0063/2019

El principio de supremacía constitucional, previsto en el art. 410.II de la CPE, señala: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”, de igual manera conforme a dicha norma, el principio de jerarquía normativa; también supone una gradación de normas, encontrándose en la cúspide -como se tiene señalado la Constitución Política del Estado y por debajo la legislación nacional, departamental y municipal, en ese orden y con menor jerarquía se tienen: los decretos reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. En ese sentido, se entenderá que de acuerdo a la gradación determinada por la Norma Suprema, la Ley Municipal tiene prevalencia frente a cualquier otra normativa inferior, principalmente ante documentos que resultan de actos o funciones del ente deliberativo.

Con relación a los alcances del citado principio, la SC 0072/2004 de 16 de julio, manifestó que:”…significa que una disposición legal sólo puede ser modificada o cambiada mediante otra disposición legal de igual o superior jerarquía, en ningún caso una disposición legal inferior puede modificar a otra de jerarquía superior; así, por ejemplo, una Ley no puede ser modificada mediante Decreto Supremo, y éste no puede ser modificado mediante una Resolución. Precisamente en el resguardo del principio fundamental de la jerarquía normativa, así como de la seguridad jurídica, la norma (…) dispone que es potestad del Poder Legislativo el dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas”.