AS/0874/2022-RA

El recurrente advierte la concurrencia recursiva por dos situaciones: a) Un incidente de actividad procesal defectuosa, debido a que no se exhibió y menos se mostró físicamente las pruebas ofrecidas por las acusaciones fiscal y particular vulnerando el derecho a la defensa; y, b) La apelación parcial de la Sentencia respecto a la pena impuesta por no tener la debida fundamentación afectando el principio de proporcionalidad; en ese sentido, se tiene lo siguiente:

Refiere que en el desarrollo del juicio se precisó la concurrencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1616/2011-R de 11 de octubre, que prevé el deber de exhibir físicamente las pruebas y conocer su contenido, lo cual no ocurrió, conforme se fundamentó en apelación restringida a través de incidente “PUES LA SECRETARIA, ME NOTIFICA CON LA ACUSACIÓN, DONDE SI SE ENUMERA LA PRUEBAS OFECIDAS, PRINCIPALMENTE LAS LITERALES, PERO, PERO, NO SE ME LAS EXHIBE FÍSICAMENTE, DE MODO QUE DESCONOCIA SU CONTENIDO. EN OTRAS PALABRAS, LA SECRETARIA SE LAS GUARDA LA PRUEBAS Y SEGURAMENTE LAS ENSOBRA HASTA NUEVO AVISO O COMIENZO DEL JUICIO ORAL. Esto siendo que la enorme jurisprudencia constitucional, ha enseñado de la IMPORTANCIA DE ESTE ACTO, el mismo que SAI NO CUMPLE, VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES Y HACE A LA NULIDAD DEL un PROCESO, como además manda el Art. 343 del Pdto. Penal. Como podrá advertirse: NI SE LEVANTO EL ACTA ORDENADA, NI SE HA HECHO CONOCER LAS PRUEBAS. De modo que ASISTO A UN JUICIO SIN SABER DE QUE DEFENDERME, AL NO CONOCER EL CONTENIDO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL” (sic); ante la denuncia, refiere que el Auto de Vista impugnado no fundamenta su decisión, argumentando que no se reservó el derecho a la apelación, lo cual no es evidente, ya que consta en el registro del juicio oral, por otro lado, la Resolución recurrida advierte la inexistencia de norma que obligue a exhibir físicamente la prueba al acusado, pasando por alto la previsión de la SCP 1616/2011-R de 11 de octubre.

Denuncia que el Auto de Vista impugnado no observó que la Sentencia condenatoria resulta desproporcional, pues el Tribunal de juicio no consideró las atenuantes para imponer una pena menor, habida cuenta que las circunstancias en las que se ha cometido el delito cambiaron, conforme al principio de congruencia y la tipicidad al delito de Cohecho Pasivo en el que se acredita que el imputado delinquió, lo que proporcionalmente debió concurrir una pena menor, por cuanto la concurrencia de la pena no se encuentra debidamente fundamentada para acreditar la privación de libertad de 5 años, “cuando en casos similares las CONDENAS A ESE CUANTUM HA SIDO POR DAÑOS O CANTIDADES ENORMEMENTE SUPERIORES EN MONEDA” (sic), estableciendo un agravio insostenible al no fundamentarse la pena afectando el principio de proporcionalidad, evitando los juzgadores graduar la condena acorde a las consideraciones de las atenuantes, evidenciando la falta de motivación en el fallo de juicio y el Auto de Vista impugnado, tomando en cuenta que el Tribunal de alzada debe corregir la omisión aludida y la correspondiente justificación conforme la previsión de los Autos Supremos 223/2014-RRC de 11 de octubre, 125/2016 de 17 de febrero, 1006/2019-RRC de 22 de octubre y 775/2014 de 19 de diciembre, que en su doctrina legal prevén sobre la determinación de la pena que responde a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, en sentido que debe graduarse la sanción a imponerse, pues de no existir dicho razonamiento la pena resulta arbitraria.