Considerando
PRIMERO.-La certeza de los actos reclamados se desprende de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y los autos remitidos en los cuales obra original la sentencia de que se trata.
SEGUNDO.-La cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para dictar su resolución hizo las siguientes consideraciones: "III. SON INFUNDADOS LOS AGRAVIOS. LA LEY PROCESAL QUE RIGE EN LA ENTIDAD PREVIENE EN SU ARTICULO 256 LA FACULTAD CON QUE CUENTA EL DEMANDADO PARA LLAMAR A JUICIO A CUALQUIER PERSONA QUE TENGA INTERES EN EL NEGOCIO, BAJO LAS CONDICIONES DE QUE SEA PERMITIDO POR LA LEY Y QUE LO MANIFIESTE EN LA CONTESTACION DE DEMANDA QUE PRODUZCA. ES CLARO ASI, QUE EL USO DEL DERECHO CONSIGNADO EN EL NUMERAL EN COMENTO DEBE PATENTIZARSE PRECISAMENTE AL FIJARSE LA LITIS, PARA QUE INGRESE AL JUICIO, LA PERSONA QUE SE CREA TIENE INTERES PARA INTERVENIR EN LA CONTROVERSIA. SIN EMBARGO, LA PETICION QUE DE ESTE MODO SE FORMULE, PUEDE SER DESECHADA POR EL JUZGADOR, POR ESTIMARSE QUE NO EXISTE NECESIDAD PARA LLAMAR A PERSONA ALGUNA A LA CONTROVERSIA, O BIEN QUE SIMPLEMENTE SE OMITA PROVEER SOBRE LA PETICION DEL DEMANDADO; EN EL PRIMER CASO, QUIEN SIENTA QUE SE LESIONAN SUS DERECHOS PODRA RECURRIR LA RESOLUCION QUE ORDENO O NEGO EL LLAMAMIENTO A JUICIO DE OTRA PERSONA, SIN EMBARGO, EN EL SEGUNDO SUPUESTO, LA FALTA DE ACUERDO SOBRE EL DERECHO EJERCITADO, HACE NECESARIO EL REQUERIMIENTO PARA QUE SE ADOPTE CUALQUIER POSTURA, YA SEA QUE ACEPTE O NIEGUE PORQUE ANTE EL SILENCIO DEL DEMANDADO, LO QUE OCURRE ES QUE TACITAMENTE SE HA CONSENTIDO LA OMISION DEL LLAMAMIENTO A JUICIO, DE TAL SUERTE, QUE AL CONFORMARSE EL REO CON AQUEL AUTO QUE NADA LE PROVEYO AL RESPECTO Y AL NO ADOPTARSE LA CONDUCTA PROCESAL NECESARIA PARA QUE SE DECIDIERA SOBRE SU PETICION, SE SIGUE QUE NO ES DABLE QUE UNA VEZ DICTADA LA SENTENCIA DEFINITIVA SE ALEGUE QUE SE INCURRIO EN UNA VIOLACION AL NO HABERSE ACORDADO UN PUNTO DE LA CONTESTACION DE DEMANDA, SI COMO SE HA DICHO, ANTE EL SENTIDO QUE SE DIO A LA RESOLUCION, SE DEBIO HABER INSTITUIDO DE PARTE DEL DEMANDADO, O EN SU CASO RECURRIDO EL AUTO, LO QUE ES AUN MAS, LA SOLICITUD DE PARTE DEL REO, FUE TAMBIEN EXPRESADA MEDIANTE UN ESCRITO RECIBIDO POR LA AUTORIDAD EL TREINTA DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, QUE FUE INCLUSO ANTERIOR A LA CONTESTACION DE DEMANDA, AL CUAL LE RECAYO EL ACUERDO DEL DIA PRIMERO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, EN DONDE SE TUVIERON POR EXHIBIDAS LAS CONSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑABAN Y CON SU CONTENIDO SE MANDO A DAR VISTA AL ACTOR, POR TANTO SI EL DEMANDADO NO SE ENCONTRABA CONFORME CON EL SENTIDO DE DICHA RESOLUCION, AL EFECTO PUDO RECURRIRLE, PARA ASI PODER LOGRAR SU OBJETIVO, LO QUE AL NO HACERLO, SE TRADUCE EN LA FALTA DE INCONFORMIDAD QUE EN LA ACTUALIDAD HACE INMODIFICABLE EL AUTO, HABIENDOSE ACEPTADO DE ESTA FORMA, QUE NO SE ORDENARA EL LLAMAMIENTO A JUICIO PARA QUIEN PRESENTARA LOS DERECHOS DE MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ LOPEZ. POR OTRA PARTE, SI BIEN SE RECONOCE POR ESTE TRIBUNAL QUE LA PERSONALIDAD ES UN PRESUPUESTO PROCESAL CUYO ESTUDIO INCLUSO SE DEBE PRACTICAR OFICIOSAMENTE DE PARTE DEL JUZGADOR, EN EL CASO A ESTUDIO, AL ENCONTRARSE DEBIDAMENTE SATISFECHA LA REPRESENTACION CON QUE COMPARECIO A JUICIO EL ACTOR REIVINDICANTE, SE IMPONIA RESOLVER EL FONDO DEL NEGOCIO POR NO PROSPERAR LA EXCEPCIÓN DILATORIA EN COMENTO, NO EXISTIENDO POR TANTO LA VIOLACION ASI ALEGADA. SOBRE LA MISMA LINEA, NO LE ASISTE RAZON AL APELANTE AL CONSIDERAR QUE POR PERTENECER EL INMUEBLE MATERIA DEL JUICIO A DOS PERSONAS CUYO FALLECIMIENTO SE ENCUENTRA DEMOSTRADO, ERA NECESARIO QUE LOS REPRESENTANTES DE AMBAS SUCESIONES PROMOVIERAN CONJUNTAMENTE LA DEMANDA, ES DECIR, QUE LA ACCION SE INTENTARA DE PARTE DE LOS DOS DUEÑOS DEL BIEN, PORQUE SEGÚN SU DICHO AL EXISTIR UN INTERES JURIDICO NO CONSIDERADO SE RESTRINGE LA CAPACIDAD DE EJERCICIO DEL UNICO PROPIETARIO QUE ACUDIO A JUICIO. LO ASI EXPUESTO SE DESVIRTUA SI SE CONSIDERA QUE EL COPROPIETARIO, SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA ACTUAR