Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0115/2024-O

Fecha: 30-Dic-2024

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0115/2024-O

Sucre, 30 de diciembre de 2024

SALA TERCERA

Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori

Acción de amparo constitucional

Expediente: 48523-2022-98-AAC

Departamento: Beni

En la queja por incumplimiento de la SCP 0821/2023-S3 de 31 de julio, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cristhian Arroyo Shiriqui contra “Cecilia Giraldo” y Edgar Segundo Rea Avaroma, ex y actual Presidente; Freddy Daleney Granier y Edwin Cáceres Chávez, ex y actual Oficial Mayor Administrativo y Financiero; y, Valeria Roca Guardia y Lizbeth Flores Franco, ex y actual Jefa de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.), todos de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por incumplimiento

Por memorial presentado el 28 de junio de 2024, cursante de fs. 215 a 216 vta., Cristhian Arroyo Shiriqui -accionante en la acción de amparo constitucional, ahora activante de queja-, con la suma “PIDE RESUELVA QUEJA DE INCUMPLIMIENTO” (sic) señaló que se apersonó a la Asamblea Legislativa Departamental de Beni -entidad accionada- pidiendo el cumplimiento de la SCP 0821/2023-S3; empero, “hasta la fecha” -se entiende de interposición de esta queja por incumplimiento- se encuentran demoradas las gestiones, indicándole que el “abogado” responderá con nota, tomando en cuenta que el Jefe de RR.HH., les pidió que se dé curso inmediatamente a su petición; por lo que, continúan con las demoras, con la excusa de que su “…persona trabajó después de 3 meses y que solo corresponde pagarme ese monto, para evitar doble percepción, lo cual está fuera de lugar, pues están queriendo modificar una sentencia constitucional plurinacional totalmente ejecutoriada e inmutable” (sic).

El retraso indebido en la ejecución del cumplimiento de la SCP 0821/2023-S3 por la entidad accionada, supone un inadecuado cumplimiento de lo resuelto en la acción de amparo constitucional, que se traduce en una injustificada, arbitraria y desmedida disposición del “órgano protector” de derechos y garantías constitucionales; puesto que, denunciaron de manera oportuna el incumplimiento de dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, razón por la cual se ve obligado a reiterar su denuncia de incumplimiento de ese fallo constitucional.

I.1.1. Petitorio

En atención a los evidentes errores cometidos por la entidad accionada en etapa de ejecución, solicita se declare ha lugar a la denuncia de incumplimiento, debiendo conminar a los accionados para que den cumplimiento a la SCP 0821/2023-S3 de 31 de julio y se remitan antecedentes al Ministerio Público, o en su caso, se imponga multa progresiva por su renuencia.

I.2. Trámite de la denuncia por incumplimiento

I.2.1. Contestación de la entidad recurrida

De la denuncia de incumplimiento de la SCP 0821/2023-S3, no se dispuso ni corrió traslado a la entidad accionada; empero, de manera inmediata, previa, expresa, clara y como causa de la denuncia de incumplimiento, Gaby Vania Balcázar Ribera, Presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, mediante memorial presentado el 5 de junio de 2024, cursante de fs. 208 a 211 vta., con la suma “Imposibilidad de Pago” manifestó que, la referida entidad, tiene toda la predisposición de dar cumplimiento a la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional; sin embargo, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) - Beni dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de dicho departamento a solicitud de la citada Asamblea emitió un Certificado -de trabajo- en el que consta que el hoy activante de queja presta servicios en el cargo de Profesional III desde el 1 de agosto de 2022 a “la fecha”, y a los tres meses de culminar su contrato en la Asamblea Legislativa Departamental de Beni que es una entidad pública dependiente de esa Gobernación, empieza a trabajar en otra entidad “SEDES - BENI”, por ese motivo, la entidad accionada si da cumplimiento al citado fallo constitucional; por lo que, cancelar todos los sueldos devengados desde su desvinculación hasta que su hija cumpla un año de edad, incurriría en doble percepción de sueldos, sujetos a responsabilidad administrativa.

