Auto 027/20
Referencia: Expediente ICC-3790
Conflicto de competencia entre los Juzgados Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira (Risaralda), Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tuluá (Valle del Cauca)
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veinte (2020).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. Mario Augusto Henao Maya a través de la empresa Asesorías Solís SC S.A.S. le solicitó a Reintegra S.A.S., en ejercicio del derecho de petición, información relacionada con las obligaciones a su cargo y los reportes negativos.
Esta solicitud fue enviada mediante una empresa de correo y efectivamente recibida el 23 de septiembre de 2019 por Reintegra S.A.S.
2. Al no recibir respuesta a la petición mencionada, el señor Henao Maya, a través de Asesorías Solís SC S.A.S., promovió ante los Jueces Municipales de Reparto de Pereira, acción de tutela en contra de la empresa Reintegra S.A.S., en procura de obtener la protección de su derecho fundamental de petición.
En la guía de correo y en el escrito presentado ante la entidad demandada en ejercicio del derecho de petición se registró una dirección localizada en el municipio de Tuluá como datos del remitente y lugar de notificación. En la demanda de tutela se consignó como lugares para efectuar dicha comunicación procesal: una ubicada en Santa Rosa de Cabal y otra en Tuluá como datos del accionante y del apoderado judicial, respectivamente.
3. Efectuado el reparto, le correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira que, mediante proveído del 30 de octubre de 2019, se declaró incompetente para conocer el asunto tras considerar que al encontrarse el accionante domiciliado en el municipio de Santa Rosa de Cabal le corresponde a las autoridades del mencionado ente territorial resolverlo conforme al factor territorial. En consecuencia, ordenó remitir la actuación a la Oficina Judicial de Santa Rosa de Cabal para su reparto. Advirtió que de no ser aceptados sus argumentos, propone un conflicto de competencia.
4. Repartido el asunto, el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, en proveído del 6 de noviembre de 2019, declaró su falta de competencia para asumir el conocimiento de la acción de tutela promovida por la empresa Asesorías Solís SC S.A.S. la que actúa como representante judicial del señor Mario Augusto Henao Maya.
Para el fallador judicial, conforme a la jurisprudencia constitucional, el domicilio del accionante no es un factor que determine la competencia en materia de tutela. Advirtió que este atributo de la personalidad es importante en tanto dicho lugar coincida con el sitio donde ocurre la vulneración a los derechos fundamentales o se extiendan sus efectos.
Destacó que, conforme a la jurisprudencia constitucional[1], para determinar dónde ocurre la vulneración o se producen sus efectos debe considerarse tanto la situación fáctica como la naturaleza del derecho fundamental en cuestión. Advirtió que identificar el núcleo esencial del derecho puede ofrecer criterios para dilucidar en dónde recae la competencia de acuerdo con el factor territorial.
En consecuencia, dispuso el envío del expediente a los Juzgados Civiles Municipales (Reparto) de Tuluá para efectos de que sea sometido a un nuevo reparto.
5. Repartido el asunto, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tuluá, mediante Auto del 14 de noviembre de 2019, señaló su falta de competencia para dirimir la controversia tras considerar que la vulneración del derecho fundamental invocado se presentó en Santa Rosa de Cabal porque allí es el domicilio del demandante. Así, dispuso la remisión del expediente al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal.
6. El Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal reiteró los argumentos expuestos en el Auto del 6 de noviembre de 2019 en los que sustentó su falta de competencia para solucionar la controversia.
Con fundamento en lo anterior, propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a esta Corporación.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[2]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[3] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[4].
En esta ocasión, la Corte encuentra que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[5], el conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala de Plena de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
2. Ahora bien, la Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del título transitorio de la misma[6], los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[7]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a un fallo de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” [8] en los términos establecidos en la jurisprudencia[9].
3. Este Tribunal ha sostenido que cuando se presenta una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 2017[10], se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover[11]. En consecuencia, cuando exista una disparidad entre los criterios que definen el alcance del factor territorial, se debe respetar la escogencia hecha por el demandante[12].
Adicionalmente, esta Corporación también ha insistido en que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante[13], o al lugar donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales[14]. En efecto, esta Corte ha expresado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde ocurrió la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes.
III. CASO CONCRETO
1. Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial. Por una parte, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira se declaró sin competencia para conocer del asunto, tras estimar que los competentes son las autoridades judiciales de Santa Rosa de Cabal, dado que en dicho ente territorial, se presenta la vulneración del derecho de petición, pues es allí donde se encuentra domiciliado el accionante.
Por otro lado, el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal sustentó su falta de competencia para conocer la acción de tutela al considerar que, conforme la jurisprudencia constitucional, el domicilio del accionante no es un factor que determine la competencia en materia de tutela. Advirtió que para establecer dónde ocurre la vulneración de los derechos fundamentales o se producen sus efectos debe considerarse tanto la situación fáctica como la naturaleza del derecho fundamental involucrado.
Puntualizó que en el presente caso, la voluntad del señor Henao Maya fue que la respuesta a la petición dirigida a Reintegra S.A.S. le fuera remitida a través de la firma Asesoría Solís SC S.A.S., quien consignó una dirección en Tuluá como lugar donde espera recibir respuesta, luego, es allí donde se producen los efectos de la presunta vulneración del derecho de petición, siendo entonces las autoridades judiciales de este municipio quienes deban dirimir la controversia.
Finalmente, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tuluá fundamentó su falta de competencia para conocer del asunto bajo el argumento según el cual el encontrarse domiciliado el demandante en Santa Rosa de Cabal es allí donde ocurre la vulneración del derecho fundamental invocado.
ii. Los Juzgados Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira y Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal no son competentes para conocer del asunto como quiera que en dichos municipios no puede predicarse que ocurra la vulneración alegada ni se proyecten los efectos.
iii. El Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tuluá es el competente para decidir la acción de tutela de la referencia. Ello, por cuanto en el municipio de Tuluá, se producen los efectos de la presunta vulneración del derecho fundamental de petición.
En la solicitud dirigida a Reintegra S.A.S., se señaló una dirección localizada en el municipio de Tuluá para recibir respuesta. Siendo la notificación un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, debe entenderse que la vulneración a este derecho fundamental extiende sus efectos hasta el lugar donde el peticionario espera la contestación[15].
2. Con fundamento en lo expuesto, la Corte Constitucional dejará sin efectos el auto del 6 de noviembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tuluá y ordenará la remisión del expediente ICC-3790, que contiene la acción de tutela presentada por Mario Augusto Henao Maya en contra de Reintegra S.A.S. para que, de manera inmediata, tramite y decida el amparo solicitado.
La Sala le advertirá al Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tuluá -autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación- que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional[16].
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 6 de noviembre de 2019, proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tuluá, dentro de la acción de tutela formulada por Mario Augusto Henao Maya en contra de Reintegra S.A.S.
SEGUNDO.- REMITIR el expediente ICC-3790, que contiene la acción de tutela presentada por Mario Augusto Henao Maya en contra de Reintegra S.A.S., al Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tuluá, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
TERCERO.- ADVERTIR al Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Tuluá que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.
CUARTO.- Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a los Juzgados Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira y Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal y a la parte accionante, la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General