INDIVIDUALMENTE SIN RECABAR EL CONSENSO DE LOS CODUEÑOS, A VIRTUD DEL ESTADO DE SOLIDARIDAD ENTRE ELLOS ORIGINADO RESPECTO DE LA COSA COMUN, QUE LOS FACULTA PARA QUE CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE EJERCITEN LAS ACCIONES CONCERNIENTES A SU DERECHO DE PROPIETARIOS EN CONTRA DEL DETENTADOR DEL BIEN, EN SU PERJUICIO, PUES PRECISAMENTE DEL TENOR DE LOS ARTICULOS 984 Y 986 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO, SE DESPRENDE QUE: 'LA PROPIEDAD ES EL DERECHO REAL QUE FACULTA A SU TITULAR PARA USAR, GOZAR Y DISPONER DE UN BIEN, CON LAS LIMITACIONES Y MODALIDADES QUE FIJAN LAS LEYES' Y 'ES ILICITO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS REALES CUANDO SOLO CAUSE PERJUICIOS A PERSONA DISTINTA DE SU TITULAR Y SIN UTILIDAD PARA ESTE', PRECEPTOS QUE VINCULADOS EXPLICAN EL ORIGEN DE LA SOLIDARIDAD QUE DIMANA DE LA COPROPIEDAD RESPECTO DE LOS COPROPIETARIOS PARA DEDUCIR, EN EL JUICIO CIVIL LAS ACCIONES DERIVADAS DEL TITULO DE PROPIEDAD DE PARTE DE UNO SOLO DE ELLOS EN CONTRA DEL POSEEDOR DE LA COSA COMUN, NO PUDIENDO POR TANTO ALEGARSE FALTA DE PERSONALIDAD, DE PARTE DEL ALBACEA DE LA SUCESIÓN DE UNO DE LOS COPROPIETARIOS, NI MUCHO MENOS DECRETARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR NO EXISTIR RAZON LEGAL PARA ELLO. EN EFECTO, SI SE CONSIDERA QUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COPROPIETARIOS SON INDIVISIBLES EN TANTO SUBSISTE ESE REGIMEN DE TAL MANERA QUE CUALQUIERA PUEDE SALIR EN DEFENSA ANTE LA AUTORIDAD CUANDO SE AFECTE EL TODO, SIN QUE SEA JURIDICO ADMITIR QUE CADA UNO DE LOS COPROPIETARIOS PUEDA TENER LA ACCION DE EJERCITAR LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN FORMA SUCESIVA, PUES SE LLEGARIA AL ABSURDO DE QUE PERMITIERA DEFENDER EXCLUSIVAMENTE LA PARTE ALICUOTA Y QUE SOBRE LA MISMA SE DEFINIERA LA COSA JUZGADA SIN PERJUDICAR O BENEFICIAR A LOS RESTANTES COPROPIETARIOS, PUDIENDO ESTOS INTENTAR TODAS LAS ACCIONES POR SEPARADO COMO LO SERIA LA CONSTITUCIONAL DE AMPARO. AL ACUDIR A DEFENDER UNO DE LOS COPROPIETARIOS LA AFECTACION DE LA PROPIEDAD LO HACE A NOMBRE DE LA TOTALIDAD, SIN QUE POR ELLO SE ESTIME INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD DE LOS DEMAS COPROPIETARIOS, PUES LAS RELACIONES QUE ELLOS GUARDAN ENTRE SI FRENTE A TERCEROS NO PUEDEN HACERSE VALER, LO QUE ES AUN MAS, EN LA COPROPIEDAD DE UNA COSA, LA PARTE DE CADA UNO DE LOS DUEÑOS NO ES UNA FRACCION MATERIAL, SINO UNA PARTE PROPORCIONAL QUE SE EXPRESA MEDIANTE UNA CIFRA O PORCENTAJE. ASI PUES, EL DERECHO DE PROPIEDAD ES EL QUE ESTA DIVIDIDO ENTRE ELLOS, NO LA COSA EN SI, QUE PERMANECE INDIVISA, Y EN CONSECUENCIA, EL DERECHO DE CADA DUEÑO SE EJERCE SOBRE LA TOTALIDAD DE LA COSA, EN LA MEDIDA QUE LE CORRESPONDE, Y NO SOBRE UNA SUPERFICIE DETERMINADA. EN TRATANDOSE DE UNA COMUNIDAD, A CUYA VIRTUD CADA COMUNERO EJERCE SU DERECHO SOBRE TODO EL PREDIO Y NO SOBRE UNA DETERMINADA DEL MISMO, LAS ACCIONES Y POR TANTO LAS EXCEPCIONES TENDIENTES A DEFENDER LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD PUEDEN EJERCITARSE POR TODOS LOS COPROPIETARIOS, POR UNA PARTE DE ELLOS O POR UNO SOLO, QUEDANDO ASI DESVIRTUADO EL AGRAVIO QUE SOBRE ESTE ASPECTO SE VIERTE INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, EN LO QUE RESULTAN PARCIALMENTE FUNDADOS LOS AGRAVIOS DEL APELANTE, ES EN CUANTO A QUE EL JUEZ A QUO OMITIO LA VALORACION DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA, LO ANTERIOR POR CUANTO A QUE COMO SE DESPRENDE DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, UNICAMENTE FUERON ESTUDIADAS Y VALORADAS LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PUBLICAS QUE APORTO EL REIVINDICANTE, PERO NO ASI LA INSPECCION JUDICIAL, LA CONFESIONAL, DECLARACION DE PARTE Y TESTIMONIAL QUE SE OFRECIERON Y DESAHOGARON DENTRO DE LA DILACIÓN PROBATORIA. SIN EMBARGO, TAL SITUACION NO REPARA AGRAVIO AL INCONFORME, PORQUE EN TODO CASO LA FALTA DE ESTIMACION DEL MATERIAL DE PRUEBA, RESULTARIA PERJUICIOSO PARA SU OFERENTE, PERO NO ASI PARA LA CONTRAPARTE, SIENDO INCLUSO QUE ESTA SITUACION SERA MATERIA DE ESTUDIO EN LINEAS POSTERIORES, EN DONDE SE