SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0741/2022-S3

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1.  Se tiene la Resolución de Rechazo de Denuncia de 21 de diciembre de 2020, dentro del proceso penal seguido en contra de María Dolly Galvarro Ikeda
-hoy impetrante de tutela-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, presentada por el entonces Fiscal de Materia ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 2 a 10).

II.2.  Cursan diligencias de notificación con la Resolución de Rechazo de denuncia de 21 de diciembre de 2020, realizadas a Pedro Antonio Galvis Galvarro en su condición de denunciante -ahora tercero interesado-, efectuada por el Auxiliar Legal de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz -Edgar Tapia Choque- el 5 de enero de 2021, con presencia de testigo; asimismo, se tiene diligencia de notificación personal con la citada Resolución, al tercero interesado el 11 del mismo mes y año, siendo ilegible el nombre y cargo de quien ejecutó la notificación, lográndose advertir solo el apellido “Coca” 
(fs. 11 a 12)

II.3.  Consta memorial presentado el 18 de enero de 2021, por el tercero interesado, ante el Ministerio Público, formulando objeción a la Resolución de rechazo de denuncia (fs. 13 a 15 vta.).

II.4.  Por memorial interpuesto el 18 de enero de 2021, por la peticionante de tutela, ante Yovanna Germania Castro Gutiérrez, Fiscal de Materia de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz -ahora coaccionada-, solicitó desestimar la objeción presentada por el tercero interesado, alegando que la misma se interpuso después de ocho días de notificado con la Resolución de rechazo de denuncia, invocando al efecto el art. 305 del CPP (fs. 16 y vta.)

II.5.  Cursa la Resolución OR-073/21 de 24 de febrero de 2021, en el que Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -hoy accionado-, resuelve revocar la Resolución de Rechazo de Denuncia de 21 de diciembre de 2020, dictada en favor de la peticionante de tutela, disponiendo que la Fiscal coaccionada, emita requerimientos investigativos que conduzcan a la verdad histórica de los hechos bajo la debida diligencia, adecuando sus actos a los plazos establecidos por las Leyes “1970” y “260”, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento (fs. 18 a 37).