SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0761/2021-S4

El accionante denuncia la vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; así como el derecho a una tutela judicial efectiva porque: 1) La autoridad demandada, negó indebidamente la consideración de la excepción de prescripción que opuso, señalando que carecía de competencia, omitiendo el cumplimiento de jurisprudencia constitucional expresa; y, 2) En forma contradictoria, resolvió en el fondo sin fundamentar las razones por las que determinó declarar su responsabilidad en la comisión de la Falta Muy Grave atribuida, al no haber subsumido su conducta en los elementos constitutivos del tipo administrativo.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La tutela judicial efectiva

Respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, la jurisprudencia constitucional contiene entendimientos doctrinales y de normativa del bloque de constitucionalidad en relación a sus alcances, es así que la SCP 0938/2013 de 24 de junio, señaló que: “Sobre este tema, la autora Martha Rojas Álvarez, ha señalado lo siguiente: ‘De manera general, se puede sostener que el derecho de acceso a la justicia, también denominado por la doctrina española como derecho a la tutela judicial efectiva, implica la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales y, que la Resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada.

Conforme a lo anotado, el derecho al acceso a la justicia podría ser analizado desde una triple perspectiva: 1. el acceso propiamente dicho, es decir la posibilidad de llegar al sistema judicial, sin que existan obstáculos para el ejercicio de dicho derecho, 2. lograr un pronunciamiento judicial que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieren cumplido con los requisitos de admisión que establece la ley, y 3. lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, pues si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida en que el fallo no se ejecute, el derecho de acceso a la justicia no estará satisfecho’.

(…)

Asimismo, el art. 25 de la referida Convención, en concordancia con el art. 8.1, establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales; disponiendo textualmente lo siguiente:

‘1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso’”.

III.2. Sobre los principios, garantías y valores constitucionales en los procesos disciplinarios

En términos generales, el derecho disciplinario comparte con el derecho penal un conjunto de elementos, pues ambos son manifestaciones de la potestad sancionadora del Estado; sin embargo, existen ciertas diferencias por su especificidad, debido a que el primero, tiene como finalidad el óptimo funcionamiento de las ramas y órganos del Estado; así como el correcto desempeño de los funcionarios Públicos, mientras que el segundo, protege bienes jurídicos determinados, así el derecho disciplinario, no se rige por el principio dispositivo, al contrario, muchas de sus actuaciones se ejecutan de oficio, y como todo proceso se encuentra fundado en principios y valores constitucionales que garanticen el debido proceso; es decir, la materialización de los derechos a la defensa y de contradicción y controversia de la prueba; así como los principios de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, publicidad, doble instancia, presunción de inocencia, imparcialidad, non bis in ídem, cosa juzgada, prohibición de la reformatio in pejus, todos consagrados por la norma suprema y también por los distintos instrumentos internacionales aplicables en la legislación interna a través del Bloque de Constitucionalidad.

A ellos, se añade el principio de verdad material, cuyo contenido constitucional reconocido en el art. 180.I de la CPE, implica la superación de la dependencia de la verdad formal, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano o de definir sus derechos y obligaciones.

Resulta relevante también mencionar, que el proceso disciplinario se inicia por propia iniciativa o como consecuencia de una denuncia y la carga de la prueba de los hechos alegados, por lo que, corresponde al Órgano Disciplinario otorgar el impulso procesal; por el que, las autoridades disciplinarias, en forma independiente de la actividad de las partes, tienen a su cargo la responsabilidad de adoptar las medidas orientadas a la tramitación constante del proceso hasta su finalización, evitando dilaciones y retardaciones que hagan inefectivo e injusto un fallo emitido fuera de los plazos legales.

En esta tramitación, resulta de vital importancia, la aplicación de la garantía constitucional de ser sometido a un proceso dentro de un plazo razonable, reconocida por el arts. 115 de la CPE; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14.3 inc. c) PIDCP, aplicándose tanto a la solución jurisdiccional de una controversia como a la diligencia en la ejecución de los fallos judiciales; es decir, que se trata de un presupuesto imprescindible del debido proceso para obtener una pronta y justa respuesta y/o resolución y su ejecución.

