Sentencia Rol 404 - 2020

0000260 DOSCIENTOS SESENTA Por su parte, el recurso de nulidad impetrado por la requirente se funda en la vulneración del art. 478 letra c) del Código del Trabajo, por cuanto la sentencia habría calificado erróneamente los hechos; en subsidio en el art. 477, inciso primero segunda parte por haberse dictado la sentencia con infracción de la ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y, en fin, en el artículo 478 letra e) por haberse dictado con omisión de las alegaciones vertidas por la demandada en relación al hecho de haber hecho uso la actora de la totalidad de su feriado legal y proporcional 2º. En relación a la referida gestión judicial, McCann-Erickson S.A de Publicidad presentó ante esta Magistratura un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad respecto de los artículos 495, inciso final, del Código del Trabajo y la segunda frase del artículo 4º, inciso primero, de la Ley Nº 19.886. Dos son las garantías constitucionales relevantes que la actora considera que llevarían a su infracción de ser aplicadas las normas legales impugnadas en el caso concreto: por una parte la garantía de igualdad ante la ley (artículo 19, Nº 2), toda vez que argumenta se le imponen una sanción desproporcionada sin fundamento plausible y, por otra parte, la infracción al debido proceso (artículo 19, Nº3), ya que la sanción que consagran las reglas cuestionadas opera de forma automática sin que exista una oportunidad en la que se pueda discutir su procedencia o duración. I. Implementación de políticas públicas mediante la contratación pública 3°. El empleo de la contratación pública como herramienta para implementar políticas públicas es un fenómeno cada vez más común y ampliamente estudiado [Arrowsmith, Sue (2010): «Horizontal policies in public procurement: a taxonomy», en Journal of Public Procurement, Nottingham University, Vol. 10, N° 2, pp. 149-186]. Tal mecanismo puede asegurar el cumplimiento de leyes generales o, incluso, exigencias que van más allá del marco legal, como pagar remuneraciones “justas”, asegurar la igualdad de género en la contratación, etc. Es así como, por ejemplo, el Convenio N° 94 OIT, que no ha sido suscrito ni ratificado por Chile, busca asegurar que los salarios de los trabajadores no sean un elemento de competitividad para contratar con el Estado, y por ello asegura ciertos estándares de remuneración. Existen múltiples razones para que el Estado exija contratar sólo con empresas que cumplan las leyes, de manera de evitar asociar al Estado con comportamientos ilícitos. Ello puede lograrse proporcionando incentivos adicionales al cumplimiento de la ley para evitar así vulneraciones legales en el cumplimiento del contrato y garantizar una competencia justa, entre otras razones [Arrowsmith, p. 154]. En nuestro sistema jurídico la finalidad de la sanción se puede sintetizar en las siguientes razones: a.- Aseguramiento de libre competencia, cuestión que se tuvo a la vista y que consta en la historia legislativa de este precepto, en la moción que dio origen a la Ley 12