conflicto competencial 298/2022

1. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente conflicto competencial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada -ello de conformidad con el Transitorio Primero, fracción II, de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación expedida mediante Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno- ; y, 46, último párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos Primero, Segundo y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, al versar sobre un conflicto competencial suscitado entre Tribunales Colegiados de Circuito respecto de un recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto.
2. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán. Ausente la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
3. SEGUNDO. Existencia del conflicto competencial. En el presente asunto se advierte la existencia de un conflicto competencial susceptible de ser examinado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 46 de la Ley de Amparo.
4. Lo anterior debido a que los Tribunales Colegiados de Circuito implicados en este asunto se declararon legalmente incompetentes, por razón de materia, para conocer del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada el ocho de enero de dos mil veintiuno, en los autos del juicio de amparo indirecto 936/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, en la que se determinó sobreseer en el juicio de amparo.
5. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito declaró carecer de competencia legal para conocer del recurso de revisión 83/2021 , de su índice, con base en las siguientes consideraciones:

• De las constancias que obran en el expediente se desprende que el quejoso reclama las retenciones o descuentos a su sueldo, por lo que tomando en consideración que el sueldo o salario es un derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Federal, la naturaleza de dicho acto es laboral y no administrativa.
• Precisa que existe criterio definido, de aplicación obligatoria, en el sentido de que cuando el quejoso reclama la retención y/o suspensión de su cargo, del salario que percibe, del aguinaldo y prima vacacional o demás prestaciones de esa índole, resulta evidente que su naturaleza es laboral, independientemente de que la autoridad responsable tenga o no esa naturaleza.
• Dicho criterio fue emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 121/2019 (10a.) cuyo rubro es: “Competencia para conocer de los recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en el amparo indirecto en que se reclamaron la retención y/o suspensión de prestaciones laborales. Corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo.”

1. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, determinó que no aceptaba la competencia que le fue declinada para conocer del recurso de revisión 242/2021 (cuaderno auxiliar 673/2021) , con base en las siguientes razones:

• Del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte que el quejoso reclamó los descuentos al salario que percibe como trabajador activo de la Policía Estatal Preventiva, actos que atribuyó a la Secretaría de Administración y Finanzas y Dirección de Recursos Humanos, ambos del Gobierno del Estado de Sinaloa.
• El origen del acto reclamado deriva de la relación de carácter administrativo entre el quejoso y la institución para la cual labora, por lo que la competencia recae en un tribunal especializado en dicha materia, máxime que, de conformidad con el numeral 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, establece que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.
• Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los grupos constituidos por militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, no pueden considerarse trabajadores al servicio del Estado, sino que su relación con el poder público es de naturaleza administrativa.

1. Con base en lo anteriormente relatado, es evidente que se está en presencia de un conflicto competencial que debe resolver esta Segunda Sala, ya que los referidos Tribunales Colegiados de Circuito, en ejercicio de su autonomía y potestad, se negaron a conocer del recurso en comento por estimar que la naturaleza de los actos reclamados no corresponde a la materia de su especialidad.
2. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 12/2020 (10a.) emitida por el Pleno de este Alto Tribunal cuyo rubro es “Órganos jurisdiccionales auxiliares. Pueden analizar la competencia, ya sea por territorio o por materia, en función de la del órgano jurisdiccional al que auxilian y, en su caso, declarar la incompetencia para resolver el asunto.”
3. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán. Ausente la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
4. TERCERO. Estudio de fondo. A fin de que esta Segunda Sala determine a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada el ocho de enero de dos mil veintiuno, en los autos juicio de amparo indirecto 936/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, es necesario hacer las siguientes precisiones:
5. La competencia es la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y dentro de determinado territorio. Así, un tribunal es competente para conocer de un asunto cuando hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos.
6. La materia constituye un factor que determina la competencia atendiendo a la naturaleza jurídica de la controversia, es decir, es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho. La competencia por materia determina que en el tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los magistrados que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento.
7. Tratándose del juicio de amparo, los artículos 56, 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente prevén la competencia por materia de los juzgados de distrito y establecen los lineamientos que el legislador tomó en consideración para delimitar la competencia por materia; asimismo, los numerales 38, fracción IV, y 39 también de ese ordenamiento legal, prevén la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los recursos de revisión en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo.
8. En relación con lo anterior, ha sido criterio reiterado de esta Segunda Sala que la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer de recursos que se interpongan dentro de los juicios de amparo indirecto se fija, en principio, de acuerdo con la especialidad del Juez de Distrito que previno en el conocimiento del asunto.
9. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 23/2012 (10a.) que es del tenor siguiente:

“Revisión en amparo indirecto. La competencia por materia del tribunal colegiado de circuito que conoce del recurso relativo, se determina por la especialización del juez de distrito que previno en el conocimiento del asunto . ”

1. Sin embargo, como en el caso concreto el Juzgado de Distrito tiene competencia mixta, entonces no puede atenderse al referido criterio, sino que es necesario, para establecer la competencia, que se atienda sustancialmente a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable , sin que sea factible considerar los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.
2. Robustece lo anterior, en lo conducente, las jurisprudencias 2a./J. 24/2009 y 2a./J.145/2015 (10a.) , emitidas por esta Sala, que respectivamente dicen:

“Competencia por materia de los tribunales colegiados de circuito especializados. Debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, y no a los conceptos de violación o agravios formulados .”

“Competencia por materia para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto por un juez de distrito con competencia mixta. Se determina atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable .”

1. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 13/2020 (10a.) emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, cuyo rubro es:

“Competencia para conocer de un recurso de queja contra el auto de desechamiento de la demanda o de un recurso de revisión contra la sentencia que decreta el sobreseimiento, dictados por un juez de distrito con competencia mixta por estimar que la responsable no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Corresponde al tribunal colegiado de circuito especializado en la materia en la que incide el acto reclamado y, en su caso, a la naturaleza de las autoridades consideradas como responsables.”

1. Una vez señalado lo anterior, para estar en aptitud de establecer a qué Tribunal Colegiado corresponde conocer del recurso de revisión materia del presente conflicto competencial, es necesario precisar que en la demanda de amparo el quejoso reclamó lo siguiente:

“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA Y EJECUTORAS.

A).- SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.- CON DOMICILIO (…).

B).-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.- CON DOMICILIO (…).

ACTOS RECLAMADOS

A.- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA- Se le reclama las retenciones o descuentos a mi sueldo o pago, lo cual es ilegal e inconstitucional ya que conforme a los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123 constitucionales, que protegen el derecho de las personas a un núcleo de protección mínima que les garantice una subsistencia digna y autónoma.

Descuentos que ejecutan, ordenan y solicitan se realicen, así mismo ordenan a sus órganos y directores lo ordenen y realicen, ya que al entregar el numerario o percepción de mi salario vienen reflejados dichos descuentos y se me entrega una cantidad irrisoria después de dichos descuentos.

A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA reclamó que efectué los descuentos de mi salario que el mismo y la misma secretaria (sic) ordene, enviando las nóminas y recibos donde figuran los descuentos, por lo que el presente amparo es con el efecto de que ya no continúe realizando dichos descuentos anticonstitucionales, por lo que pido ya no entregue los descuentos ni los realice, debiendo depositar el sueldo íntegro y completo que me corresponde por ley como trabajador.

Así mismo, en su calidad de ordenadoras y ejecutoras les reclamo todas y cada una de las actuaciones derivadas de la falta de notificación a un procedimiento antes de realizar los descuentos ilegales y retenciones de mi sueldo, VIOLANDOSE MI DERECHO DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD, así mismo ordenar, ejecutar se me realicen los descuentos, así mismo no entregarme mi sueldo como corresponde al cien por ciento, entregando cantidades irrisorias.

Causándome agravios irreparables, lo cual es violatorio de mis derechos de audiencia y legalidad, ya que jamás fui notificado, jamás intervine en alguna audiencia o diligencia, por lo que me han afectado en mi esfera patrimonial y personal y he sido molestado en derechos y persona al realizar descuentos a mi salario los cuales se ven reflejados en los talones que anexo, privándome de mis derechos fundamentales de audiencia y legalidad y propiedad.”

1. Asimismo, del capítulo de antecedentes de ese ocurso se advierte lo siguiente:

“1. El suscrito soy servidor público como (Policía Estatal Preventivo de esta ciudad), lo cual se acredita con el talón que exhibo.

El suscrito tengo el registro federal de causantes MIVR751111SW7, PLAZA 14651 número de empleado 23329.

2. El sueldo o el pago lo realiza la secretaria (sic) de administración y finanzas del gobierno del estado (sic) y la dirección de recursos humanos (sic) de la misma dependencia del gobierno señalado, para todos empleados Activos (sic) del gobierno del estado (sic) de Sinaloa.

El sueldo que percibo es la cantidad de la cantidad de $ 7,268.91, quincenales, Como lo acredito con las constancias que exhibo.

Como se podrá analizar en los talones de cheques que percibo la cantidad de $ 7,268.91, de los cuales solo se me entrega la cantidad de $4,639.82 quincenales y señalan deducciones, que ahí mismo señalan del Talón 1) número 170671 descuentos $368.05 DE FAMSA, $175.97 FONDO ARCHIVO, $85.28 de FONDO ARCHIVO , $276.52 DE FONDO ARCHIVO, $222.70 de CREDIAMIGO, $398.81 DE TU NOMINA PLUS, $398 . 81 DE TU NOMINA PLUS, $ 53.39 DE FONDO ARCHIVO , $229.01 DE FONDO ARCHIVO , $178.78 DE CREDIAMIGO , señalando plenamente para no solicitarme aclaraciones posteriores son los únicos descuentos que recurro como ilegales que se detallan en el talón de pago.

Tomando en consideración que el hoy quejoso no tuve conocimiento puntual de los procedimientos para realizar los descuentos, me dejaron en estado de indefensión al infringir en mí contra las garantías de audiencia, de legalidad y seguridad jurídica; ya que no fui notificado legal y debidamente; es por lo que ocurro ante esta instancia constitucional.

(…). ”

1. Una vez señalado lo anterior, tomando en consideración que el acto del que se duele el quejoso es “…las retenciones o descuentos a su sueldo o pago, como Policía Estatal Preventivo en activo” , esta Segunda Sala llega a la conclusión de que dichos actos reclamados son de naturaleza administrativa , porque su génesis se origina con motivo de la relación que existe entre los elementos del cuerpo de seguridad y el Estado, la cual es de orden administrativo.
2. En efecto, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , establece que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales , se regirán por sus propias leyes, lo que se traduce en que el Constituyente los excluyó del régimen laboral constitucional.
3. En relación a ello esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la relación entre los cuerpos de seguridad y el Estado es de orden administrativo, y por ello, los descuentos a las percepciones de un policía constituyen un acto de autoridad que debe conocer el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, conforme a la aplicación de los criterios siguientes:

“ POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. ”

“ POLICÍAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ”