SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0592/2019-S2

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 22 de 27 de febrero de 2019, cursante de fs. 56 vta. a 58, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión de 7 de mayo de 2018, emitido por la Fiscal Sonia Zamorano Cuellar, como también la Resolución de misma fecha signada con el “FISSSZ” (sic) 1802004/2018, sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) Conforme al art. 310 del CPP, señala: “Esta excepción podrá promoverse ante el juez o tribunal que se considere competente, o ante el juez o tribunal que se considere incompetente y que conoce el proceso. En el último caso deberá resolverse antes que cualquier otra excepción; se aplicarán las disposiciones procesales civiles relativas a la inhibitoria y declinatoria”, de este extremo legal procedimental taxativamente indica y en constatación con los actuados y antecedentes traídos como hecho vulnerador a la libertad del accionante, existe una declaratoria de incompetencia de la autoridad en materia penal, y al determinarse tal materia, el Ministerio Público, como la autoridad jurisdiccional han perdido la competencia legal completa; 2) Las citadas autoridades no pueden realizar actos procesales dentro del caso, toda vez que el mismo ha sido excluido por razón en materia de jurisdicción y competencia específica y ha sido derivada en otra materia, que sería la civil y comercial siendo la competente para proseguir el caso conforme a procedimiento especial; 3) De acuerdo a lo expresado, el art. 122 de la CPE señala: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”, por lo considerado y expuesto, este Tribunal de garantías, determina que la autoridad jurisdiccional en materia penal, al momento de resolver su declaratoria de incompetencia y seguidamente resolver la cancelación de la anotación preventiva de bienes, debió resolver y dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión del ahora accionante, lo cual debió ser en ese mismo acto, ya que se había declarado la incompetencia y mandamiento de aprehensión no tiene razón de ser, tampoco pesa sustento jurídico penal; toda vez que, su origen fue otorgado en el ámbito penal el cual ha desaparecido, con la declaratoria de incompetencia; y, 4) Al no haberse dejado sin efecto mandamiento de aprehensión, deja activa cualquier ejecución arbitraria por la autoridad competente -Policía Nacional- y en tal sentido la autoridad jurisdiccional hoy demandada incurrió en la vulneración del derecho a la libertad, por lo que se otorga la tutela solicitada al  accionante.