III.3. Respecto a la prescripción de los procesos disciplinarios en el Ministerio Público

La prescripción extintiva prevista por el art. 48 del Reglamento del Régimen Disciplinario del Ministerio Público, aprobado por Resolución FGE/RJGP 019/2013 de 12 de abril, aplicable por expresa previsión de la Disposición final segunda del Reglamento vigente desde el 24 de enero de 2020, es una forma de extinción de la facultad punitiva disciplinaria del Ministerio Público, y tiene como finalidad la consolidación de circunstancias o situaciones jurídicas que por el transcurso del tiempo, pueden llegar a transformarse en situaciones de inseguridad o incertidumbre.

En cuanto a la oportunidad e instancia en la que puede ser planteada, la SCP 0241/S4 de 2 de junio, señala que: “…Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, El juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos”.

Consecuentemente, se concluye que la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, correspondiendo aclarar que al no estar prevista la caducidad por duración máxima del proceso disciplinario en el Ministerio Público, la prescripción de la acción disciplinaria podrá ser interpuesta en cualquier instancia hasta antes de la ejecutoria de la resolución que ponga fin al proceso.

III.4. Obligatoriedad de verificación de oficio de la prescripción en procesos disciplinarios

Sobre el punto, la SCP 0241/2021-S4 de 10 de junio, al resolver similar temática en los procesos disciplinarios del Órgano Judicial, señaló lo que sigue: “…De todo lo señalado precedentemente, se puede establecer que los procesos disciplinarios como manifestación de la potestad sancionadora del Estado; se encuentran revestidos de principios y valores constitucionales que deben garantizar la materialización del debido proceso. En la jurisdicción ordinaria, agroambiental y en las jurisdicciones especializadas, además de responder a dichos principios constitucionales, deben garantizar también, la independencia judicial de manera que se sancionan las infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones más no se revisa ni emite criterio ni sanción, respecto al contenido de los fallos de los operadores de justicia, cuya impugnación está reservada a las partes en ejercicio de su derecho de impugnación.

Pues si bien, el Reglamento del Régimen Disciplinario para el Personal Judicial de la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, reconoce expresamente el debido proceso como el marco en el que deben desarrollarse los procesos disciplinarios a su cargo; es decir, que además de los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, non bis in ídem, verdad material, informalismo se reconoce también, el derecho a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, de conformidad con la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Convenios, Tratados y normativa internacional sobre derechos humanos.

En ese entendido, uno de los medios de defensa reconocidos por el art. 207 de la LOJ, es la prescripción que puede ser opuesta en el marco del señalado derecho a la justicia pronta y oportuna, observando el procedimiento señalado por el art. 30.I del Reglamento de los Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental; es decir, en el plazo de cinco días como prevé el art. 47.I.5 de la misma disposición reglamentaria.

La norma legal señalada encuentra concordancia con el art. 109.I del Reglamento en análisis, en cuyo contenido establece la prescripción y la cosa juzgada, como medios de defensa, y condiciona su ejercicio a que solo serán procedentes a solicitud expresa del disciplinado, siempre que sean presentadas conjuntamente con el informe circunstanciado, previéndose también que en caso de extemporaneidad, la solicitud será rechazada.

No obstante lo señalado, dicha normativa reglamentaria no puede ser apartada ni aislada del cumplimiento de los principios constitucionales, entre ellos al contenido en el art. 8 de la CADH, en cuyo contenido, en lo relativo a las garantías constitucionales, establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; en virtud a lo cual, todo procedimiento administrativo disciplinario tramitado en el Órgano Judicial; debe dar prevalencia a los principios de verdad material sobre la verdad formal, así como el informalismo, y especialmente, el pro actione y pro homine; así como el derecho a la justicia pronta y oportuna y a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de manera tal, que siendo la excepción de prescripción, un medio de defensa orientado a la extinción de la acción; nada obstaculiza ni limita a que, aun cuando las partes no hubieran hecho uso efectivo y oportuno de la excepción contenida en los artículos glosados precedentemente; las autoridades a cargo de la tramitación de los proceso disciplinarios, cuiden estrictamente el cumplimiento de los plazos procesales, dado que ninguna persona puede ser sometida a un proceso, de manera indefinida o dilatoria, más allá de los tiempos permitidos por ley, extremo que se materializa en el sometimiento a un proceso dentro de un plazo razonable.

Es así, que en cada etapa del proceso disciplinario, las autoridades a cargo de su tramitación, están obligadas a verificar si en las causas sometidas a su conocimiento, las pruebas presentadas sustentan materialmente la acusación y si las mismas se encuentran vigentes, o por el contrario, prescribieron, como elemento no solo sancionador, sino también protectivo de la función; pues tal como se señaló precedentemente, debe desarrollarse en un plazo razonable en el que prime la verdad material.

Entonces, si bien la Ley del Órgano Judicial, como el Reglamento de Proceso Disciplinario analizados otorgan un plazo de cinco días para la activación de la excepción de prescripción, entre otras, ésta se encuentra otorgada de forma limitada y restrictiva a las partes procesales, sin embargo, ello no impide que la autoridad disciplinaria pueda revisar la prescripción de oficio, durante la tramitación de todo el proceso, como instituto emergente de ser procesado dentro de un plazo razonable; concluyendo de ello, que corresponde su control en todas las fases o etapas del proceso; y por tanto, a todas las autoridades que a su turno, conozcan y tramiten el mismo…”.

Entendimiento que se considera aplicable a los proces os disciplinarios del Ministerio Público, en razón de que la norma establecida en el art. 48 del Reglamento del Régimen Disciplinario del Ministerio Público, aprobado por Resolución FGE/RJGP 019/2013 de 12 de abril, aplicable por expresa previsión de la Disposición final segunda del Reglamento vigente desde el 24 de enero de 2020; no puede ser apartada ni aislada del cumplimiento de los principios constitucionales, entre ellos al contenido en el art. 8 de la CADH, en cuyo contenido, en lo relativo a las garantías constitucionales, establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; en virtud a lo cual, todo procedimiento administrativo disciplinario debe dar prevalencia a los principios de verdad material sobre la verdad formal, así como el informalismo, y especialmente, el pro actione y pro homine; así como el derecho a la justicia pronta y oportuna y a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

En ese marco, se concluye que la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal por prescripción, la autoridad administrativa donde radica la causa principal, ante quien podrá oponerse la prescripción de la acción hasta antes de la ejecutoria de la resolución que ponga fin al proceso. Adicionalmente, siendo la excepción de prescripción, un medio de defensa orientado a la extinción de la acción; nada obstaculiza ni limita a que, aun cuando las partes no hubieran hecho uso efectivo y oportuno de la excepción contenida en los artículos glosados precedentemente; las autoridades a cargo de la tramitación de los proceso disciplinarios, cuiden estrictamente el cumplimiento de los plazos procesales, dado que ninguna persona puede ser sometida a un proceso, de manera indefinida o dilatoria.

III.4. Análisis del caso concreto

III.4.1. Cuestión previa

En su informe, la autoridad demandada, a través de sus representantes legales señaló que la acción de amparo constitucional presentada sería improcedente porque la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 027/2020, impugnada en la presente acción de defensa, es producto del cumplimiento de lo determinado por el Tribunal de Garantías en la Resolución 01/2019, pronunciada en respuesta a la acción de amparo constitucional presentada por José Alexander Osinaga Ribera y Osmar Arias Villarroel impugnando la Resolución Sumaria 04/2018; y, la Resolución FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 159/2018, por vulneración del principio de inmediación.

La revisión de antecedentes informa que por Resolución 01/2019, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de Garantías, se constituyó en audiencia para la consideración y resolución de la acción de amparo constitucional planteada por José Alexander Osinaga Ribera y Osman Arias Villarroel, oportunidad en la que se pronunció la Resolución 01/2019; por la que, se dejó sin efecto, la señalada la Resolución FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 159/2018; y, como consecuencia, la Resolución Sumaria 04/2018.

En cumplimiento de la Resolución del Tribunal de Garantías, se emitió la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 011/2019, por la que Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado, anuló obrados hasta la Resolución 04/2018 inclusive; y, dispuso que la Autoridad Sumariante realice nuevamente la audiencia sumaria hasta su conclusión; concluyéndose que con dicho acto administrativo disciplinario, se cumplió lo ordenado por el Tribunal de Garantías; en consecuencia, los actuados posteriores a partir de la Resolución Sumaria Absolutoria 04/2019 hasta la emisión de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 027/2020, impugnada en la presente acción de amparo constitucional, no pueden ser considerados como vinculados a la indicada Resolución constitucional.

Con la aclaración precedente, corresponde ingresar a resolver en el fondo, la acción de amparo constitucional venida en revisión.

