amparo directo en revisión 5067/2023

1. Acta Administrativa. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por conducto de su representación, levantó acta administrativa en contra de María Teresa Barreto Campos, por considerar que incurrió en falta de probidad y/o honradez, al haber presentado la nómina de pago de la velada de montaje firmada por tres trabajadores, a pesar de que dichos operarios aseguraron no haber trabajado ese día y manifestaron no haber recibido el dinero correspondiente.
2. Demanda. Con apoyo en el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por conducto de su apoderada, demandó ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la terminación de los efectos del nombramiento de dicha trabajadora, con sustento en la supra citada acta administrativa.
3. Contestación. María Teresa Barreto Campos dio contestación, de la cual se destacan los puntos siguientes:
4. – Opuso la excepción de prescripción, con apoyo en el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
5. – Sostuvo que ella no incurrió en las conductas de falta de probidad y honradez que le atribuyó su patronal.
6. Laudo. La sala del conocimiento resolvió lo siguiente:
7. – Que no operaba la excepción de prescripción, porque el plazo de cuatro meses previsto en el numeral 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, inicia una vez que concluye el procedimiento de investigación del acta administrativa y, no antes de ello.
8. – Que concedía al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento de la trabajadora, así como de cualquier plaza que ostentase al momento del dictado del laudo, porque sí se siguieron las formalidades previstas en el artículo 46 bis de dicha ley burocrática, además, del caudal probatorio se advertía que la trabajadora incurrió en las conductas que se le atribuían.
9. Amparo directo. En desacuerdo con el pronunciamiento anterior, la trabajadora promovió juicio de amparo directo, en el que sostuvo:
10. – Que la sala responsable interpretó erróneamente el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que los cuatro meses para computar la prescripción deben contarse a partir de que, desde un primer momento, la patronal tiene conocimiento de las causas de falta de probidad y honradez, y no así cuando culmina el procedimiento de investigación respectivo.
11. – Que se valoró indebidamente el caudal probatorio y que, por lo tanto, no se demostraron las conductas indebidamente atribuidas a la operaria.
12. – Que el acta administrativa incumple con los requisitos previstos en el numeral 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque en ella no se precisaron las conductas indebidas en que la trabajadora supuestamente incurrió y que motivan la terminación de los efectos de su nombramiento, además de que no se entregó copia de dicha acta a la operaria, ni a su representante sindical.
13. – Que el laudo está indebidamente fundado y motivado.
14. Sentencia de Amparo. El tribunal colegiado negó el amparo, por considerar:
15. – Que la prescripción sí debía computarse a partir de la conclusión de la investigación, por lo que fue correcto el análisis de la excepción de prescripción efectuado por la autoridad responsable en el sentido de estimarla improcedente, para lo cual, el tribunal colegiado invocó como sustento los criterios con registros digitales 273662 , 244901 y 244615.
16. – Que el caudal probatorio se valoró debidamente y que, por lo tanto, sí quedaron acreditadas las conductas que se atribuyeron a la quejosa.
17. – Que el acta administrativa sí cumplía con los requisitos previstos en el numeral 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque, en ella, se precisaron las faltas atribuidas a la trabajadora, además de que, si bien, en el acta no se hizo mención a la entrega de copias de la misma, lo cierto es que quienes intervinieron en ella, incluyendo a la operaria y a su representante sindical, ratificaron el documento ante autoridad jurisdiccional.
18. – Que el laudo sí estaba debidamente fundado y motivado.
19. Recurso de revisión . La trabajadora interpuso recurso de revisión, en el que sostuvo:
20. – Que el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado vulnera el numeral 20 de la Norma Fundamental, porque la terminación de la relación de trabajo, permitida en dicho precepto legal, parte de la instrumentación de un acta administrativa que no garantiza los derechos de defensa y a un debido proceso de la recurrente.
21. – Ello, porque dicho precepto legal no prevé que la parte trabajadora deba comparecer acompañada de un abogado defensor titulado, a la celebración del acta administrativa, lo que impide que la parte operaria cuente con debida asesoría, así como formular contrainterrogatorio a los testigos que se depusieron en su contra, lo cual se traduce en condiciones indebidamente favorecedoras de la patronal, además de que debe efectuarse interpretación conforme en sentido amplio de dicho precepto normativo.