PRECISARA EL VALOR Y ALCANCE DE LAS REFERIDAS PRUEBAS. A MAYOR ABUNDAMIENTO, EL RECURRENTE OMITE EXPRESAR LAS CONSIDERACIONES LEGALES Y LOS RAZONAMIENTOS LOGICOS JURIDICOS A CUYO TENOR CONCLUYE QUE DE HABERSE VALORADO LAS PRUEBAS EN MENCION, EL RESULTADO SERIA QUE DE SU TENOR SE OBTENDRIA LA INSUFICIENCIA PARA ACREDITAR LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA ACCION REIVINDICATORIA; SI AL MENOR NO ES PRECISO PARA CONCLUIR AL TENOR DE QUE PRUEBA, O BIEN DEL RESULTADO DE LA COMPROBACION DE CUAL HECHO, NO SIENDO SUFICIENTE LA SIMPLE ALEGACION QUE EN ESTE SENTIDO SE VIERTE, PUES RIGIENDOSE LA EXPRESION DE AGRAVIOS EN MATERIA CIVIL POR EL ESTRICTO DERECHO, NO SE PUEDE HACER UN EXAMEN GENERAL DE LA FUENTE DE INCONFORMIDAD, SINO QUE ES MENESTER LLEVAR A CABO UN ANALISIS QUE PONGA DE RELIEVE LA VIOLACIÓN COMETIDA, PERO EN FORMA ORDENADA Y LEGAL, MANIFESTANDO LA INFRACCION COMETIDA Y LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE FUERON OMITIDAS O MAL APLICADAS, LO QUE AL NO SUCEDER IMPIDE QUE SE TENGA POR LEGALMENTE EXPRESADO EL AGRAVIO Y TRAE CONSIGO QUE SUBSISTA LA CONVICCION A QUE LLEGO EL JUZGADOR CON EL RESTO DE LAS PRUEBAS QUE SI FUERON ESTUDIADAS, CUYO VALOR INCLUSO NO SE ENCUENTRA CONTROVERTIDO. IGUALMENTE SOSTIENE EL RECURRENTE QUE AL TENOR DE LAS PROBANZAS APORTADAS NO SE DEMUESTRA LA IDENTIDAD DE LA COSA PERSEGUIDA, PUES DEBIO HABERSE OFRECIDO LA PRUEBA PERICIAL QUE PERMITIERA ENCUADRAR EL BIEN QUE POSEE EL DEMANDADO AHORA APELANTE DENTRO DEL INMUEBLE PROPIEDAD DEL ACTOR. SIN EMBARGO, ES MENESTER PONER DE RELIEVE QUE EL TERCER ELEMENTO DE LA ACCION EJERCITADA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CONSISTENTE EN LA IDENTIFICACION DEL INMUEBLE QUE SE PRETENDE REIVINDICAR, SI SE PUEDE DEMOSTRAR POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA RECONOCIDOS POR LA LEY, DE LO QUE SE COLIGE QUE CONTRARIAMENTE A LO CONSIDERADO POR EL APELANTE NO ES NECESARIAMENTE INDISPENSABLE QUE EL ACTOR OFREZCA LA PRUEBA PERICIAL, SINO QUE ELLO PUEDE JUSTIFICARSE CON CUALQUIER MEDIO DE CONVICCIÓN. SIRVE DE APOYO A LO ANTERIOR EL CRITERIO SUSTENTADO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO EN LOS AMPAROS DIRECTOS NUMEROS 156/89, 346/89 Y 48/90, QUE DICEN: '-EL ELEMENTO DE IDENTIFICACION DE LA ACCION REIVINDICATORIA PUEDE DEMOSTRARSE POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA RECONOCIDOS POR LA LEY; DE LO QUE SE COLIGE QUE PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE LA COSA QUE SE RECLAMA (ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA ACCION), NO ES NECESARIAMENTE INDISPENSABLE QUE EL ACTOR OFREZCA LA PRUEBA PERICIAL O DE INSPECCION JUDICIAL, SINO QUE ELLO PUEDE JUSTIFICARSE CON CUALQUIER MEDIO DE CONVICCION QUE CONDUZCA A ESE FIN.'. SOBRE LA MISMA LINEA, ES PERTINENTE ACLARAR QUE EL JUEZ DE LA CAUSA TUVO POR SATISFECHO EL PRIMER ELEMENTO DE LA ACCION, AL TENOR DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DEDUCIDAS DEL EXPEDIENTE 1684/86 DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR Y DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, MISMAS QUE DEMUESTRAN EL ELEMENTO PROPIEDAD PORQUE COMO FUE SOSTENIDO EN EL FALLO DE PRIMER GRADO, NO ES NECESARIO QUE LA ACCIÓN SE INTENTE CONJUNTAMENTE CON EL OTRO COPROPIETARIO, DE LO CUAL INCLUSO YA SE ABUNDO EN LINEAS ANTERIORES. AHORA BIEN, EN LO QUE LE ASISTE RAZON A LA APELANTE, ES EN CUANTO A QUE AL TENOR DE LAS DOCUMENTALES PUBLICAS A QUE NOS HEMOS REFERIDO ANTERIORMENTE SE TUVIERON POR SATISFECHOS LOS DOS ELEMENTOS RESTANTES DE LA ACCION, PORQUE DE NINGUNA DE ELLAS SE DESPRENDE QUE LOS DEMANDADOS POSEAN EL BIEN, NI QUE ESTE CORRESPONDE AL QUE SE DESCRIBE EN SU TITULO DE PROPIEDAD, EN EFECTO, DE MANERA INEXPLICABLE EL JUEZ A QUO CONCLUYE DEL ANALISIS DE LAS COPIAS CERTIFICADAS A QUE NOS HEMOS REFERIDO, QUE LOS DEMANDADOS SON POSEEDORES DEL BIEN MATERIA DEL JUICIO Y QUE EL INMUEBLE SE IDENTIFICA ENTRE EL QUE CORRESPONDE EN PROPIEDAD AL DE CUJUS CON EL QUE TIENEN LOS DEMANDADOS QUEDANDO ASI JUSTIFICADA LA ACCION PUESTA EN MARCHA, LO CUAL CONTRAVIENE LA NATURALEZA DE DICHAS DOCUMENTALES, PUES ESTAS COMO DOCUMENTOS QUE SON UNICAMENTE DAN FE RESPECTO DE SU CONTENIDO, PERO NO DE HECHOS TALES COMO LA POSESION, O BIEN LA DEMOSTRACION DE LA IDENTIDAD DEL BIEN. SIN EMBARGO, TAL SITUACION NO AMERITA QUE SE REVOQUE EL FALLO, PUES DE LA PIEZA PRINCIPAL DE AUTOS SE OBTIENE QUE EXISTEN DIVERSAS PROBANZAS TENDIENTES A DEMOSTRAR LOS ELEMENTOS DE LA ACCION, RESPECTO DE LAS CUALES SE OMITIO SU VALORACION, ES DECIR, EL JUEZ NO PROPORCIONO SU ALCANCE NI FUERZA PROBATORIA, DE TAL SUERTE, QUE CORRESPONDIERA A ESTE CUERPO COLEGIADO LLEVAR A CABO SU ANALISIS Y ESTUDIO. