3 de mayo, al sostener que el presente mecanismo de defensa se torna improcedente en caso de darse el cobro de beneficios sociales, indicando que: “La naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, señala que este medio de defensa tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, sea contra actos ilegales u omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir; empero, en los casos vinculados a los despidos injustificados e intempestivos, cuando el trabajador cesado, solicita su reincorporación habiendo optado previamente por el cobro de sus beneficios sociales, incurre en una pretensión que no puede ser amparada por la justicia constitucional; toda vez que, al haber optado por el pago de sus beneficios, se tiene que tácitamente se encuentra de acuerdo con su desvinculación laboral” (lo resaltado fue añadido); por lo que, correspondía denegar la tutela solicitada sin efectuar mayor análisis.

Por otra parte, se debió considerar que por memorial presentado el 5 de diciembre de 2018, la UMSS hizo conocer a este Tribunal fotocopia legalizada de la Resolución Ministerial (RM) 1277/18 de 26 de noviembre de 2018 pronunciada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la cual revocó totalmente la RA 267/A-2018 y confirmó en su totalidad la Resolución de 14 de junio de igual año; y, teniendo en cuenta que el presente expediente fue sorteado el 26 de marzo de 2019; es decir, con posterioridad a la presentación de la referida Resolución Ministerial, cabe tomar en cuenta dicha documental en consideración a que mediante esa, se determinó dejar sin efecto la reincorporación del peticionante de tutela al cargo que desempeñaba y el pago de salarios y demás derechos laborales; por cuanto, la misma implica que dicha decisión se torna en inejecutable al haber desaparecido el objeto de tutela de la presente acción de defensa; es decir, la revocatoria de la RA 267/A-2018 conlleva la desaparición del motivo u objeto de la interposición de esta acción tutelar, no existiendo derechos a ser resguardados mediante el presente mecanismo de defensa; por lo que, no resultaba posible conceder la tutela invocada.