Asimismo, Vivian Joana García Rivero, esposa del accionante -hoy activante de queja-, informó que recibió los respectivos subsidios de prenatalidad y de lactancia otorgado por la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, como se puede evidenciar del extracto del subsidio de lactancia de la beneficiaria entregado por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) de 31 de mayo de 2024, firmado por el responsable de la Distribuidora de Subsidios de Trinidad del departamento de Beni. En ese entendido, se cumplió con la protección del recién nacido con la entrega de las asignaciones familiares a la esposa del ahora activante de queja; por lo que, no corresponde el pago de dichos subsidios a ambos progenitores, tampoco la cancelación de sueldos devengados; ya que, el hoy activante de queja presta servicios en el SEDES - Beni dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de dicho departamento desde el 1 de agosto de 2022, de la cual percibe salarios.

Por esa razón, la Asamblea Legislativa Departamental de Beni no puede realizar el pago en dinero de las asignaciones familiares; debido a que, la esposa del ahora activante de queja ya recibió todos los subsidios que le corresponden por la entidad en la que ella trabaja, en aplicación del art. 34 del “…Reglamento de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo ‘ASUSS…”’ (sic). Por lo que, de disponerse el pago de sueldos devengados y la cancelación retroactiva de las asignaciones familiares en dinero, en cumplimiento de la aludida SCP 0821/2023-S3, como Presidenta de reciente posesión de dicha Asamblea, estaría promoviendo un doble pago, convirtiéndose en una doble percepción salarial. Por los cuestionamientos expuestos, solicitan se deniegue la solicitud del pago de asignaciones familiares en dinero y el pago de sueldos devengados desde su desvinculación hasta que su hija cumpla un año de edad; ya que, solo podrían cumplir con el pago de tres meses de salarios devengados desde su desvinculación con la Asamblea Legislativa Departamental de Beni hasta su inicio de trabajo con la nueva entidad, que serían Bs8 000.- (ocho mil bolivianos) el monto que ganaba como Asesor Técnico Especializado IV - Consultor Individual de Línea, por los meses de mayo, junio y julio, haciendo un total de Bs24 000.- (veinticuatro mil bolivianos).

I.3. Resolución de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Auto “Interlocutorio” 138-1/2024 de 5 de julio, cursante de fs. 217 a 218 vta., declaró “PROBADA PARCIALMENTE” la queja por incumplimiento de la SCP 0821/2023-S3, ordenando: a) El pago de sueldos devengados correspondientes a mayo, junio y julio de 2022, en el monto que tenía el hoy activante de queja antes de su última desvinculación laboral; b) No ha lugar a la cancelación retroactiva de las asignaciones familiares de prenatalidad, natalidad y lactancia, en el plazo de diez días hábiles de lo ordenado en esa resolución. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) De las pruebas aportadas por la “parte accionada” se puede concluir claramente que el ahora activante de queja presta servicios desde el 1 de agosto de 2022 “a la fecha” -se entiende de interposición de esta queja por incumplimiento- con un haber básico de Bs. “6.0000,00,” -siendo lo correcto Bs6 000.- (seis mil bolivianos)- efectuando el cómputo, se puede afirmar que desde su desvinculación laboral de servicios laborales de Consultoría Individual de Línea, del 1 de marzo al 31 de abril de 2022, dependiente de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, existiría el lapso de tres meses en los que el hoy activante de queja no percibió ningún sueldo siendo -mayo, junio y julio de igual año-, los meses por los cuales le correspondería el pago de sueldos devengados; 2) Conforme con el Informe emitido por el Responsable de atención al cliente de la Distribuidora de Subsidios Trinidad del departamento de Beni de 31 de mayo de 2024, Vivian Joana Garcia Rivero, esposa del ahora activante de queja, procedió a recoger el subsidio de los cinco meses de prenatalidad y los 12 meses del subsidio de lactancia de las gestiones de 2022-2023, figurando como “empresa/institución” la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”; por lo que, se puede evidenciar un beneficio cubierto por una institución empleadora de la beneficiaria del hoy activante de queja; y, 3) Al exigir el cumplimiento de las asignaciones familiares se estaría incumpliendo la prohibición prevista por el art. 22 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares, aprobada mediante Resolución Administrativa (RA) ASUSS 0101/2021 de 31 de diciembre.

I.4. Impugnación

Por memorial presentado el 8 de agosto de 2024, cursante de fs. 233 a 234 vta., el ahora activante de queja, formuló impugnación contra el Auto “Interlocutorio” 138-1/2024, manifestando que: i) Establecieron erróneamente que no le cancelen los sueldos devengados dispuestos en la SCP 0821/2023-S3, que es de cumplimiento obligatorio e inmediato, debido a un Certificado emitido por SEDES - Beni, que indica que trabajó en el Gobierno Autónomo Departamental de Beni desde el 1 de agosto de “2023” -2022- “a la fecha” -se entiende de interposición de esta queja por incumplimiento-; sin embargo, fue la entidad accionada quien incumplió la obligación dilatando el proceso, afirmando que el “abogado” será quien responderá su petición; no obstante, pese a su apersonamiento oportuno y el pedido que hizo la Jefa de RR.HH., de dar curso inmediato, con la excusa de que su persona trabajó después de tres meses y solo corresponde pagarle ese “monto”, para evitar la doble percepción salarial, lo cual está fuera de lugar; puesto que, se pretende modificar la SCP 0821/2023- S3 cuyo cumplimiento se pide; y, ii) El retraso injustificado por la entidad accionada, supone un inadecuado cumplimiento del indicado fallo constitucional, que se tradujo en una injustificada, arbitraria y desmedida disposición del Tribunal garantías, a su pedido oportuno de cumplimiento; por lo que, se vio obligado a reiterar su denuncia de incumplimiento de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional. Por lo expuesto, presenta impugnación solicitando declare ha lugar a la presente queja de incumplimiento, debiendo conminar a la entidad accionada para que cumplan la SCP 0821/2023-S3, y se remitan antecedentes al Ministerio Público, o en su caso, se imponga multa progresiva por su renuencia.

I.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 6 de septiembre de 2024, cursante a fs. 245, el Presidente de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso que los antecedentes de la presente queja por incumplimiento de la SCP 0821/2023-S3, pasen a conocimiento de la Sala Tercera de este Tribunal.

Asimismo, mediante decreto constitucional de 20 de septiembre de 2024, cursante a fs. 248, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 5 de noviembre del citado año, cursante a fs. 262; por lo que, el presente Auto Constitucional Plurinacional es emitido dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Certificado de Trabajo de 23 de mayo de 2024 expedido por el Responsable de RR.HH., de SEDES - Beni dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, por el que se acredita que Cristhian Arroyo Shiriqui -ahora activante de queja- presta servicios profesionales a esa institución desde el 1 de agosto de 2022 a “la fecha”, con un haber mensual de Bs6 000.- (fs.178).

II.2. Consta la SCP 0821/2023-S3 de 31 de julio, que en su parte resolutiva determinó: “REVOCAR en parte la Resolución 056/2022 de 15 de junio, cursante de fs. 117 a 124 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a los derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, y de forma conexa los derechos a la seguridad social, a la salud, a la vida y a la alimentación de la hija del accionante, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional -sin disponer la reincorporación laboral al no corresponder-, disponiendo que la Asamblea Legislativa Departamental de Beni ordene en favor del accionante:

a) El pago de sueldos devengados desde su desvinculación, hasta el cumplimiento del año de la menor de edad, aclarando que existe la imposibilidad de ordenar la reincorporación del accionante a su fuente laboral debido a que su hija ya cumplió un año de edad el 10 de mayo de 2023.