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS AL TRIBUNAL DE APELACION, POR HABER INCURRIDO EL JUEZ A QUO EN UNA FALTA DE APRECIACION RESPECTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PROBANZAS OFRECIDAS; ADEMAS QUE EN ESTE SENTIDO, EL APELANTE HA ALEGADO LA FALTA DE VALORACION DE LAS PRUEBAS DEL ACTOR, A CUYO TENOR SOSTIENE NO SE PRUEBA LA ACCION REIVINDICATORIA, DE TAL SUERTE, QUE SE IMPONE ABORDAR SU ESTUDIO Y ASI TENEMOS: EN RELACION AL DESAHOGO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL SE DEBE DECIR QUE DE LA DECLARACION QUE RINDIERON LOS DEPONENTES SE OBTIENE QUE EL INMUEBLE OBJETO DE LA DISPUTA SE ENCUENTRA EN POSESION DE LOS DEMANDADOS, ESTO AL TENOR EN ESPECIFICO DE LA RESPUESTA QUE SE PRODUJO A LA PREGUNTA MARCADA CON EL NUMERO SEIS DEL INTERROGATORIO CONFORME AL CUAL VERSO EL DESAHOGO, POR TANTO, SI LOS TESTIGOS FUERON DOS, SIN TACHAS APARENTES, QUIENES COINCIDIERON EN AFIRMAR QUE LOS DEMANDADOS POSEAN EL INMUEBLE, QUE AMBOS EXPRESARON CONOCER POR SI MISMOS LOS HECHOS, HABIENDO SIDO SU DECLARACION CLARA Y PRECISA, SE CONCEDE EFICACIA PROBATORIA A SU TESTIMONIO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 437 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO. A SU VEZ EL SEGUNDO Y TERCER ELEMENTO DEL JUICIO DE PROPIEDAD SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SATISFECHOS AL TENOR DEL DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL QUE ESTUVO A CARGO DE LOS DEMANDADOS RAFAELA ITURBE CAMELA Y AGUSTIN ITURBE ESPINOZA, A QUIENES SE LES DECLARO CONFESOS FICTAMENTE AL TENOR DE LAS POSICIONES QUE RESULTARON CALIFICADAS DE LEGALES, PROBANZAS A LAS QUE SE LES CONFIERE EL VALOR DE UNA PRESUNCION LEGAL EN TERMINOS DE LO ORDENADO POR EL ARTICULO 423 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. EN LA MISMA MANERA, LAS CUESTIONES RELATIVAS A LA IDENTIDAD Y A LA POSESION DEL BIEN, SE ENCUENTRAN SATISFECHAS DEL DESAHOGO DE LA PRUEBA DE DECLARACION DE PARTE QUE ESTUVIERON A CARGO DE AGUSTIN ITURBE ESPINOZA Y RAFAELA ITURBE CAMELA, QUIENES NO OBSTANTE ENCONTRARSE LEGALMENTE CITADOS NO COMPARECIERON A LA RECEPCION DE LA PROBANZA, TENIENDOSELES POR TANTO CONTESTADAS LAS PREGUNTAS EN SENTIDO AFIRMATIVO Y POR EXISTENTE UNA FUNDADA RAZON DE SU DICHO, RESULTANDO QUE AMBAS PRUEBAS LES CORRESPONDE EL VALOR QUE DETERMINE EL ARTICULO 423 DE LA LEY PROCESAL CIVIL. POR TANTO, AL NO ENCONTRARSE DESVIRTUADAS DICHAS PRESUNCIONES LEGALES CON NINGUN OTRO MEDIO DE CONVICCION, ES EL CASO QUE EL DIVERSO 439 DE LA LEY EN CITA LES CONCEDE PLENO VALOR PROBATORIO, POR TANTO, DE ELLAS SE OBTIENE LA SATISFACCION DE LOS ELEMENTOS RESTANTES DE LA ACCION, YA QUE DEL CONTENIDO DE LAS POSICIONES Y DEL INTERROGATORIO, SE ADVIERTE QUE EFECTIVAMENTE LOS DEMANDADOS POSEEN EL INMUEBLE EN CUESTION Y QUE A SU VEZ EL BIEN ES IDENTICO A AQUEL QUE LES HA SIDO RECLAMADO. EN SUMA, AL HABERSE LLEGADO AL MISMO RESULTADO QUE SE DIO EN LA PRIMERA INSTANCIA, LO PERTINENTE ES PASAR A CONFIRMAR EN CADA UNA DE SUS PARTES EL FALLO IMPUGNADO".
TERCERO.-Como conceptos de violación se expresa lo siguiente: "1. En la resolución combatida la Sala responsable resuelve declarar infundados los agravios que hago valer en contra de la sentencia definitiva de primer grado, con lo anterior deja de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento y sujetar su actuación a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, principalmente por ser tribunal de apelación estuvo obligada a que prevalezca el interés público, la firmeza del procedimiento, de advertir las actuaciones naturales que se dicta sentencia de primera instancia sin que guardaran estado los autos. Debió mandar reponer el procedimiento, imponiendo además una corrección disciplinaria al Juez. La responsable fue omisa en observar en el cuaderno de pruebas de la parte actora, que las pruebas admitidas no se desahogaron ante el titular del Juzgado. Que el doce de junio de mil novecientos noventa en que se hace aparecer se recepcionan las pruebas confesionales; de declaración de parte a cargo de los demandados AGUSTIN ITURBE ESPINOZA Y RAFAELA ITURBE CAMELA; como la prueba testimonial que ofrece la misma actora al tenor de las declaraciones de los testigos presentados NELLY PEREZ FLORES Y ANAMARIA LOPEZ LOPEZ, el titular del Juzgado Noveno de lo Civil, licenciado FRANCISCO MADRID ROSETE incumplió las obligaciones que le imponen los artículos 47 y 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con relación a los numerales 16, 18 y relativos del código adjetivo civil del Estado, omite firmar cada una de las diligencias que obran de fojas catorce vuelta a dieciocho frente del cuaderno de pruebas de la parte actora; así consta que la diligencia señalada a las nueve horas del día doce de junio de mil novecientos noventa, supuestamente desahogada ante el titular del juzgado, al cerrarse el acta únicamente consta la firma de la secretaria de Acuerdos licenciada MARIA GABRIELA DURAN GASPAR; igual antecedente consta al cerrarse las diligencias señaladas a las nueve horas con quince minutos del quince de mayo de mil novecientos noventa; nueve horas con treinta minutos y diez horas del doce de junio de mil novecientos noventa, únicamente firma la secretaria de Acuerdos. En la diligencia señalada a las nueve horas del día doce de junio de mil novecientos noventa para la recepción de la prueba testimonial al cerrarse el acta de presentación de testigos únicamente firma la presentante MARGARITA QUINTERO MELENDEZ, sus testigos NELLY PEREZ Y ANAMARIA LOPEZ LOPEZ y la secretaria de Acuerdos; también; aunque se hace aparecer se recibe el testimonio ante la presencia del titular del juzgado, únicamente firman los declarantes y la secretaria de Acuerdos. Lo anterior está manifiesto en la certificación de actuaciones que expide la responsable, deducida del expediente 947/990, del Juzgado Noveno de lo Civil. Al disponer los dispositivos que el secretario de Acuerdos del juzgado que tiene a su cargo los expedientes nones, debe autorizar las actuaciones tan pronto como hayan sido firmadas por su superior, de tal suerte que si el titular del juzgado omite firmarlas carecen de validez y no pueden servir de base para actuaciones posteriores, entre aquellas la propia sentencia definitiva, esencialmente porque se fundamenta en pruebas que no se celebraron ante la presencia del juzgador, con las formalidades esenciales del procedimiento. Debe prevalecer el interés público, la firmeza de las actuaciones, el equilibrio entre las partes, no dejar en estado de indefensión a ninguna de aquéllas en el procedimiento, lo que acontece para la quejosa como parte demandada por dictarse una sentencia de primer grado, fundada en actuaciones que carecen de validez. Que la propia Sala responsable en plenitud de jurisdicción en aplicación del artículo 511 del código adjetivo debió ordenar la reposición del procedimiento, así no se molesten mis posesiones y derechos lo que se traduce en actos irreparables, máxime que la posesión del inmueble en los autos naturales no está demostrado que corresponda al autor de la sucesión. 