AS/0482/2025

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto.

En ese contexto, según la posición asumida por el recurrente, respecto a la actuación de la Juez A quo, refirió que ésta efectuó una correcta valoración de los hechos y del derecho, cumpliendo con todos los pasos procesales, a efecto de que la parte demandada asuma legítima defensa, procediendo conforme a la normativa legal vigente, llegando incluso a la designación de una defensora de oficio, (fs. 58 y 92) quien asumió defensa a nombre del demandado dentro del proceso de cumplimiento de obligación; apersonándose al proceso y solicitando inclusive la nulidad de obrados; es decir, no se vulneró el derecho a la defensa, tal cual señala el Ad quem, disponiendo de oficio la anulación de obrados hasta fs. 97; siendo en esencia esos los reclamos en torno a los cuales se encuentran desarrollados los argumentos del recurso.

Bajo esos antecedentes, de la revisión del contenido del Auto de Vista impugnado, se advierte que, los fundamentos vertidos por el Ad quem para disponer la nulidad de obrados, recaen esencialmente sobre los siguientes argumentos:

- Al haberse admitido la demanda de cumplimiento de obligación, se corrió en traslado a la parte contraria; quien no compareció a estrados judiciales a efectos de asumir defensa, declarándose la rebeldía de la parte demandada, prosiguiéndose con la sustanciación de la presente causa hasta dictarse la resolución apelada.

- Asimismo, señaló que en la Sentencia N° 300/2021, de 01 de octubre, se advierte una falta de fundamentación y motivación; puesto que, si bien se sustenta en la buena fe de los contratantes, no es menos cierto que la sola valoración de la factura N° 000454, no genera certeza sobre la obligación contraída, menos se pronunció sobre la pruebas cursantes de fs. 21 a 23; pues, en dicho medio de prueba se hace referencia a otros instrumentos probatorios que pueden ayudar a generar certeza en la autoridad judicial a momento de asumir la decisión; vulnerando el principio de verdad material; pues, la autoridad judicial, inclusive de oficio, podía generar prueba que ayude a dilucidar la presente causa, extremo que no ocurrió en el presente caso; puesto que, la Juez A quo adoptó una actitud pasiva, sin tomar las medidas necesarias para llegar a la verdad; por lo que, se advierte una vulneración al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, así como el principio de verdad material, constituyendo en lo esencial esos los fundamentos para disponer de oficio la anulación de obrados.

Bajo ese contexto, se hace necesario efectuar las siguientes puntualizaciones a efecto de verificar si se vulneró el derecho a la defensa de la parte demandada, como lo señaló el Auto de Vista ahora recurrido; en tal sentido se tiene:

- Rufino Chiri Choconi, en representación legal de la empresa CORBORE S.R.L. mediante escrito de fs. 12 a 14, subsanado a fs. 29 y vta., interpuso demanda de cumplimiento de obligación en contra de la empresa I.S.S.A. Ltda., representada por su propietario Raúl Reynaldo Paredes Vega; es así que, por Auto de 18 de junio de 2019, la Juez Público Civil y Comercial N° 22 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, admitió la demanda (fs. 35) disponiendo traslado a Raúl Reynaldo Paredes Vega, representante legal de la Empresa I.S.S.A. Ltda.; sin embargo, conforme se aprecia del informe (fs. 36) elaborado por la oficial de diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial N° 22 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se infiere que se constituyó en el domicilio de la calle Olivos N° 85-A, Alto Següencoma; empero, no fue atendida por nadie, verificando que el inmueble se encontraba desocupado, consultados con los vecinos le informaron que el demandado ya no vivía en dicho domicilio; en atención ello, la Juez de la causa, ordenó notificar al Servicio General de Identificación de Personal SEGIP a efecto de que se informe respecto al último domicilio declarado de Raúl Reynaldo Paredes Vega; asimismo, se ordenó la notificación al Servicio de Registro Cívico SERECI, a efecto de informar sobre los datos declarados en el sistema biométrico del demandado (fs. 36 vta.); de los cuales se identifica que el domicilio declarado en ambas instituciones corresponde a la calle los Olivos N° 85-A, Alto Següencoma; en razón a ello, la parte demandante previo juramento de desconocimiento de domicilio, solicitó se ordene la citación al demandado por edictos conforme a lo dispuesto por el art. 78.II del Código Procesal Civil, disposición cumplida por la parte demandante, la cual adjuntó las publicaciones correspondientes al proceso (fs. 46).

