SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0099/2022-S4

El accionante alega la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación y el derecho a la defensa de su mandante, vinculados con los principios de legalidad y seguridad jurídica; debido a que las autoridades demandadas, a pesar de que se encontraba vigente la Resolución ASFI/606/2020 de 30 de octubre, que autorizó, entre otros aspectos, la emisión, oferta pública y la inscripción en el Registro del Mercado de Valores de la ASFI de las cuotas de participación del Fondo de Inversión denominado “Renta Activa Infraestructura Fondo de Inversión Cerrado” a ser administrado por Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., decidió aplicar la medida preventiva de suspensión de la negociación/colocación primaria de las cuotas de participación del mencionado fondo de inversión, mientras dure la inspección especial de la ASFI; medida asumida sin la necesaria y suficiente fundamentación jurídica y motivación que permita comprender la razones de la decisión, la misma que se hubiera mantenido pese a la solicitud de reconsideración presentada.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

         El derecho a una resolución fundamentada y motivada como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas comprendidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado de manera amplia por la jurisprudencia constitucional; constituyéndose en uno de los antecedentes al respecto, el entendimiento asumido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, que señaló que: "...el derecho al debido proceso, que  entre su  ámbito  de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.

         (...) consecuentemente  cuando  un  Juez  omite  la  motivación  de  una  Resolución,  no  sólo  suprime  una  parte  estructural  de  la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.

         De esa manera es que se establece la exigencia de que toda resolución deba exponer imprescindiblemente los hechos y el fundamento legal de la decisión, cuya omisión acarrea la lesión al debido proceso; exigencia que resulta aplicable no sólo en el ámbito de las resoluciones judiciales; sino también, en las resoluciones pronunciadas dentro de procedimientos administrativos o disciplinarios donde se establecen responsabilidades o sanciones por contravención al ordenamiento jurídico administrativo, conforme a lo razonado en la SC 0946/2004-R de 15 de junio.

         En ese sentido, la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, precisó los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elementos configurativos del debido proceso; así debe: a) Determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales; b) Contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes; c) Describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; d) Describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales; e) Valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada; y, f) Determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

         Por otra parte, si bien la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a los supuestos de motivación arbitraria; empero, fue la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolló el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas que son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes –quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero–.