SAN 5699/2021

Fecha: 27-Dic-2021

Roj: SAN 5699/2021 - ECLI:ES:AN:2021:5699
Id Cendoj: 28079230082021100684
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 8
Fecha: 27/12/2021
Nº de Recurso: 1153/2019
Nº de Resolución:
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Ponente: SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Tipo de Resolución: Sentencia
A U D I E N C I A N A C I O N A L
Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN OCTAVA
Núm. de Recurso: 0001153 /2019
Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General: 07968/2019
Demandante: "Fomento de Iniciativas y Desarrollo de ActividadesSL" (FIDA)
Procurador: D. MANUEL GARROTE BARBÓN
Demandado: SECRETARIA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL
Abogado Del Estado
Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
S E N T E N C I A Nº :
IImo. Sr. Presidente:
D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO
Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª. MERCEDES PEDRAZ CALVO
D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Dª. ANA ISABEL GÓMEZ GARCÍA
D. EUGENIO FRIAS MARTINEZ
Madrid, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno.
VISTO, en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 1153/2019, seguido a instancia de la mercantil "Fomento de Iniciativas y Desarrollo de ActividadesSL" (FIDA), representada por el procurador de los tribunales D. Manuel Garrote Barbón, con asistencia letrada, y como administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado.
El recurso versó sobre impugnación de desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto frente a resolución del Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de fecha 23 de febrero de 2018 sobre reintegro parcial de subvención concedida para el proyecto denominado Tele-formate al amparo de la Orden LTC/712/2010 por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y sociedad de la información. La cuantía se ﬁjó en 60.475,88 euros e intervino como ponente el Magistrado Don Santiago Soldevila Fragoso. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:
1. Mediante resolución de fecha 30 de noviembre de 2010 del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se concedió una ayuda total por importe de 89.997,00 euros en forma de subvención a las entidades Global Learning Servicios Integrales de Formación, S.L, Fomento de Iniciativas y Desarrollo de Actividades (FIDA) y Global Consulting Servicios Integrales para la Empresa.
2. La ayuda se concedió al amparo del Plan avanza -Subprograma Avanza Formación- cuyas bases se aprobaron por Orden ITC/712/2010 de 16 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Plan Avanza, en el marco de la acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de ! a información, dentro del Plan Nacional de Investigación Cientíﬁca, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 y cuya convocatoria se aprobó mediante resolución de 30 de abril de 2010 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
3. El Proyecto subvencionado se denominó ''Tele fórmate'", fue estructurado alrededor de una plataforma de formación y consistía en la ejecución de acciones formativas.
4.Global Learning Servicios Integrales para la Formación S.L. actuó como coordinadora del proyecto en cooperación y FIDA fue una entidad colaboradora del mismo, con funciones limitadas a la ''Ejecución y medios didácticos y pedagógicos" o en carácter de "Entidad subcontratada.
5. La subvención fue pagada anticipadamente el 29 de diciembre de 2010 y la ayuda en favor de FIDA fue de 55.588,20 euros de los que FIDA maniﬁesta que solo recibió 27.794 euros, el 27 de enero de 2012.
6. La ayuda concedida se distribuía en dos anualidades (2010 y 2011), concluyendo la acción formativa el día 31 de diciembre de 2011.
7. La recurrente estuvo al corriente de las actividades de seguimiento anual respecto de las anualidades de 2010 y 2011 y aportó la documentación que le fue requerida.
8. La Administración inició el 16 de diciembre de 2015 un procedimiento de comprobación que se sustanció sin la intervención de la recurrente y el 4 de abril de 2017 se dictó la correspondiente certiﬁcación ﬁnal con el resultado "Conforme con desviaciones", estableciendo una reducción de la subvención de 79.593 euros, de los que 45.652,20 euros se imputan a FIDA.
9. El 14 de abril de 2017 se inició un procedimiento de reintegro parcial contra FIDA y el día 23 de febrero de 2018, se dictó resolución de reintegro parcial de la subvención, exigiendo a FIDA el reintegro de 45.652,20 euros más los intereses calculados desde la fecha de abono de la subvención a la entidad coordinadora.