b) La cancelación retroactiva de las asignaciones familiares correspondientes a los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional, y sea en el marco de lo previsto en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y el DS 3546 de 1 de mayo de 2018; salvo que ello ya hubiese acontecido como efecto de la protección tutelar asumida al respecto por la referida Sala Constitucional.

c) DENEGAR la tutela solicitada, en cuanto al principio de seguridad jurídica, así como a su reconocimiento como funcionario de planta e inclusión en la planilla de personal con contrato indefinido” (fs. 181 a 203). En cuya Conclusión II.5.b) establece que tuvo Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea A.L.D.B./U.J.A./XJE/73/2022 de 2 de marzo, suscrito por las mismas partes y con el idéntico objeto de contratación con un plazo de duración del servicio hasta el 30 de abril de 2022 (fs. 189).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN

El hoy activante de queja alega que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Auto “Interlocutorio” 138-1/2024 de 5 de julio, declaró “PROBADA PARCIALMENTE” la queja por incumplimiento de la SCP 0821/2023-S3 de 31 de julio, ordenando únicamente el pago de sueldos devengados de los meses de mayo, junio y julio de 2022, sin considerar que la entidad accionada incumplió todo lo dispuesto en el citado fallo constitucional, sin justificación alguna.

III.1. Competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional para resolver las denuncias por incumplimiento a Sentencias Constitucionales Plurinacionales

Bajo el marco normativo establecido por el art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE) que prevé que: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas, no cabe recurso ordinario ulterior alguno”; en ese sentido, el AC 0006/2012-O de 5 de noviembre, estableció que: “…frente a un eventual incumplimiento o demora en la ejecución de una decisión constitucional, el legislador ha dispuesto para la etapa de ejecución de fallos, un mecanismo procesal idóneo para la denuncia por incumplimiento de decisiones emergentes de acciones tutelares, destinado a consolidar una real materialización y por ende un efectivo cumplimiento a sentencias constitucionales con calidad de cosa juzgada.

El art. 16 del CPCo concordante con la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, expresamente señala: ‘I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional, conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo…’.

Por lo expresado, corresponde, a través de la labor hermenéutica y a la luz de una interpretación ‘de y conforme a la Constitución’, determinar las reglas de un debido proceso aplicables a la etapa de ejecución de fallos por denuncias referentes a quejas por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares. En este contexto, en esta etapa procesal, el juez o tribunal de garantías que conoció la acción tutelar, una vez conocida la queja por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinte cuatro horas desde el conocimiento de este mecanismo, solicitará informe y demás medidas o documentación pertinente a la autoridad o particular obligado a cumplir una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, quien deberá remitir lo solicitado ante el juez o tribunal de garantías, en un plazo no mayor a tres días, para que en primera instancia, el juez o tribunal de garantías, establezca la demora o incumplimiento en la ejecución de una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, si fuera el caso.

El juez o tribunal de garantías, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, mediante auto expreso, rechazará (…) multas progresivas, entre otras.

Con la resolución pronunciada por el juez o tribunal de garantías, se notificará a las partes procesales, estando facultado el activante de la queja, en caso de estimar dilación o incumplimiento de la resolución emergente de una acción tutelar, a presentar la misma ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en los términos establecidos por el art. 16.II del CPCo, queja que deberá ser presentada en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la resolución emitida por el juez o tribunal de garantías. En este supuesto, el juez o tribunal de garantías, en el plazo de veinticuatro horas, deberá remitir todos los antecedentes relevantes a la queja ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la sala que emitió la sentencia con calidad de cosa juzgada, resolverá mediante Auto Constitucional la queja interpuesta por demora o incumplimiento a resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, debiendo confirmar total o parcialmente o en su caso revocar, la decisión del juez o tribunal de garantías que conoció inicialmente la queja por mora o incumplimiento a decisiones constitucionales con calidad de cosa juzgada constitucional, decisión que deberá ser cumplida de manera inmediata” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Cumplimiento y ejecución de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales en la medida de lo determinado

El ACP 0039/2019-O de 2 de octubre, respecto al cumplimiento, incumplimiento, sobrecumplimiento o cumplimiento distorsionado de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, señala que: “El carácter obligatorio de las sentencias constitucionales y su ejecución compulsiva; es decir, su cumplimiento en la medida de lo determinado, se encuentra en las normas contenidas en los arts. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 15, 16 y 17 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

En ese orden, el ACP 0019/2014-O de 14 de mayo, señaló que una resolución constitucional debe ser cumplida a cabalidad; es decir, sin que se produzca un cumplimiento inferior o sobrecumplimiento de lo dispuesto, abriéndose la posibilidad que las partes procesales denuncien tales situaciones jurídicas que se presenten en ejecución de sentencia.

Del mismo modo, la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero en su Fundamento Jurídico III.2, entendió que el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado es un derecho fundamental que emerge del derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia constitucional consagrado en los arts. 115.I de la CPE; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que se constituye en el derecho protector de los demás derechos, que implica, no solamente el acceso propiamente a la justicia constitucional sin obstáculos ni limitaciones carentes de justificación racional y razonable y lograr un pronunciamiento judicial, sino también ‘…Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho’ -SCP 1478/2012 de 24 de septiembre-.

En ese sentido, la SCP 0015/2018-S2, citando a las SSCC 0944/2001, 0125/2003-R, 1206/2010-R, y a la SCP 1450/2013 de 19 de agosto, subrayó que el cumplimiento y ejecución de una resolución judicial proveniente de cualquier jurisdicción, incluida de la justicia constitucional, debe ser en la medida de lo determinado, caso contrario, se lesiona el derecho fundamental a la eficacia de las resoluciones judiciales, violación que se produce cuando las mismas son total o parcialmente incumplidas o cuando se les da un alcance diferente o distorsionado al establecido en el fallo o cuando su cumplimiento es tardío.

En ese orden, la citada SCP 0015/2018-S2, precisó que:

Consiguientemente, las sentencias constitucionales emitidas por los jueces o tribunales de garantías en acciones de defensas o por el Tribunal Constitucional Plurinacional, también en otro tipo de procesos constitucionales, deben ser ejecutadas y cumplidas en los términos expresados en la parte resolutiva, es decir, en la medida de lo determinado.

Ahora bien, el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado, implica que el cumplimiento de una sentencia constitucional emitida por los jueces o tribunales de garantías en acciones de defensa o por el Tribunal Constitucional Plurinacional, debe ser ejecutado, conforme a lo dispuesto en dichos fallos constitucionales” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis de la solicitud de queja por incumplimiento

De los antecedentes que cursan en obrados, se establece que la SCP 0821/2023-S3, que en su parte resolutiva determinó: “REVOCAR en parte la Resolución 056/2022 de 15 de junio, cursante de fs. 117 a 124 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a los derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, y de forma conexa los derechos a la seguridad social, a la salud, a la vida y a la alimentación de la hija del accionante, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional -sin disponer la reincorporación laboral al no corresponder-, disponiendo que la Asamblea Legislativa Departamental de Beni ordene en favor del accionante:

c) DENEGAR la tutela solicitada, en cuanto al principio de seguridad jurídica, así como a su reconocimiento como funcionario de planta e inclusión en la planilla de personal con contrato indefinido” (fs. 181 a 203). En cuya Conclusión II.5.b) establece que tuvo Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea A.L.D.B./U.J.A./XJE/73/2022 de 2 de marzo, suscrito por las mismas partes y con el mismo objeto de contratación con un plazo de duración del servicio hasta el 30 de abril de 2022 (Conclusión II.2.).