2. La Sala responsable declara improcedente el primer agravio que hace valer la promovente en contra de la sentencia definitiva de primer grado, argumentando que si bien es cierto que el artículo 256 del código adjetivo civil faculta al demandado para llamar a juicio a cualquier persona que tenga interés en el negocio, también es que si el peticionario no tiene acuerdo favorable y deja de recurrir la resolución, la consiente, no le es dable como tribunal de apelación, una vez dictada la sentencia definitiva, el corregir una violación que no fue recurrida oportunamente por la parte interesada, por tanto resulta inmodificable el auto que omite proveer el llamamiento a juicio del representante legal de la sucesión intestamentaria de MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ LOPEZ, que simplemente resulta ser copropietaria del inmueble objeto de la acción real reclamada. Con lo resuelto la ad quem infringe los artículos 3, 244, 256 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que determinan el interés jurídico que va relacionado en la personalidad de una parte, del que carece la reivindicante para que se declare o constituya un derecho o imponga una condena, cuando desde el escrito de contestación de demanda y en diversas promociones presentadas el treinta de enero y veintisiete de abril de mil novecientos noventa, no sólo se pide se llame a juicio a la sucesión intestada de la señora MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ LOPEZ, también en función de constar su fallecimiento y en consecuencia demostrado el interés jurídico que le asiste a su representante, se le sujete al procedimiento, en aplicación de la hipótesis que rige en los artículos 684 a 686 del ordenamiento en cita se interrumpa el procedimiento, se otorguen cuarenta y cinco días hábiles para que haya oportunidad de acreditar la existencia del representante y en su caso citarlo por edictos. Necesariamente se reúnen los requisitos procesales para que se garantice la legalidad del procedimiento, su firmeza y no queda en estado de indefensión la sucesión intestada de la señora MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ LOPEZ, como lo manda el interés público, antecedentes que debió conocer la responsable en plenitud de jurisdicción reponer el procedimiento como lo ordena el artículo 511 del código adjetivo civil del Estado, disposición previamente establecida obligada a aplicarla. 3. Al concluir la Sala responsable que la señora MARGARITA QUINTERO MELENDEZ, como representante de la sucesión intestada de ELOIN ITURBE CAMELA tiene facultades suficientes para representarlo en juicio, contraviene el contenido del artículo 3455 del Código Civil, que sólo faculta el inicio de acciones únicamente cuando haya necesidad de asegurar los bienes de la herencia o exista planteada una controversia que de no contestarla repercuta en los intereses de los herederos. Como se advierte claramente del numeral invocado sus facultades están restringidas a la defensa del juicio y fuera de él en los casos urgentes y necesarios, no para ejercitar una acción real, que en principio se abstiene de acreditar la actora pertenezca la cosa al autor de la sucesión al momento de su fallecimiento. Al resolver la Sala responsable y concluir que la parte actora tiene personalidad para demandar la acción real reivindicatoria, infringe los propios artículos que invoca 984 y 986 del Código Civil, deja de aplicar el contenido de los artículos 1081, 1083 del propio ordenamiento, por establecer que está satisfecha la representación con que comparece a juicio para demandar acción reivindicatoria y que no asiste razón al apelante en cuanto a negarle esa personalidad, por ser innecesario el llamar a juicio a los representantes de ambas sucesiones intestadas y conjuntamente reclamen la acción intentada. Al respecto se advierte que confunde la titularidad del derecho con su ejercicio, puesto que el albacea en los términos del artículo invocado del Código Civil del Estado, carece de facultades de representación para reclamar la acción reivindicatoria, en principio porque únicamente demuestra con la certificación de actuaciones del juicio sucesorio intestamentario que se tramita ante el Juzgado Segundo de lo Familiar con el número 1684/986, del señor ELOIN ITURBE CAMELA, que a los menores que representa se les reconoce como herederos y que en la junta de herederos se le declara como su representante legal, sin embargo se abstiene de adjuntar certificación que compruebe que el bien reclamado en acción reivindicatoria corresponda en propiedad al de cujus ELOIN ITURBE CAMELA. Al respecto existe criterio definido que los asientos