III.4.2. Análisis de fondo

El accionante denuncia la vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; así como el derecho a una tutela judicial efectiva porque: 1) La autoridad demandada, negó indebidamente la consideración de la excepción de prescripción que opuso, señalando que carecía de competencia, omitiendo el cumplimiento de jurisprudencia constitucional expresa; y, 2) En forma contradictoria, resolvió en el fondo sin fundamentar las razones por las que determinó declarar su responsabilidad en la comisión de la Falta Muy Grave atribuida, al no haber subsumido su conducta en los elementos constitutivos del tipo administrativo.

A raíz de la denuncia presentada el 28 de noviembre de 2016, por Luis Guillermo Gutiérrez Fleig, la Autoridad Sumariante de Santa Cruz y Pando, mediante Resolución de Apertura 47/2016 de 30 del mismo mes y año, admitió la misma y dispuso la apertura de proceso disciplinario contra los Fiscales de Materia Osman Arias Villarroel y José Alexander Osinaga Ribera −ahora accionante−, por la probable comisión de las faltas disciplinarias previstas en art. 121.6 y 18 de la LOMP; es decir, por formular imputación o acusación formal sobre la base de prueba obtenida en violación a derechos fundamentales y/o garantías jurisdiccionales; y, por dictar resoluciones indebidas o insuficientemente fundadas con el fin de perjudicar o beneficiar a una de las partes, proceso que concluyó con la Resolución Sumaria Absolutoria 04/2017, que declaró que el impetrante de tutela no tenía responsabilidad en las indicadas faltas, la cual fue anulada por la Resolución FGE/RART/DAJ/RJ-PD 057/2017 de 12 de julio.

A partir de ese momento, se sucedieron varias resoluciones pronunciadas, tanto por la Autoridad Sumariante, como por la Autoridad Jerárquica; es decir, por el Fiscal General del Estado. Así la Resolución Sumaria 22/2017 de 11 de diciembre; la Resolución FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 32/2018 de 7 de marzo; y la Resolución Sancionatoria 04/2018 de 20 de julio, la Resolución FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 159/2018 de 25 de septiembre (ambas dejadas sin efecto por Resolución del Tribunal de garantías); pronunciándose la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 011/2019 de 13 de febrero, que nuevamente anuló obrados hasta la Resolución 04/2018 de 20 de julio inclusive y dispuso que la Autoridad Sumariante realice nuevamente la audiencia sumaria hasta su conclusión.

Una vez tramitada la audiencia, se emitió la Resolución Sumaria Absolutoria 04/2019 de 3 de junio, a través de la que la Autoridad Sumariante declaró la no responsabilidad de los Fiscales de Materia procesados; empero, el denunciante planteó recurso jerárquico solicitando su revocatoria, emitiéndose en esta ocasión la Resolución Jerárquica FGE/AMNMC/DAJ/RJ-PD 048/2019 de 11 de julio, por la que se anuló la Resolución del Sumariante.

En cumplimiento de lo dispuesto, se emitió la Resolución Sumaria Absolutoria 08/2019 de 9 de agosto, que declaró que no era responsable de las faltas disciplinarias atribuidas, acto administrativo disciplinario que fue anulado por Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 079/2019 de 23 de octubre.

Finalmente, el 2 de diciembre de 2019, se pronunció la Resolución Sumaria Absolutoria 15/2019, a través de la cual, la Autoridad Sumariante declaró que el solicitante de tutela no era responsable de la comisión de las faltas atribuidas, resultando evidente que el expediente administrativo fue remitido a la instancia jerárquica a raíz del recurso presentado por el denunciante, oportunidad en la que, el ahora impetrante de tutela, por memorial presentado el 7 de enero de 2020, opuso excepción de prescripción.

Ambas pretensiones; es decir, el recurso jerárquico del denunciante y la excepción de prescripción opuesta por el solicitante de tutela, fueron consideradas y resueltas en la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 027/2020 de 27 de febrero; por la que, el Fiscal General del Estado, hoy demandado, determinó: i) Declarar inadmisible la excepción de prescripción planteada ante la autoridad jerárquica; ii) Revocar parcialmente la Resolución absolutoria impugnada y en el fondo, declaró su responsabilidad en la comisión de la falta tipificada por el art. 121.18 de la LOMP; y, iii) Imponer la sanción de destitución y consiguiente retiro de la Carrera Fiscal.

El fundamento expuesto, por la autoridad demanda respecto de la excepción de prescripción fue el siguiente: a) José Alexander Osinaga Ribera, se adhirió a la excepción de prescripción planteada por Osman Arias Villarroel el 5 de abril de 2019, la cual fue rechazada por Auto de 3 de junio del mismo año, en audiencia sumaria, la cual no fue recurrida adquiriendo valor de cosa juzgada; y, b) Asimismo, el Fiscal General del Estado, no tiene competencia para resolver en la instancia jerárquica.

Sobre dicho primer punto, se considera que la prescripción extintiva prevista por el art. 48 del Reglamento del Régimen Disciplinario del Ministerio Público, aprobado por Resolución FGE/RJGP 019/2013 de 12 de abril, aplicable por expresa previsión de la Disposición Final Segunda del Reglamento vigente desde el 24 de enero de 2020, como forma de extinción de la facultad punitiva disciplinaria del Ministerio Público, tiene como finalidad la consolidación de circunstancias o situaciones jurídicas que por el transcurso del tiempo, pueden llegar a transformarse en situaciones de inseguridad o incertidumbre, en ese contexto, puede ser planteada conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente sentencia constitucional plurinacional, en cualquier instancia hasta antes de la ejecutoria de la resolución que ponga fin al proceso, aun de oficio; en consecuencia, la autoridad competente para asumir conocimiento y resolver la pretensión de prescripción, es aquella donde se encuentra radicado el proceso disciplinario, de manera que el criterio expuesto por el Fiscal General del Estado demandado, es erróneo.

Asimismo, se tiene que la citada norma contenida en el art. 48 del Reglamento del Régimen Disciplinario del Ministerio Público, aprobado por Resolución FGE/RJGP 019/2013 de 12 de abril, aplicable por expresa previsión de la Disposición Final Segunda del Reglamento vigente desde el 24 de enero de 2020; no puede ser apartada ni aislada del cumplimiento de las garantías constitucionales, que establecen que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; en virtud a lo cual, todo procedimiento administrativo disciplinario debe dar prevalencia a los principios de verdad material sobre la verdad formal; así como el informalismo, y especialmente, el pro actione y pro homine; así también el derecho a la justicia pronta y oportuna y a ser juzgado dentro de un plazo razonable; de esa forma, tampoco puede argüirse la existencia de resolución previa denegatoria de la prescripción; puesto que, no habiendo concluido el proceso con resolución firme, es posible su planteamiento.

Consecuentemente, resulta evidente que la negativa a considerar la excepción de prescripción opuesta por el ahora accionante, en la instancia jerárquica, resulta vulneratoria del derecho a la tutela judicial, porque restringió al hoy impetrante de tutela, de su derecho a lograr un pronunciamiento que solucione el conflicto o tutele el derecho a ser procesado en tiempo razonable, considerándose que el proceso disciplinario fue iniciado mediante Resolución de Apertura 47/2016 de 30 de noviembre de 2016, del mismo mes y año, produciéndose varias nulidades procesales que impidieron la resolución del proceso disciplinario, por causas ajenas al solicitante de tutela. A ello se añade que, siendo la excepción de prescripción, un medio de defensa orientado a la extinción de la acción; nada obstaculiza ni limita a que, aun cuando las partes no hubieran hecho uso efectivo y oportuno de la excepción contenida en los artículos glosados precedentemente; las autoridades a cargo de la tramitación de los proceso disciplinarios, cuiden estrictamente el cumplimiento de los plazos procesales, dado que ninguna persona puede ser sometida a un proceso, de manera indefinida o dilatoria.

Las razones precedentemente expuestas, hacen innecesaria la consideración del segundo problema jurídico planteado por el accionante, relativo a la falta de motivación, fundamentación y congruencia de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 027/2020 de 27 de febrero, en cuanto a declarar su responsabilidad en la comisión de la Falta Muy Grave atribuida, al no haber subsumido su conducta en los elementos constitutivos del tipo administrativo, dada la nulidad del fallo impugnado; sin embargo, las autoridades a cargo de la resolución de los casos sometidos a su conocimiento, deben tener presente que todo fallo emitido en resolución de las causas, deben cumplir con los cánones mínimos exigidos por la jurisprudencia constitucional, en cuanto al debido proceso y a los elementos de motivación, fundamentación y congruencia.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, no efectuó un correcto análisis de los antecedentes.