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En autos, el requerimiento del Fiscal General de la República de 10 de agosto de 2004 concluye que los hechos denunciados no constituyen delito, por lo que dispone el rechazo de la denuncia, pidiendo respecto del sindicado Guido Rojas Villagomez la extinción de la acción penal. En consecuencia, no estando cumplida la condición constitucional exigida para iniciar proceso penal contra los sindicados, no puede la Corte Suprema de Justicia iniciar de oficio causa en su contra, ni declarar extinguida una acción penal que aún no ha comenzado
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