que certifica el registrador Público de la Propiedad existen en los libros a su cargo, son insuficientes para deducir las acciones que pertenecieron al autor de la herencia y le den apoyo jurídico para defender en juicio y fuera de él la herencia; en consecuencia todo lo argumentado por la responsable con relación a la copropiedad resulta inaplicable porque en la especie existe violación al procedimiento por parte del a quo, que niega el llamamiento de representante legal de la sucesión intestada de MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ LOPEZ DE ITURBE, como la interrupción del procedimiento para el mismo efecto, como lo ordenan los artículos 256, 684, 685, 686 del código adjetivo civil del Estado, disposiciones previamente establecidas que omite aplicar la responsable. 4. Refiere la Sala responsable improcedentes los agravios expuestos a la jurisdicción, que por omitir en su concepto, expresar las consideraciones legales, los razonamientos jurídicos a cuyo tenor concluyo que de haberse valorado las pruebas por el a quo hubiese concluido absolver a la quejosa de la acción planteada. En principio tal criterio resulta incongruente con el que expresa la ad quem en resolución que dicta el catorce de marzo de mil novecientos noventa y uno, al establecer que el recurso de apelación opuesto por la quejosa fue presentado en tiempo, que el escrito de expresión de agravios reúne los requisitos del artículo 484 del código adjetivo civil o sea, que están expuestos los agravios con claridad y que cada agravio que causa la sentencia se expresa por separado, señalando el hecho que constituya la infracción, las disposiciones legales violadas y los conceptos de violación. Considerando lo anterior, se advierte que la responsable no valora correctamente las actuaciones en plenitud de jurisdicción, de haberlo realizado advertiría que su inferior el Juez Noveno de lo Civil en cada una de la diligencias de recepción de las pruebas confesionales, de declaración de parte a cargo de los demandados, así como la testimonial que ofrece la parte actora, señalados el doce de junio y doce de mayo de mil novecientos noventa, en los días y horas señalados, no fueron realizados en presencia o ante el titular del juzgado, porque no las afirma, así la fe del secretario de Acuerdos carece de validez y eficacia para considerar las pruebas en sentencia, porque nunca existieron legalmente. Como tribunal de apelación y en plenitud de jurisdicción al manifestarse la expresa violación al procedimiento debió la responsable ordenar la reposición del procedimiento, como se lo ordena el artículo 511 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Sin conceder tuviesen valor las pruebas ofrecidas por la parte actora, la responsable desatendió el criterio que prevalece con relación a la acción real reivindicatoria, que exige de conformidad a lo dispuesto por el artículo 798 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que para proceder la acción el actor debe probar: I. Que es propietario del bien que reclama. Se ha dicho que la certificación que adjunta la promovente MARGARITA QUINTERO MELENDEZ, de actuaciones del juicio sucesorio de ELOIN ITURBE CAMELA, que se tramita ante el Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad, con el número de expediente 1684/986, resulta insuficiente para acreditar que el inmueble reclamado sea propiedad del autor de la sucesión, toda vez que no está agotada la segunda sección de la referida sucesión, así como las subsecuentes para que se aplique el bien en beneficio de sus representados. Por otra parte, prevalece el criterio de nuestro más Alto Tribunal, que la certificación que expide el registrador Público de la Propiedad de los asientos en el archivo a su cargo, de propiedades o derechos reales, no son suficientes para acreditar el derecho que en el documento se consigne si no está relacionado con el procedimiento sucesorio respectivo. II. Que el demandado es poseedor del bien objeto del juicio. La Sala responsable omite reconocer que en nuestro escrito de contestación de demanda en ninguna parte reconocemos que el inmueble a reivindicar, sea el mismo que posee la quejosa. La propia certificación que expide el registrador Público de la Propiedad, que fundamenta la acción real reclamada en mi contra, acredita que mi señor padre AGUSTIN ITURBE ESPINOZA tiene el dominio de una fracción de terreno ubicado en la prolongación de la avenida cuatro poniente, y una parte del referido terreno lo adquirió en una superficie de ciento setenta y un metros, ochenta decímetros cúbicos el señor ELOIN ITURBE CAMELA, sin que el propio documento como las actuaciones demuestren sea el mismo que se reclama en la acción real reivindicatoria. III. La identidad del bien que reclame el actor con el bien poseído por el demandado. Las pruebas aportadas en el juicio natural, confesionales, de declaración de parte a cargo de los demandados, con relación a la prueba testimonial a cargo de los señores NELLY PEREZ FLORES Y ANA MARIA LOPEZ LOPEZ, conforme al artículo 347 del Código Civil, las personas presentadas carecen de título en la ciencia o arte en materia pericial, los conocimientos para emitir un juicio en cuanto a la identidad de un inmueble, incapacitados para identificar establecer que el que se reclama ubicado en la cuatro poniente dos mil quinientos dieciocho, sea el mismo que posee la quejosa. Con relación a los presupuestos la Sala responsable invoca los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver los amparos directos 156/989, 346/989 y 48/990, en los que se concluye lo innecesario e indispensable de ofrecer la prueba pericial o de inspección judicial, para acreditar la identidad de la cosa, cualquier otro medio de convicción sirve de apoyo al juzgador, infringe el contenido de los artículos 192, 195 y 196 de la Ley de Amparo, que establecen claramente que la jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte, de los Tribunales Colegiados del Sexto Circuito serán los que prevalezcan, sin que pueda interpretarse que los criterios de los amparos directos reúnan las características de una tesis jurisprudencial, así pueda fundamentarse su sentencia. Contrario a lo expuesto por la responsable prevalece la jurisprudencia 1314, Sexta Epoca del Apéndice 1917-1965. Página 39. Volumen Tercero, Sala Cuarta. Bajo el rubro acción reivindicatoria, prueba de la propiedad con la adjudicación por herencia, al establecer que no basta que se liste y adjudique un bien en un juicio sucesorio para demostrar en el juicio reivindicatorio la propiedad o posesión de él, si no hay prueba de que el autor de la herencia haya sido propietario o poseedor del bien en el momento de morir o que adquirió esos derechos la sucesión. 5. La responsable en la resolución combatida expresa que de manera inexplicable el Juez a quo deja de valorar las documentales públicas que exhibe la reivindicante, para concluir demostrada la identidad del inmueble objeto de la controversia, así queda justificada la acción propuesta. Por otra parte expresa que como tribunal de apelación debe valorar los documentos y demás pruebas admitidas a la parte actora. Debe reiterarse lo inexplicable que observando la falta de análisis de su inferior de la pruebas referidas, incurra la ad quem en igual omisión de observar que las pruebas carecen de solidez jurídica que requiere todo acto de autoridad que afecte la esfera jurídica de las partes, la notoria falta de firma del titular del juzgado en el supuesto desahogo de las pruebas confesionales; de declaración de parte a cargo de los demandados, presentación y recepción de la declaración de testigos, que no obstante asentarse se reciben ante la presencia del Juez Noveno de lo Civil, licenciado FRANCISCO MADRID ROSETE, la propia actuación desmiente lo anterior por faltar su firma para que tenga eficacia la actuación, así también esté en condiciones la ad quem de valorar las pruebas y concluya probada la acción, con su actuación carece de fundamento y motivación en la causal legal del procedimiento, cuando obligadamente debió concluir absolverme de la acción real reivindicatoria, en los términos del artículo 456 del código adjetivo civil del Estado".