22. – Que, en consecuencia, el acta administrativa que, en el caso se empleó para dar por culminados los efectos del nombramiento de la trabajadora, no debe tomarse en cuenta para resolver, al haberse fundado en el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es inconstitucional, lo que crea un efecto corruptor respecto de los demás elementos de prueba ofrecidos por la patronal.
23. – Que el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es inconstitucional, puesto que no tiene una clara taxatividad sobre el momento en el cual se estiman conocidas las causas para demandar la suspensión, cesación o disciplinar a los trabajadores por parte de las dependencias, para que, a partir de ese instante, comience a computarse la prescripción, lo cual genera inseguridad jurídica al permitir una interpretación judicial restrictiva y arbitraria de dicha normativa, en transgresión de los numerales 1°, párrafo segundo y 17 constitucionales.
24. – Que si bien es cierto que el tribunal colegiado negó el amparo con apoyo en tesis aisladas emitidas por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que el recurso de revisión permite analizar su contenido y reinterpretar el artículo 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el sentido de que la prescripción comienza a correr a partir de que la patronal tiene conocimiento por primera vez de las conductas que se atribuyen a la persona trabajadora.
25. – Que de lo contrario, la aplicabilidad de la figura de la prescripción podría no actualizarse, porque el procedimiento de investigación puede prolongarse hasta volverse inagotable.
26. – Que si bien toda persona tiene derecho a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, incluyendo las personas morales oficiales, como su patronal, no menos cierto es que ello debe ser en igualdad de circunstancias, lo cual no se da cuando el sistema jurídico se soporta en tesis aisladas que se contraponen a los derechos de las personas.
27. – Que las tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son vinculantes, pero sí constituyen fuente de derecho, por lo que deben ser susceptibles de revisión.
28. Recurso de revisión adhesivo . El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por conducto de su representación, interpuso recurso de revisión adhesivo, en el que básicamente sostuvo (1) que el reclamo de inconstitucionalidad de normas generales debió realizarse desde la demanda de amparo, y no así hasta el recurso de revisión, por tratarse de normativa aplicada a la quejosa desde la secuela natural, (2) que las normas generales cuestionadas por la agraviada principal sí eran constitucionales y (3) que la valoración probatoria fue acorde a derecho.
29. Trámite ante esta Suprema Corte. La Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió a trámite los recursos de revisión principal y adhesivo y, eventualmente, los turnó al ministro Javier Laynez Potisek para la elaboración del proyecto de resolución.
30. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto.
31. COMPETENCIA
32. Esta Sala es competente para conocer de los recursos de revisión principal y adhesivo, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 11, fracción VIII, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Puntos Primero, Segundo, fracción III, inciso B) y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, competencia de esta Segunda Sala, sin que se considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
33. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
34. OPORTUNIDAD
35. El recurso de revisión principal es oportuno, porque la sentencia controvertida se notificó a la recurrente el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, surtiendo efectos el veintiocho siguiente, con apoyo en el numeral 31, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que el plazo para interponer el recurso establecido en el artículo 86 del mismo ordenamiento legal, transcurrió del veintinueve de junio al doce de julio del mismo año, descontándose los sábados y domingos, por ser considerados inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si el escrito de revisión se interpuso el once de julio de esa anualidad, entonces está en tiempo.
36. El recurso de revisión adhesivo es oportuno, porque el acuerdo de admisión del recurso que nos ocupa fue notificado por oficio al recurrente adhesivo, el día nueve de noviembre de dos mil veintitrés, por lo que la notificación surtió efectos en ese mismo momento, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, de tal modo que el plazo para la interposición del recurso transcurrió del diez al dieciséis del mismo mes y año, descontándose los sábados y domingos, por ser considerados inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Así, si dicho medio de defensa se interpuso el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, entonces está en tiempo.
37. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
38. LEGITIMACIÓN
39. María Teresa Barreto Campos está legitimada para interponer el recurso de revisión principal, ya que es la quejosa, además de que, en la sentencia recurrida se le negó el amparo.
40. Graciela Maciel Urrutia tiene legitimación para interponer el recurso de revisión adhesivo en favor del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, porque en el expediente natural obra el poder que se le confirió para tal efecto .
41. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.
42. PROCEDENCIA
43. Esta Suprema Corte considera que el asunto no reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por tanto, no amerita un estudio de fondo. Esta conclusión se sustenta en las razones que se exponen a continuación.
44. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX , de la Constitución Federal, 81, fracción II , de la Ley de Amparo y 21, fracción IV , de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
45. De la lectura de los preceptos mencionados se desprende que las resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los tribunales colegiados de circuito no admiten recurso alguno salvo que las sentencias: a) decidan sobre la constitucionalidad de normas generales; b) establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o c) hayan omitido el estudio de la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional, cuando ello se haya planteado en la demanda de amparo.
46. Los incisos anteriores son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo.
47. Sin embargo, existe un segundo requisito que se debe cumplir, consistente en que los temas de constitucionalidad a analizar en cada asunto revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, de conformidad con el artículo 107, fracción IX, constitucional.
48. Así se dispuso en la reforma constitucional publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, de la que se desprende que las resoluciones que emitan los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, salvo que el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, lo cual queda a discreción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
49. Se destaca que de la exposición de motivos de veinte de febrero de dos mil veinte y de la discusión de veintisiete de noviembre de ese año, se advierte que la intención del legislador al prever como requisito un “interés excepcional” en materia constitucional o de derechos humanos consistió en dotar de mayor fuerza la discrecionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir qué asuntos resolverá y, con ello, fortalecerlo como tribunal constitucional.
50. En el caso , se incumple con el primer requisito de procedencia, ya que en la sentencia de amparo : a) no hay pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales; b) tampoco se realiza la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, c) ni se omitió el estudio de la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional, ya que en la demanda de amparo no se planteó ninguna cuestión en ese sentido .
51. Ciertamente, en la sentencia de amparo solamente se aborda si fue correcto el estudio de la excepción de prescripción, así como el tener por culminados los efectos del nombramiento de la trabajadora al haberse tenido por demostrado que incurrió en faltas de probidad y honradez, también, si el laudo reclamado estaba debidamente fundado y motivado; pronunciamientos que así se dieron, porque en la demanda de amparo solamente se plantearon cuestiones de esa misma naturaleza .
52. En ese sentido, es claro que en la demanda y sentencia de amparo no se plantearon, ni atendieron, respectivamente, cuestiones de constitucionalidad , sino de mera legalidad , por lo que, conforme a las consideraciones que anteceden y atento a lo resuelto en el amparo directo en revisión 6686/2016 en sesión de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, esta Segunda Sala llega a la conclusión de que el recurso de revisión principal no reúne el primer requisito de procedencia y, por ende, debe desecharse .
53. Apoya lo anterior, en la parte que se destaca, la jurisprudencia 2a./J. 128/2015 del tenor siguiente:

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Por regla general, las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo son definitivas y sólo de manera extraordinaria, pueden impugnarse mediante el recurso de revisión previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo , conforme a los cuales, una vez actualizados los presupuestos procesales (competencia, legitimación, oportunidad del recurso -en su caso-, entre otros), procede el mencionado medio de defensa siempre que: 1) en la sentencia de amparo directo combatida se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones referidas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo ; y 2) el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Ahora bien, con el fin de armonizar la normativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los preceptos citados, el Pleno emitió el Acuerdo General 9/2015 (*), que regula la procedencia del recurso de revisión interpuesto contra sentencias de amparo directo, el cual, en vez de privilegiar el análisis de los agravios en la revisión, permite al Alto Tribunal hacer una valoración discrecional de los méritos de cada recurso, para determinar si a su juicio el asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia, para lo cual, su punto segundo señala que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando: (i) pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o (ii) lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto contra ese criterio o se hubiere omitido aplicarlo.

1. No pasa inadvertido que en el recurso de revisión principal se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 46 bis y 113, fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
2. Esto, ya que la recurrente principal debió controvertir dichos preceptos normativos, desde su demanda de amparo , por haberle sido aplicados desde la secuela natural, tal como lo disponen los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 81, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que prevén que el planteamiento de constitucionalidad debe esgrimirse ante el tribunal colegiado.
3. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: