SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0249/2022-S3

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la vivienda, a la inviolabilidad del domicilio, a la “jurisdicción” y al acceso a la justicia, toda vez que el accionado, propietario de la habitación que alquiló para vivir por la suma de Bs800.-, con la posterior rebaja a la mitad del precio en aplicación de la Ley Excepcional de Arrendamientos (Alquileres) debido a la pandemia por COVID-19; mediante medidas de hecho, sin que exista un proceso en la vía civil, el 4 de mayo de 2021, procedió a ejecutar un “desapoderamiento ilegal” con el que nunca fue notificado, ello como represalia a su solicitud de entrega de la factura correspondiente debido al incremento del alquiler a Bs1 000.- desde enero de 2021, al extremo de sacar sus pertenencias al patio y retenerlas, figurando entre ellas dinero, joyas, objetos de valor e impedirle ingresar al inmueble para sacar sus documentos y billetera, además de encerrar en la habitación a su mascota que no tenía alimento.

En consecuencia, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Medidas de hecho: procedibilidad de su activación requiere acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0297/2021-S3 de 8 de junio, reiterando los intelectos desarrollados sobre este particular que fueron sistematizados por la SCP 0570/2018-S1 de 1 de octubre, refiere que: «La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional con relación a la definición de vías de hecho, los presupuestos para su activación y la finalidad de la tutela constitucional, mediante la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció lo siguiente: “…en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas ‘vías de hecho’, a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho.

Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas…”.