10. Dicha resolución fue recurrida en reposición por FIDA, sin que se haya dictado resolución expresa.
SEGUNDO: Po r la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:
1. Invalidez de la notiﬁcación a la recurrente del inicio del procedimiento de reintegro, causante de indefensión por haber omitido el trámite de audiencia al recurrente.
2. Prescripción del derecho a iniciar expediente de reintegro
3. Cumplimiento por parte de la actora de sus obligaciones y por tanto improcedencia de reclamación de cantidad alguna objeto del reintegro.
4. Justiﬁcación completa del cumplimiento de las obligaciones.
TERCERO: La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida.
CUARTO: Pr acticada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

QUINTO: Señalado el día 15 de diciembre de 2021 para la deliberación, votación y fallo ésta tuvo lugar en la reunión del Tribunal señalada al efecto.
SEXTO:.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto por FIDA frente a resolución del Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de fecha 23 de febrero de 2018 sobre reintegro parcial de subvención concedida para el proyecto denominado Tele fórmate al amparo de la Orden LTC/712/2010 por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas en la sociedad de la información.
SEGUNDO: La primera cuestión que debe analizarse es la relativa a la denunciada indefensión sufrida por la recurrente por causa de la defectuosa notiﬁcación de todos los trámites del procedimiento de reintegro seguido en su contra.
El recurso debe ser estimado en este punto por los siguientes motivos:
1. La recurrente es una sociedad mercantil que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, está obligada a relacionarse de forma electrónica con la Administración Pública.
2. En este mismo sentido se expresa el apartado vigésimo noveno de la Orden ITC/712/2010 por la que se regulan las bases de la concesión de la ayuda en cuestión.
3. A pesar de ello, la Administración prescinde de la vía electrónica para la notiﬁcación del inicio del expediente de reintegro parcial seguido contra la recurrente y procede a la notiﬁcación por vía postal.
4. La notiﬁcación postal fue intentada en dos ocasiones, resultando fallida. La primera de ellas fue remitida el 18 de abril de 2017, intentándose su notiﬁcación por correo certiﬁcado a las 10:51, no siendo posible materializar tal notiﬁcación, por ausencia, intentándose de nuevo, por segunda vez, el 19 de abril de 2017 a las 17h 50 min, con el mismo resultado. Ambas se dirigieron al domicilio que ﬁgura en el expediente administrativo, como domicilio ﬁscal de la recurrente, sito en la c/ Cabo Noval 8, 1º de Oviedo, sin que conste que esa fuera el domicilio señalado por la recurrente a efectos de notiﬁcaciones, contrariamente a lo que indica la defensa del Estado.
5. Posteriormente, la Administración procedió a publicar un anuncio de notiﬁcación edictal en el BOE de 11 de mayo de 2017 y tramitó íntegramente el procedimiento de reintegro en ausencia de la recurrente, que no fue oída durante el mismo, ni pudo proponer prueba.
6. No obstante, la Administración señala en su escrito de contestación a la demanda que "al remitir la resolución de reintegro y comprobar que la comunicación anterior no se había podido realizar, se inició un procedimiento interno para veriﬁcar el domicilio de la misma, motivo por el cual, la resolución de reintegro se remitió a la dirección correcta y esta vez sí se pudo entregar".
7. La notiﬁcación de la resolución ﬁnal del reintegro se realizó correctamente a la recurrente en la calle Pintor Manuel Medina, nº 19, Pl Bajo de Gijón, dirección que la Administración, en un deber de diligencia que le es exigible, pudo y debió obtener ante el resultado fallido de las notiﬁcaciones fallidas intentadas en la primera dirección ( STC 9/1981, ampliamente reiterada).
8. La actuación de la Administración, aún en el supuesto de que no se caliﬁque como maliciosa, es evidente que fue gravemente negligente y que causó una indefensión material a la recurrente por las dos razones que se exponen a continuación:
9. La primera porque la Administración elude su correlativo deber de realizar las comunicaciones con personas jurídicas por vía electrónica y la segunda, porque su intento de notiﬁcación por la vía postal está viciado con un defecto de nulidad radical.