Con esos antecedentes es necesario precisar que, en esta instancia -ejecución de fallos-, lo que se encuentra en cuestión y revisión en etapa de impugnación ante esta Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, es la declaración de ha lugar únicamente del pago de sueldos devengados correspondientes a mayo, junio y julio de 2022, en el monto que tenía el hoy activante de queja antes de su última desvinculación laboral, dispuesta en el Auto “Interlocutorio” 138-1/2024, cursante de fs. 217 a 218 vta., ante la denuncia de incumplimiento planteada por el ahora activante de queja; sin incluir los demás meses hasta que la hija del mismo cumpla un año de edad; es decir, hasta el 10 de mayo de 2023; ya que, a partir del 1 de agosto de 2022 “hasta la fecha” -se entiende de interposición de esta queja por incumplimiento-, se encuentra prestando servicios a SEDES - Beni, entidad dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Beni. Impugnación planteada por el hoy activante de queja por memorial presentado el 8 de agosto de 2024, cursante de fs. 233 a 234 vta.

En ese contexto, es necesario precisar que conforme con los antecedentes revisados se concluye que el ahora activante de queja: a) Fue desvinculado a la conclusión del último Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea A.L.D.B./U.J.A./XJE/73/2022 de 2 de marzo; es de decir, el 30 de abril de 2022 -citado en la Conclusión II.2. de la SCP 0821/2023-S3-; y, b) Nuevamente se celebró un vínculo laboral con SEDES - Beni dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Beni prestando servicios con un haber mensual de Bs6 000.-, desde el 1 de agosto de 2022 “hasta la fecha” -23 de mayo de 2024- (Conclusión II.1.).

En ese entendido, se puede concluir que entre la desvinculación laboral del hoy activante de queja y la celebración de la nueva relación laboral con SEDES - Beni dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Beni que se mantiene “hasta la fecha” -se entiende de interposición de esta queja por incumplimiento-, hay un periodo de cesantía de 3 meses -mayo, junio y julio de 2022-, de los cuales no percibió salario alguno.

Ahora bien, el pago de los demás sueldos devengados -al margen de los citados meses expresamente- hasta el cumplimiento del año de edad de su hija menor de edad; es decir, al 10 de mayo de 2023, sin tomar en cuenta que el ahora activante de queja tuvo y tiene una relación laboral con SEDES - Beni, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, del cual percibe un haber mensual de Bs6 000.-, no es posible, porque precisamente la provisión de los medios necesarios para la subsistencia del hoy activante de queja y su entorno familiar está siendo cubierta por el sueldo mensual percibido por dicha entidad; por lo tanto, la restitución efectiva del derecho a la remuneración o salario justo, vinculado a los otros derechos por las que se concedió la tutela en parte, también se están materializando.

Por otra parte, disponer el pago de los demás meses como reclama el ahora activante de queja en su impugnación importaría generar responsabilidad por la función pública, por la prohibición de una doble percepción de remuneración en los alcances establecido por el art. 12 del Decreto Supremo (DS) 430 de 10 de febrero de 2010; puesto que, los recursos para pagar los sueldos devengados tendrían como fuente los recursos públicos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al declarar “PROBADA PARCIALMENTE” solo el pago de sueldos devengados correspondientes a mayo, junio y julio de 2022, en el monto que tenía el ahora activante de queja antes de su última desvinculación laboral, sin incluir los demás meses hasta que su hija cumpla un año de edad; es decir, al 10 de mayo de 2023, como plantea el hoy activante de queja, dispuesta mediante el Auto “Interlocutorio” 138-1/2024, obró de manera correcta; en consecuencia, corresponde declarar ha lugar en parte la queja de incumplimiento.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 16.II del Código Procesal Constitucional, resuelve declarar:

a) HA LUGAR en parte la queja por incumplimiento interpuesta por Cristhian Arroyo Shiriqui.

1) Disponer el pago de los sueldos devengados correspondientes a mayo, junio y julio de 2022, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

b) NO HA LUGAR en parte con relación a la cancelación retroactiva de asignaciones familiares de prenatalidad, natalidad y lactancia en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA