SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0162/2022-S3

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”; puesto que, los Vocales ahora accionados al pronunciar el Auto de Vista 210 de 31 de diciembre de 2020, no tomaron en cuenta que luego de practicarse la diligencia de “citación” por cédula, con la demanda monitoria de cumplimiento de obligación de dar y entrega de bien inmueble en el que vive y tiene la posesión, seguida por Freddy Villca contra David Adrián Zambrana Aguilar, ahora terceros interesados; “los demandantes” procedieron a despegar ese actuado, impidiendo que el mismo cumpla su finalidad de poner en su conocimiento la referida demanda; además, realizaron una interpretación de los hechos respecto a la citación con dicha demanda, Sentencia Inicial y Definitiva, que fue desvirtuada en el incidente de nulidad que interpuso; y, resolvieron dicho Auto de Vista conforme a la letra muerta, sin efectuar un análisis jurídico y omitiendo considerar el contenido normativo de los arts. 74, 75 y 78 del CPC, situación por la cual podría perder su vivienda ya que pretendió ejecutarse un mandamiento de desapoderamiento.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  El debido proceso y el derecho a la defensa

La SCP 1066/2019-S4 de 18 de diciembre, al respecto estableció que: [Sobre el particular, la SCP 0766/2019-S4 de 12 de septiembre, señaló: «El art. 115.II de la CPE, estableció lo siguiente: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”».

En el mismo sentido, el art. 117.I determina que: «Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…».

Así también en su art. 119.II instituyó lo siguiente: «Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios».

Al respecto la SCP 0770/2017-S1 de 27 de julio, estableció que: «La jurisprudencia constitucional, ha entendido al debido proceso como: “‘…el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también administrativo…’” (SC 0180/2013 de 27 de febrero).

La SCP 1902/2012 de 12 de octubre, refiere que: “…este derecho consiste en la garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas; en las actuaciones judiciales o las actuaciones sancionadoras administrativas exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…”.

De acuerdo a la SCP 2240/2012 de 8 de noviembre, “…El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los  deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso”.

El derecho a la defensa “…está configurado como un derecho fundamental de las personas, a través del cual se exige que dentro de cualquier proceso en el que intervenga, tiene la facultad de exigir ser escuchada antes de que se establezca una determinación o se pronuncie un fallo; además, implica el cumplimiento de requisitos procesales que deben ser debidamente observados en cada instancia procesal dentro de los procesos ordinarios, administrativos y disciplinarios, donde se afecten sus derechos.

Así la SC 1821/2010-R de 25 de octubre, indicó que el derecho a la defensa es la ‘…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.

Es decir, que el derecho a la defensa se extienda: i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal…’” (SCP 1881/2012 de 12 de octubre)».