SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0011/2020
Fecha: 27-Jul-2020
I.2. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción agroambiental
Habiéndose remitido la demanda de entrega de bien inmueble ante la Jueza Agroambiental de Samaipata del departamento de Santa Cruz, esta emitió el Auto 62/2018 de 30 de julio, por el que resolvió declararse incompetente para conocer la causa en cuestión, argumentando que si bien los jueces agroambientales ostentan la competencia para conocer los procesos conforme a la facultad otorgada por el art. 39 de la LSNRA modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, no es menos cierto que la misma se refiere a fundos rurales, rústicos, agrarios, no así a terrenos urbanos.
En ese entendido, explicó que en el caso en análisis el bien inmueble objeto de la demanda tenía características plenas de urbanidad, siendo que corresponde a un lote de terreno de 826,00 m2 ubicado en “…Calle Arenales, Zona AM-38 esc: 1800 de la localidad de Mairana…” (sic), área urbanizada de acuerdo al plano emitido por la sección de Catastro Municipal de dicho municipio, no existiendo indicios de actividad agraria en el mismo.
- I.1. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción ordinaria civil
- I.2. Antecedentes procesales sustanciados ante la jurisdicción agroambiental
- I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. El conflicto de competencias entre las jurisdicciones ordinaria y agroambiental en razón de materia. Entendimiento reiterado
- por su parte, el art. 69.2 en concordancia con el art. 69.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), otorga competencia a los juzgados públicos en materia civil y comercial para conocer: '…demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores…'; en cambio, el art. 39.8 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), modificado por el art. 23 de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, otorga a los jueces agrarios -ahora agroambientales- la competencia de 'Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria'
- a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios
- debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas; razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional, sin embargo este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado cuando en el art. 397.I establece que: 'El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad'. En este sentido la función social está definida en el art. 397.II de la norma fundamental '
- concluir que para dirimir la controversia competencial entre la jurisdicción ordinaria y jurisdicción agroambiental en razón de materia sobre la delimitación de la competencia en acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles en el área urbana o rural
- por lo mismo, este entendimiento se mantiene firme, claro está, complementado y modulado con el asumido en la SC 0378/2006-R.
- 1)
- sostiene que la Ordenanza Municipal homologada por Resolución Suprema no puede ser un único criterio rector,
- discernimiento que como se tiene apuntado precedentemente no condice con los mandatos de los arts. 136, 165 y 166 de la CPE, puesto que la autoridad judicial frente a semejante disyuntiva, a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código civil y la competencia será de los jueces ordinarios;
- 2)
- III.2. Análisis del caso concreto
- no se evidencia alguna actividad agrícola ni productiva que se estuviera realizando o que se habría realizado en los últimos años
- COMPETENTE