En ese contexto, la Juez de la causa, en mérito a lo solicitado por la parte demandante y al no existir apersonamiento del demandado, por Auto de 23 de septiembre de 2019, designó defensor de oficio, para que previa aceptación conteste a la demanda en el plazo de 30 días, conforme a lo dispuesto en el art. 363. III del Código Procesal Civil (fs.49); empero, al no haberse apersonado al proceso, mediante decreto de 6 de enero de 2020 la Juez de instancia, procedió a la designación de otra defensora de oficio (fs. 52), la cual, mediante memorial de 17 de enero de 2020, se apersonó al proceso contestando de forma negativa a la demanda instaurada en contra de Raúl Reynaldo Paredes Vega.

- A fs. 59 y vta., del proceso de cumplimiento de obligación, se advierte que la Juez en audiencia preliminar anuló obrados hasta fs. 36, bajo el argumento que se debió citar a Raúl Reynaldo Paredes Vega, en calidad de representante legal de la empresa I.S.S.A Ltda., y no como persona natural, disponiendo que la oficial de diligencias proceda a practicar una nueva citación personal al demandado en el domicilio señalado en la demanda; es así que, mediante informe de 05 de noviembre de 2020 (fs. 67) el oficial de diligencias señaló que constituido en el domicilio ubicado en la calle los Olivos N° 85-A, Alto Següencoma, no pudo ser encontrada la empresa I.S.S.A Ltda., motivo por el cual no se pudo efectivizar la citación; en merito a ello, la Juez dispuso notificar a FUNDEMPRESA a efectos de informar sobre el registro de la Empresa I.S.S.A. Ltda., (Ingeniería Servicios de Saneamiento Ambiental) y los nombres de los representantes legales y el último domicilio señalado; en atención a ello FUNDEMPRESA emitió el certificado CERT-EST-JOLP-2534/20 (fs. 68), del cual se desprende que el representante legal de la empresa I.S.S.A. Ltda., recae en Raúl Reynaldo Paredes Vega, con domicilio en la calle Gregorio Reynolds entre calle debajo el Montículo N° 641, zona Sopocachi de la ciudad de la Paz; en atención a ello, la autoridad judicial a solicitud de la parte demandante, mediante decreto de 25 de enero de 2020, dispuso la notificación de Raúl Reynaldo Paredes Vega como representante legal de la Empresa Ingeniería Servicios de Saneamiento Ambiental I.S.S.A Ltda., mediante edictos a ser publicados en la página web://https://edictos.organojuicial.gob.bo., previo juramento de desconocimiento de domicilio, en atención a ello, se procedió a la citación correspondiente, así se evidencia de fs. 79 a 80 vta.; sin embargo, al no comparecer el demando en el plazo establecido, se procedió a designar defensor de oficio a efectos de asumir defensa a nombre del demandado; empero, y no habiendo respondido el defensor de oficio en el plazo establecido la Juez de instancia designó nueva defensora de oficio, para que conteste la demanda en el plazo de 30 días, la cual el 05 de agosto de 2021, se apersonó requiriendo notificarse a SERECI y SEGIP a objeto que informen el último domicilio y lugar de sufragio de Raúl Reynaldo Paredes Vega y de acuerdo a dichos informes se observan que los mismos reportan como último domicilio la calle los Olivos N° 85-A, Alto Següencoma, (fs. 90 y 93).

En ese contexto y tramitada que fue la causa, el Juez de primera instancia emitió la Sentencia Nº 300/2021, de 01 de octubre, corriente de fs. 100 a 103, declarando probada la demanda de fs. 12 a 14 subsanada a fs. 29 y vta., y de fs. 33 a 34, sobre cumplimiento de obligación interpuesta por CORBORE S.R.L. representado por Rufino Chiri Choconi contra la empresa I.S.S.A. Ltda., representada por Raúl Reynaldo Paredes Vega, disponiendo que al tercer día de ejecutoriada la Sentencia el demandado proceda con el pago de Bs. 97.118 más el interés del 6% anual desde la citación con la demanda, Sentencia que fue complementada por Auto de 27 de noviembre de 2021, disponiendo el pago de costas y costos; siendo la misma notificada a Gabriela Paredes Arismendi defensora de oficio de Raúl Reynaldo Paredes Vega, representante legal de la empresa I.S.S.A Ltda., el 16 de enero de 2022 (fs. 107); y, al no existir recurso de apelación alguno, la autoridad judicial mediante Auto de 02 de febrero de 2022, procedió a ejecutoriar la Sentencia N° 300/2021, de 27 de noviembre (fs. 109).

