SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0364/2020-S2

De los antecedentes remitidos a este Tribunal, se tiene que el impetrante de tutela es propietario del terreno denominado “San Joaquin”, inmueble registrado bajo Folio Real con Matrícula 7011050001899, con una superficie de 300.000 m²  (Conclusión II.1); del informe policial de 10 de junio de 2019 y muestrario fotográfico adjunto al mismo, se desprende que el investigador asignado al caso “…se constituyó al lugar de los hechos donde se pudo observar y verificar que existe una propiedad loteado con data reciente de alambrados unos supuestos lotes de terreno, donde el denunciante refiere ser propietario de esos predios con documentación legales registrados en derechos reales con la matrícula computarizada Nro. 7.01.1.05.0001899, pero refiere que a la cabeza de la denunciada AMPARO GUTIERREZ QUEZADA y otros, en una multitud de personas no identificadas habrían ingresado a la propiedad y procedieron a lotear la propiedad, haciendo alambrados repartiendo lotes (…) hago conocer que el en lugar se encontró a dos ciudadanos que se encuentran construyendo habitaciones precarias…” (sic [Conclusión II.2]); mediante requerimiento de 13 de junio de 2019, Walter Cisneros Colque, Fiscal de Materia, señaló audiencia de inspección ocular para el 18 de igual mes y año, en el  terreno denominado “San Joaquín” (Conclusión II.3); también, por informe policial de 10 de julio de igual año, de acuerdo a requerimiento de inspección ocular en el lugar de los hechos e impresiones fotográficas, se tiene que “…en fecha miércoles 05 de julio de 2019 años, a hrs. 15:30 p.m. el representante del Ministerio P[ú]blico Dr. WALTER CISNEROS COLQUE, el suscrito investigador nos constituimos al lugar de los hechos denunciados, ubicado en la urbanización san Martin, donde estuvieron presentes la parte denunciante acompañado de su abogado defensor, pero no compareció en el lugar de los hechos la denunciada AMPARO GUTIERREZ QUEZADA. Por lo que, el representante del Ministerio [Público] (…) instal[ó] la inspección ocular en el lugar de los hechos, procediendo a la verificación e inspección de todo el predio verificando las documentaciones adjuntadas en el cuaderno de las investigaciones…” (sic), donde se observó trabajos de construcción, alambrados, apertura de calles y desmonte (Conclusión II.4).

Así, corresponde señalar que los documentos descritos son pruebas que acreditan el derecho propietario del solicitante de tutela, que conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es un requisito indispensable que debe ser probado para el caso de medidas de hecho, más en aquellas situaciones en las que se trata de avasallamientos.