En efecto, en ningún momento designó la recurrente como domicilio para notiﬁcaciones la calle Cabo Noval nº 8, 1º de Oviedo, pues éste consta en el expediente sólo como domicilio ﬁscal y, además, porque, sin intervención alguna de la recurrente, la Administración, con sus propios medios, consiguió otro domicilio de la recurrente, en el que dicha notiﬁcación postal, esta vez con la resolución de reintegro deﬁnitiva, sí fue posible.
10. Con esta forma de proceder, imputable únicamente a la Administración, la recurrente se vio privada de trámites esenciales del procedimiento, como son el de audiencia, el del derecho a proponer prueba y también el de contestar a la propuesta de resolución, sin que tampoco haya obtenido respuesta en vía administrativa a su recurso de reposición interpuesto contra la resolución de reintegro.
11. No estamos en presencia pues de un defecto de tramitación en el procedimiento que pueda subsanarse en el curso del mismo mediante la personación aún tardía de la recurrente.
12. En efecto, el conocimiento por parte de la recurrente del procedimiento de reintegro dirigido contra la misma, data de la fecha de notiﬁcación de la resolución que pone ﬁn al mismo y ello debido exclusivamente al incumplimiento por la Administración de su obligación de realizar correctamente los actos de comunicación y de llamada al procedimiento de los interesados. 13. El hecho de que la recurrente hubiera participado en las actuaciones de seguimiento anual de la ejecución de la subvención durante los años 2010 y 2011, no puede caliﬁcarse de conocimiento extraprocesal del procedimiento de reintegro, por las razones que se indican a continuación:
14. No consta que la recurrente tuviera intervención alguna en el procedimiento de comprobación que es previo al procedimiento de reintegro y que dio lugar a la certiﬁcación ﬁnal de 7 de abril de 2014 en la que se detallaba con precisión la cantidad a reintegrar por la recurrente.
15. El procedimiento de reintegro es autónomo respecto de los trámites de comprobación precedentes y en éste tampoco tuvo intervención alguna la recurrente, ni tampoco medio de conocer su existencia.
16. Imponer a la recurrente que, como consecuencia de actuaciones de seguimiento de la justiﬁcación anual del gasto realizadas en 2011 y 2012, debiera estar pendiente de la tramitación por la Administración de un eventual procedimiento de reintegro en su contra, resulta desproporcionado si tenemos en cuenta que la falta de llamada al mismo se debió exclusivamente a la negligencia de la Administración. Por otra parte, el conocimiento por la recurrente de la resolución que puso ﬁn al mismo se debió a la notiﬁcación hecha por la propia Administración y no por una actuación extraprocesal de la recurrente.
TERCERO: La estimación del recurso por este motivo tiene como consecuencia la declaración de nulidad del acto impugnado y la retroacción de actuaciones al momento de inicio del procedimiento de reintegro parcial, sin que por ello sea posible examinar en este momento los restantes motivos de recurso invocados por la recurrente en su demanda. La Administración tiene plena libertad de criterio para dictar la resolución que proceda, aunque, lógicamente, deberá resolver de entrada el primer motivo de recurso de carácter sustantivo esgrimido por la recurrente como es el relativo a la prescripción de la acción para reclamar el importe de la ayuda concedida.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la Administración demandada, parte vencida en este proceso, sin que se aprecien por la Sala la existencia de serias dudas que justiﬁquen un especial pronunciamiento sobre esta materia. Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente
F A L L A M O S
Estimamos el recurso interpuesto y en consecuencia anulamos el acto impugnado con el alcance que se determina en el fundamento jurídico tercero de esta sentencia. Se imponen las costas a la Administración demandada.
Así por ésta nuestra sentencia, deﬁnitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos. "La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notiﬁcación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2. de la Ley de la Jurisdicción justiﬁcando el interés casacional objetivo que presenta."