- Por memorial de 06 de febrero de 2022, (fs. 138 a 142), Raúl Reynaldo Paredes Vega, se apersonó al proceso formulando nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo bajo el argumento que el domicilio en el cual se procedió a las notificaciones no era el correcto y que el demandante tenía pleno conocimiento de dicho extremo, memorial que fue observado por la Juez de la causa por Auto de 8 de febrero de 2023, señalando que el demandado debía cumplir con lo previsto por el art. 35.II.III del Código Procesal Civil, debiendo subsanar dicha observación en el plazo de tres días de su notificación; es así que, el 15 de febrero de 2023, se notificó al demandado con Auto de 8 de febrero de 2023 (fs. 146); no obstante a su notificación, el demando no cumplió con la observación efectuada por la Juez, quien mediante Auto de 16 de marzo de 2023, dispuso la no presentación del memorial de apersonamiento de Raúl Reynaldo Paredes Vega (fs. 148), Auto que no fue objeto de recurso alguno.

- Asimismo, se observa que mediante memorial de 21 de agosto de 2023, Raúl Reynaldo Paredes Vega, en calidad de representante legal de la empresa I.S.S.A Ltda., se apersonó nuevamente al proceso solicitando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, escrito corrido en traslado a la parte demandante, sin respuesta alguna; sin embargo, el demandado por memorial de 18 de septiembre de 2023, reitera apersonamiento e interpone apelación en el efecto devolutivo en contra del Auto de 28 de agosto de 2023, cursante a fs. 166; ante ello, la Juez de instancia en respuesta a la solicitud de nulidad de obrados, pronunció el Auto de 20 de septiembre de 2023, a través del cual dispone la nulidad de obrados hasta fs. 108 de obrados, bajo el argumento que de la revisión de obrados se advierte que la parte demandada no fue notificada con la Sentencia; en consecuencia, ordenó entre otros actuados la notificación con la “Sentencia N° 300/2021 cursante a fs. 100 a 103 de obrados”, en cumplimiento a dicha disposición se observa que el 27 de noviembre de 2023 (fs. 196) se notificó a Raúl Reynaldo Paredes Vega representante legal de la empresa I.S.S.A, Ltda., con la Sentencia, el cual interpuso el recurso de apelación que cursa de fs. 197 a 201 vta., denunciando como agravios entre otros la vulneración del derecho a la defensa.

- De esta manera, y radicada la causa en segunda instancia, el Tribunal de Apelación emitió el Auto de Vista Nº 741/2024, de 25 de noviembre, cursante de fs. 331 a 333, donde el Tribunal de Alzada en virtud a la facultad conferida por el art. 17.I de la Ley 025 del Órgano Judicial (revisión de oficio), decidió anular obrados hasta la audiencia preliminar inclusive (fs. 97); aduciendo principalmente, que en el presente caso se hubiera vulnerado el derecho a la defensa del demandado, ya que éste no habría comparecido a estrados judiciales a efecto de asumir defensa declarándose su rebeldía; señalando además que, la Sentencia carecía de motivación y fundamentación, pues si bien se sustenta en la buena fe de los contratantes, no es menos cierto que, la sola valoración de la factura N° 000454, no genera certeza sobre la obligación contraída, señalando además que, la referida Sentencia no se pronunció sobre el instrumento probatorio corriente de fs. 21 a 23; por lo que, vulneró el principio de valoración de la prueba y verdad material.

Por estas consideraciones; corresponde a continuación analizar si evidentemente en el trascurso del presente proceso se vulneró el derecho a la defensa del demandado a objeto de verificar si resulta o no trascendental y relevante como para generar la nulidad de obrados, tal y como lo dispuso el Tribunal de Alzada.

En ese contexto, de la descripción efectuada líneas arriba respecto al desarrollo del litigio, se colige con meridiana claridad, que éste fue tramitado conforme a las disposiciones legales que rige el proceso ordinario; es decir, se dio cumplimiento a la citación con la demanda a la parte demandada, conforme a las previsiones dispuestas en el art. 78 del Código Procesal Civil; asimismo, se observa que el demandado Raúl Reynaldo Paredes Vega, representante de la empresa I.S.S.A Ltda., se apersonó al proceso en dos oportunidades la primera el 06 de febrero de 2023 mediante memorial corriente de fs. 138 a 142, por el cual solicitó la nulidad de obrados y fotocopias legalizadas del expediente; sin embargo, al no cumplir con el art. 35.II.III el Código Procesal Civil, este fue observado, otorgándole el Juez de la causa 3 días a efecto de subsanar dicha observación, el cual no lo hizo sino hasta el 21 de agosto de 2023 (fs. 157 a 163 vta.), en cuyo escrito solicitó nuevamente la nulidad de obrados, el cual mereció el Auto de 20 de septiembre de 2023, resolución que no fue objeto de recurso alguno.

De lo que se infiere, que el demandado fue parte activa del proceso con los mismos derechos y obligaciones otorgadas por la Constitución Política del Estado; en consecuencia, se advierte que no existió ninguna vulneración al derecho a la defensa tal cual lo señaló el Tribunal de alzada; por lo que, conforme a lo desarrollado en los acápites III.1. y III.2. de la doctrina aplicable al caso, que establecen que la nulidad sólo procede si la desviación o irregularidad advertida, ocasiona la restricción de cualquiera de las garantías a las que tienen derecho los litigantes; se tiene en el presente caso de litis, que al no evidenciarse vulneración alguna a los derechos de la parte demandada como el derecho a la defensa, se infiere que la decisión asumida por el Tribunal Ad quem se constituye en una determinación que carece de total trascendencia y relevancia constitucional y en consecuencia sustentada en un fundamento erróneo que lesiona el derecho al debido proceso.

En esa misma línea, respecto a la decisión asumida por el Tribunal de alzada bajo la óptica que la Sentencia N° 300/2021, de 01 de octubre, carece de una debida motivación y fundamentación, principios que no se hubieran cumplido en el fallo de primera instancia; toda vez que, no explicó ni razonó sobre la buena fe contractual respecto a la existencia de intimación de pago y qué pruebas demostrarían la obligación pendiente de cumplimiento; se debe recordar que en función de la actividad revisora que le otorga la ley procesal al Tribunal de alzada, éste tiene el deber de revisar lo resuelto por el inferior conforme a los agravios expuestos en la apelación, y en caso de encontrar deficiencias en la fundamentación de la Resolución apelada o incorrecta aplicación de alguna norma legal sustantiva, corresponde corregir esa fundamentación procurando en lo posible resolver el fondo del problema, sin que ello implique exceder los límites que establece el art. 218 del Código Procesal Civil; en ese entendido, se advierte que el apelante en su recurso de fs. 197 a 201 vta., solicitó se revoque o se anule la Sentencia por atentar al debido proceso y violar las normas legales citadas en el recurso de apelación; en tal sentido, se advierte que el recurso interpuesto implica resolver el fondo del problema, aspecto que no fue comprendido por el Tribunal de alzada, quien al disponer la nulidad de obrados hasta fs. 97, negó la posibilidad de revisión del primer fallo, actuando en contra del principio del debido proceso que rige hoy en la administración de justicia, constituyendo su decisión hasta incongruente; toda vez que, de la lectura de la misma, ésta no explica la razón por la cual anuló obrados hasta la audiencia preliminar (fs. 97), a más de hacer referencia muy superficialmente que se hubiese vulnerado el derecho a la defensa aspecto desvirtuado por este alto Tribunal por lo ampliamente desarrollado líneas arriba. Consiguientemente; se concluye que el Tribunal Ad quem, estaba en la obligación de ingresar a considerar el fondo del recurso de apelación, conforme establece el art. 218 del Código Procesal Civil y no soslayar su deber de ingresar al fondo, como evidentemente lo hizo al anular obrados, basándose en que la Sentencia apelada carece de motivación y fundamentación exigida por las normas legales tal como el art. 213.II num. 3 del Código Procesal Civil, sin considerar que el Tribunal de segunda instancia conforme lo establece el art. 218.II del Código adjetivo civil, reconoce la amplitud que tiene el Tribunal de apelación al ser otra instancia que posee las mismas facultades del Juez de la causa, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución conforme a los arts. 106 y 220.III del Código Procesal Civil; es decir, anulando el Auto de Vista recurrido.